Por Dulce
Olvera.
Mientras
el ex Gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez busca arreglar su situación
migratoria en Estados Unidos, donde tiene hijos e inversiones, para “esquivar”
la acción de la justicia mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR)
otorgó el amparo a Unión Ciudadana para acceder a la resolución sobre por qué
la Procuraduría de Enrique Peña Nieto “desactivó” su denuncia de 2014 contra el
ex priista por pretender adueñarse del Banco Unión Progreso, dijo el abogado y
activista Jaime García Chávez.
“Si vemos
otros modelos de corrupción, ninguno pretendió crear una banca de institución
financiera múltiple que es lo que iba a tener Duarte como accionista
prioritario del Banco Progreso de Chihuahua, lo cual se le toleró por el
Secretario de Hacienda Luis Videgaray, por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y por el Presidente Peña Nieto”, aseguró García Chávez de Unión
Ciudadana. “La denuncia toca fibras muy sensibles y delicadas. Videgaray es
pieza clave. La fundación de un banco pasaba por una decisión del Secretario de
Hacienda”, reiteró.
En
septiembre de 2014, la organización Unión Ciudadana presentó la denuncia
penal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el
expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 contra César Duarte por peculado, uso
abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a
leyes bancarias acompañado de la prueba: el Fideicomiso por 65 millones que
suscribió el entonces Gobernador priista para pretender quedarse con el Banco
Unión Progreso de Chihuahua.
“Tener un
banco, con la legislación bancaria y el gran peso que se la da al secreto
bancario en el país, era lavar de manera casi perfecta el robo que se le hizo a
Chihuahua, y convertirlo en una palanca para proyectos de poder. Duarte tuvo el
sueño de ser presidente del PRI nacional”, expuso el abogado.
“Al que
le autorizaron la creación del Banco fue a Jaime Herrera Corral, ex Secretario
de Hacienda de César Duarte [actual testigo protegido del Gobierno de
Chihuahua]. Tenía la dualidad de representante del Banco y de Secretario de
Hacienda estatal”,
añadió.
El abogado
Jaime García comentó que la republicana Susana Martínez, Gobernadora de
Nuevo México hasta enero de este año, tiene una relación de estrecha amistad con
el ex Gobernador priista.
“Duarte
pretende que se le considere como un perseguido político frente a la solicitud
de extradición”,
consideró el abogado.
El ex
mandatario acumula 15 órdenes de aprehensión (otras cinco en proceso desde la
Fiscalía de Chihuahua), por posible desvío de más de mil 230 millones de pesos
y otra federal solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos
presuntamente a favor del PRI, institución de la que apenas en junio de este
año fue expulsado.
El Fiscal
de Chihuahua, César Peniche Espejel, y el Consejero Jurídico estatal, Jorge
Espinoza Cortés, han reiterado que la solicitud de extradición está en proceso
y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
“Se han
presentado todos los elementos a las autoridades norteamericanas, se hicieron
una serie de observaciones de carácter técnico, se compartieron con el estado
de Chihuahua en lo que hace a las indagatorias de carácter local –porque les recuerdo que hay un paquete de
indagatorias locales importantes que son el origen de la solicitud–, y se ha
avanzado todo lo posible de común acuerdo con las autoridades
correspondientes”, dijo
el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón en agosto durante una conferencia
matutina. Aunque aclaró que no hay una fecha exacta.
DENUNCIA
“ESTANCADA” CON EPN
El abogado y
activista Jaime García expuso que a finales del Gobierno de Enrique Peña
Nieto, “con quien Duarte tenía una gran complicidad”, fue notificado de una
solicitud que hizo la Unidad de Estudios y Análisis Financiero de la PGR de
Alberto Elias Beltrán en la cual planteaban sellar su denuncia contra el ex
Gobernador de Chihuahua mediante el decreto de no ejercicio de la acción penal.
Al no
notificarle los argumentos de ese carpetazo, promovió el amparo 529/2018 ante
el Juez Primero de Distrito en Chihuahua, el cual ganó para que se le diera a
conocer la resolución completa. Pero en el primer trimestre de 2018, “la PGR
solicitó una revisión y estancaron el trámite” hasta llegar al Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero.
“Hubo una
primera etapa en que la Fiscalía de Gertz Manero seguía litigando en nuestra
contra y a favor de Duarte. En varias ocasiones argumentamos lo absurdo que
resultaba hasta que hace un mes y medio la Fiscalía se resistió del recurso de
revisión [promovido por la ex PGR], por lo cual nosotros ya tenemos un amparo para
que se nos notifique los argumentos que tuvo la administración de Peña Nieto
para pretender exonerar a Duarte”, dijo García Chávez.
El
siguiente paso es que el expediente se turne a un juez. “Ya vamos a cumplir
cinco años y seguimos en la tramitología ante la Fiscalía. Es lamentable”, agregó.
Por parte
del Gobierno Javier Corral Jurado, desde septiembre de 2017 entregó ante la
entonces PGR la solicitud formal de detención con fines de extradición
sustentada en varias cajas con 70 tomos y 50 discos compactos que contenían
todas las carpetas de investigación, con las pruebas en las que se basaron los
distintos jueces penales de control.
De acuerdo
con la Fiscalía de Chihuahua, a través de la Operación Justicia para
Chihuahua, para investigar y combatir los actos de corrupción derivados del
gobierno de Duarte y sus ex funcionarios, se han librado al menos 46 órdenes de
aprehensión, se obtuvieron 52 vinculaciones a proceso y siete sentencias
condenatorias.
Además, se
han asegurado 53 bienes, entre inmuebles y predios rústicos, y bienes diversos
como vehículos y cabezas de ganado que en conjunto podrían alcanzar un valor
superior a los 650 millones de pesos.
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