Julio Astillero.
Dado que
llegó al poder mediante un extraordinario esfuerzo de pragmatismo, que
significó inclusiones y cesiones a grupos de distinto sello ideológico, hasta
de ultraderecha a los que mucho ha atendido, el presidente Andrés Manuel López
Obrador parecería estar en camino de aceptar que avance por la vía legislativa
una propuesta, hecha ayer por la fracción de Morena en la Cámara de Diputados,
que suele encender los ánimos de las tendencias sociales más conservadoras, la
cancelación a nivel nacional del castigo penal a quienes suspendan su embarazo
en una etapa temprana.
Siempre en
la mira electoral de sus adversarios, sobre todo del panismo, López Obrador ha
evitado definirse a plenitud respecto a temas de libertad sexual y de
reproducción. Sus cercanos explican que elude tales asuntos porque su apoyo a
ciertas proclamas progresistas le significarían embates vigorosos de los
reaccionarios.
Lo cierto es
que una parte del pensamiento político del tabasqueño embona sin problema con
grupos evangélicos y fundamentalistas que están en contra del aborto en una
primera fase del embarazo y del matrimonio de personas del mismo sexo y la
aceptación de sus derechos plenos. De avanzar la iniciativa morenista planteada
ayer (es decir, que no sea una maniobra que sea rechazada más adelante), sería
un gesto positivo del mando político nacional a los sectores más liberales de
su electorado.
Ya en otras
ocasiones han funcionado los mecanismos colectivos diseñados para contener el
actuar de grupos anarquistas o similares. La presión de los asistentes a
manifestaciones y marchas relacionadas con el obradorismo ha impedido que haya
destrozos al menos en las zonas más visibles de esos actos políticos (en todo
caso, los grupos de encapuchados podían desahogarse en las lejanías del grueso
de los concurrentes). Las comisiones de seguridad de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación también han mantenido a raya a los grupos
usualmente vestidos de negro y con el rostro cubierto.
Con la vista
puesta en la manifestación conmemorativa de lo sucedido en 1968 en la Plaza de
las Tres Culturas, en Tlatelolco, y ante reiterados hechos de violencia
política cometidos por grupos feministas en semanas recientes, los gobiernos
federal y de la capital del país han convocado a los ciudadanos a participar en
fórmulas pacíficas y pacifistas para impedir que se realicen destrozos y actos
que suelen ganar la atención pública, en detrimento del sentido original de ese
tipo de marchas o manifestaciones cívicas. Es de desearse que triunfen la
prudencia y la correcta valoración política durante la primera conmemoración
del Dos de Octubre bajo un gobierno federal que no ha sido represivo y que, aun
revisándolo con sentido crítico, está más cerca de las aspiraciones planteadas
por estudiantes y ciudadanos en 1968 que del desempeño de los gobiernos
priístas y panistas subsecuentes.
No beneficia
a Manuel Bartlett Díaz la recurrencia a onomatopeyas juguetonas para eludir el
enésimo tema de polémica fuerte que le rodea, el de las propiedades
inmobiliarias registradas a nombre de su pareja sentimental y su hijo y no
reportadas adecuadamente en su declaración patrimonial. La postura de ignorar a
la prensa, haciendo como que responde un tema distinto a aquel que le fue
planteado (chuchuchú dijo, imitando el sonido de un tren) no corresponde al
cambio de actitudes de los políticos y servidores públicos que proclama Andrés
Manuel López Obrador, quien diariamente se somete a la aduana periodística en
amplias y multitemáticas conferencias mañaneras.
Al esquivar
las interrogantes periodísticas, de manera parecida a lo que hacían los
funcionarios públicos del pasado político al que enérgicamente perteneció,
Bartlett no ayuda a dejar plenamente esclarecido el tema y propicia la
insistencia de los medios en ahondar y cuestionar.
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