Por Javier
Cruz Aguirre.
El
Congreso de Baja California aprobó, con 23 votos a favor y 2 en contra, la
creación de las fiscalías General del Estado, Especializada en Combate a la
Corrupción y Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuyos titulares
serán electos por el propio Poder Legislativo con base en ternas que presente
el gobernador en turno.
También
se decretó la creación del Centro Estatal de Inteligencia y la desaparición de
la Policía Estatal Preventiva en un término de 6 meses contados a partir de la
fecha de publicación del dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y de Justicia del Congreso.
Semanas
atrás, Jaime Bonilla Valdés, gobernador electo de Baja California, manifestó
que su propuesta para ocupar el cargo de Fiscal General la encabeza Juan
Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, asesor legal del próximo mandatario en el tema
de la ampliación de mandato a cinco años, exabogado del empresario priista
Jorge Hank Rhon y excoordinador de los despachos legales Morena MIA (Mexicanos
Inmigrantes en América), que en Estados Unidos dieron asesoría legal a
migrantes indocumentados.
La
iniciativa, aprobada con dispensa de trámite, reforma diversos artículos de la
Constitución local, a fin de crear la Fiscalía General del Estado (FGE).
Establece
que la institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General
del Estado, misma que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y
patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y
de gestión.
Tendrá a
su cargo la investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio
de la acción penal. Además, ejercerá atribuciones de Seguridad Pública a través
del organismo que la ley determine.
Dispone
que será facultad del gobernador “presentar ternas al Congreso del Estado” para
la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado para la Atención de
Delitos Electorales, los que el congreso deberá designar por mayoría calificada
del Pleno legislativo (17 votos).
Al frente
de la Fiscalía General estará un fiscal general, quien durará en su cargo seis
años y requiere tener cuando menos 35 años de edad al día de la designación, y
poseer por lo menos 10 años de ejercicio profesional, contados a partir de la
expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho.
En cuanto
a los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la norma establece
que durarán en su puesto cuatro años y podrán ser reelectos por una sola
ocasión.
En los
artículos transitorios se dispone que el procurador General del Estado que
se encuentre en funciones a la entrada en vigor del decreto, seguirá en el
cargo hasta que el Congreso efectúe la designación del fiscal general.
Asimismo, se
declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Fiscalía General
deberá instrumentar un programa de depuración para los elementos de dicha
corporación que quieran formar parte de la nueva corporación prevista en el
artículo 69 de la reforma.
Finalmente, respecto
al Centro Estatal de Inteligencia, establece que estará integrado por la
Fiscalía General y las secretarías y direcciones de Seguridad de los
ayuntamientos de Baja California, como órgano de coordinación en materia de
seguridad pública.
La
coordinación del Centro estará a cargo del fiscal general del Estado, con
respeto a las autonomías de los municipios.
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