Por Dulce
Olvera.
Como parte
del Decreto presidencial publicado el 1 de julio sobre asignaciones de aguas
nacionales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó alrededor de
casi 80 mil concesiones de entre 10 y 30 años que caducarán, por lo que esos
volúmenes se van a destinar para uso doméstico, aseguró Eugenio Barrios
Ordóñez, subdirector General de Administración del Agua.
“El
compromiso de esta Administración ha sido revisar todo el proceso de
concesiones. Estamos trabajando en ello. Ya hay acciones importantes que se han
tomado. El 1 de julio se publicó un Decreto presidencial que protege el agua
para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos
originarios. Como parte de este Decreto nosotros estamos en un proceso de
caducidad de concesiones”, dijo en entrevista.
En junio de
2018, aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se publicaron decretos sobre
reservas de agua. Barrios explicó que se liberaron volúmenes que pueden ser
concesionados para otros usos además del doméstico y el ambiental, por lo que
el compromiso de esta Administración “fue detener el otorgamiento de
concesiones para otros usos hasta que no se sacaran reglamentos específicos”.
El artículo
primero del Decreto, expedido por la Presidencia de la República con vigencia
al 30 de noviembre de 2021, expone que “se establecen facilidades
administrativas” para el otorgamiento de nuevas concesiones a los usuarios que
cuenten con títulos para uso doméstico o público urbano cuya vigencia hubiere
expirado desde el 1 de enero de 2019, así como para los títulos vigentes cuya
prórroga no se solicitó en los plazos señalados en la Ley de Aguas Nacionales.
Además se
dará trámite a nuevas solicitudes de concesión para uso doméstico y público
urbano “con atención especial a los pueblos indígenas, comunidades
afromexicanas, así como a las personas y localidades en situación de alta y muy
alta marginación”.
Esta semana
SinEmbargo publicó que colectivos en defensa del agua documentan que la
Conagua ha otorgado más de 500 mil concesiones de 1992 a mayo de 2019 que han
sido, aseguran, en violación de vedas, de límites de disponibilidad, de
derechos de núcleos agrarios y de pueblos indígenas y de terceros, y sin ningún
sistema efectivo de control sobre la contaminación. Para uso industrial y
agroindustrial, de las más de 5 mil dadas en el periodo de casi 30 años, un
30.87 por ciento ha ido para empresas como GEO, ARA, Bachoco, Sukarne, Danone,
Femsa, Heineken, Lala, Cemex, Apasco, entre otras.
El
Subdirector General de Administración del Agua Eugenio Barrios aseguró que
las industrias tienen la obligación de reportar cada trimestre sus resultados
de los análisis de laboratorio de la calidad de agua que están descargando.
“Con eso
se le presenta al usuario lo que tiene que pagar en término de derechos, porque
las aguas residuales se pagan vía Ley Federal de Derechos. Y así se identifica
cuánto están contaminando y cuánto tienen que pagar. En caso extraordinario, se
realiza una visita para identificar qué es lo que está sucediendo”, expuso.
Respecto
al derecho de los pueblos originarios a una consulta libre, previa, informada,
culturalmente adecuada y de buena fe entorno al agua en su territorio, Barrios
reconoció que hace unos años no se consideraba, pero “se va a convertir en un
aspecto rutinario” en los procedimientos de administración del agua.
Sobre las
iniciativas que se debaten entorno a una reforma a la Ley General de Aguas para
2020, dijo que “lo importante es cuidar que ninguna concesión de agua vulnere a
la sociedad en aras de un fin privado”, ya que “el agua es una bien común
propiedad de la nación”.
“Que
evolucionemos a un sistema de concesiones justo, que no vulnere a la población
en general, que no vulnere el derecho humano al agua, que no vulnere el derecho
a un ambiente sano, y bajo esos principios el otorgamiento de concesiones
deberá ajustarse en una serie de condiciones que implican el tiempo, y las
transferencias”,
aseveró.
SANCIONES
POR CONTAMINAR AGUA
–¿En qué
consiste Conagua en Línea que acaban de lanzar este año?
–Conagua
en Línea es un sistema digital electrónico para el trámite de todos los
permisos y trámites administrativos que otorga la Comisión Nacional del Agua.
Es un sistema muy importante, porque nos permite darles trazabilidad a todas
las etapas del proceso de emisión de una concesión o de un permiso. Por el otro
lado, nos otorga total transparencia en términos de que el usurario puede ver
en qué parte del trámite va su solicitud. También nos permite ingresar sin
intermediarios, y esto nos ahorra un problema muy importante que es la gente
que vive de tramitar y que se convirtió en una industria muy lucrativa, y que
se ha convertido en un problema grave para todos los usuarios.
Otra gran
ventaja que mencionaría es que Conagua en Línea ofrece la oportunidad al
usuario de identificar en tiempo real la disponibilidad del agua en la cuenca
en la que está, entonces como usuario entro, si necesito agua en equis cuenca,
veré si hay disponibilidad o no. Además, a nosotros internamente nos permite
establecer las reglas para otorgar las concesiones, nos permite tener muy bien
implementadas las políticas de prioridad en términos de asignación de agua.
–En cuanto a
los mecanismos de control, ¿cómo la Conagua sanciona en el caso de las
concesiones que se dan a empresas y que contaminen el agua?
–Nosotros
tenemos un programa de inspecciones anual que lo enfocamos principalmente a las
demandas ciudadanas. Es ahí donde nosotros realizando las visitas de inspección
se revisa que cumplan con lo establecido en su concesión, en la Ley de Aguas
Nacionales, por ejemplo, presencia de medidores, que cumplan con su permiso de
descarga de aguas residuales, y con base en eso se les sanciona o no si están
cumpliendo. En el caso particular de las industrias, tienen la obligación de
reportar cada trimestre sus resultados de los análisis de laboratorio de la
calidad de agua que están descargando. Eso se hace por un tercero, un
laboratorio, y los resultados se mandan directamente a Conagua. Entonces
nosotros internamente con eso se le presenta al usuario lo que tiene que pagar
en término de derechos, porque las aguas residuales se pagan vía Ley Federal de
Derechos. Y así se identifica cuánto están contaminando y cuánto tienen que
pagar. En caso extraordinario, realizar una visita para identificar qué es lo
que está sucediendo.
–¿En qué
consisten estas sanciones?
–Hay todo
un tabulador de sanciones. Una cosa es la sanción por infringir la Ley de Aguas
Nacionales, por ejemplo, no tener medidor o por un evento de descarga que causa
un daño ambiental, y en eso la Profepa también participa en el proceso. Y en
términos de la Ley Federal de Derechos lo que se paga es por cuánto se excede
de los límites de contaminantes que están en la norma.
CONSULTAS A
PUEBLOS ORIGINARIOS.
–Sobre los
pueblos originarios, ¿la Conagua es una de las entidades que tiene que
responsabilizarse al momento de dar las concesiones considerando sus derechos?
Me refiero a la consulta libre, previa e informada.
–Sí. Esta
Administración está siendo particularmente cuidadosa en atender todas las
demandas y derechos de los pueblos originarios. Es algo que viene de unos años
para acá, no es exclusivo del agua. El asunto de las consultas es algo nuevo en
el país que se está empezando a ejercer y regular. El caso más reciente, que
habla del compromiso de esta administración, es el proceso en los valles centrales
de Oaxaca, en donde después de más de 10 años de un proceso de diálogo y de
consulta con las comunidades se llegó a un acuerdo final en donde nosotros
vamos a concesionar aguas directamente a los grupos originarios. Estamos
llevando consultas en varios lados. Con los yaquis estamos también empezando un
proceso de consulta. Es algo que se va a convertir en un aspecto rutinario, y
por supuesto mantener prioridad en la asignación y protección de esos recursos.
–¿Y antes se
hacía?
–Pues no. Yo
soy reciente en la Conagua. Antes había habido algunas aproximaciones, por
ejemplo, los yaquis tienen su título de concesión de agua desde hace muchísimos
años y así algunos otros grupos. Es un proceso reciente de los últimos años
para acá que hay que incorporar totalmente a los procedimientos de
administración del agua y es lo que estamos trabajando.
LOS DECRETOS
DE EPN.
–Otra de
las grandes dudas es sobre los decretos que se otorgaron en junio de 2018. ¿En
qué consisten? ¿Esta administración las va a continuar, a pesar de que el
Presidente hizo una promesa de que se podrían cancelar?
–Los
decretos tienen la gran ventaja de que su objetivo es proteger agua para el
ambiente y agua para la gente. Fueron desarrollados a partir de un proceso en
el que participaron organizaciones de la sociedad civil y de la academia desde
hace muchos años. Es un proceso que tuvo casi 15 años de trabajo para irlas
desarrollando, no fue una ocurrencia de la Administración anterior. En estos
decretos se cuidó mucho proteger esa agua que se viene concesionando. En realidad,
sí hay un proceso de otorgar concesiones que por ley no puedes detener salvo
que tengas instrumentos como las reservas de agua, reglamentos o vedas.
Entonces la gran aportación de estos decretos es haber creado esas reservas.
Ahora, se liberaron volúmenes que es lo que ha causado mucha confusión.
Se
liberaron volúmenes que pueden ser concesionados para otros usos, entonces el
compromiso de esta administración fue detener el otorgamiento de concesiones
para otros usos hasta que no se sacaran reglamentos específicos. De ese volumen
que queda es en realidad poco volumen: en promedio el 30 por ciento es el que
se puede concesionar y el 70 por ciento queda protegido. Es un gran logro en
términos de protección. Esta Administración emitió unos lineamientos el 1 de
julio de este año para decir que de lo que queda vamos a definir un reglamento
para ver cómo lo vamos a otorgar.
Lo
importante es que es prioridad de esta Administración proteger el agua para la
gente, para los grupos indígenas, grupos originarios, luego proteger el agua
para el ambiente y ya una vez que esté protegido eso, entonces entrar a un
proceso de concesiones donde quede perfectamente reglamentado cómo se van a dar
esas concesiones. Lo importante de otorgar las concesiones es que estemos
seguros que una concesión no vulnera a ninguna persona, su derecho humano al
agua ni tampoco al ambiente.
LEY GENERAL
DE AGUAS 2020.
–Están
surgiendo debates entorno a una reforma a la Ley General de Aguas para el
próximo año. Mi pregunta es qué puntos son urgentes para reformar y si está de
acuerdo con algunos colectivos en cuanto a poner foco en la legalidad de la
transferencia de concesiones de un civil a una empresa y en cuanto al tiempo de
concesiones dependiendo de si cumple la ley.
–El
proceso de desarrollar una nueva ley es muy importante. Es un pendiente que
tenemos como país desde 2013. En particular es muy importante porque es una Ley
General de Aguas que va incluir a todos los niveles de Gobierno. La Ley de
Aguas Nacionales incluye solo las aguas que son responsabilidad de la
federación, pero el agua que está en los municipios, por ejemplo, los servicios
de agua potable, no está en esa Ley. Entonces, la Ley General de Aguas va a
cubrir todos los aspectos del agua en el país, de ahí su relevancia, y en
particular el derecho humano al agua. Entonces es de gran trascendencia las
pláticas, las discusiones y los procesos que se están teniendo en todo el país
prácticamente.
En el
ámbito de la administración federal de las aguas, que es lo que corresponde a
Conagua, uno de los aspectos más sensibles es el sistema de concesiones. Ahí lo
que es muy importante es que nosotros como país capitalicemos todas las
enseñanzas que hemos tenido en casi 30 años de operar un sistema de
concesiones. Hay muy buenas experiencias, hay malas experiencias. Entonces lo
que es importante es que aprendamos, las identifiquemos y entonces
evolucionemos a un sistema de concesiones justo, que no vulnere a la población
en general, que no vulnere el derecho humano al agua, que no vulnere el derecho
a un ambiente sano, y bajo esos principios el otorgamiento de concesiones
deberá ajustarse en una serie de condiciones que implican el tiempo, y las
transferencias. Pero lo importante es tener claro esos principios, ya los
detalles varían mucho. Por ejemplo, una empresa requiere cierto tiempo y
certeza jurídica para garantizar las inversiones que requiere hacer.
Entonces
es muy difícil darle a una empresa una concesión por un año porque entonces sus
inversiones que pueden ser de miles de millones de pesos no se ven protegidas.
Necesitamos como sociedad entender hasta dónde se puede dar esa concesión, con
qué rendición de cuentas una empresa debe obtener y cumplir con su concesión y
cómo ciudadanos le damos seguimiento y vigilancia a ese proceso. Ahí es donde
entrarán los detalles de la Ley y de sus reglamentos y es donde debemos de
cuidar todos esos aspectos. Lo importante es cuidar que ninguna concesión de
agua vulnere a la sociedad. Ese es el gran principio. El agua es un bien común,
es propiedad de la nación y debemos de cuidar que no vulnere a la sociedad en
aras de un fin privado.
–Si gusta
agregar algo…
–Reiterar
que el compromiso de esta Administración ha sido revisar todo el proceso de
concesiones. Estamos trabajando en ello. Ya hay acciones importantes que se han
tomado. El 1 de julio se publicó un Decreto presidencial que protege el agua
para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos
originarios. Como parte de este Decreto nosotros estamos en un proceso de
caducidad de concesiones. Aquellas concesiones que ya terminaron su periodo, en
muchos casos fue de 10 años o 30 años, que ya caducaron, tenemos identificadas
alrededor de casi 80 mil concesiones que se van a caducar y esos volúmenes se
van a proteger y destinar a uso doméstico. Es una acción que va en el sentido
del compromiso con el agua para el derecho humano y para ir ajustando las
concesiones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.