Contra la Ley Bonilla, partidos de oposición y el INE; a prueba, la independencia de la Corte.

Por José Raúl Linares.

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado viernes 18, las primeras acciones de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla” en Baja California.

Frente al máximo tribunal del país, los representantes de los partidos políticos señalaron que con estos recursos se pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En entrevista con Proceso, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Pamela San Martín adelanta que el órgano autónomo buscará subirse al carro de las impugnaciones constitucionales, pues con la “Ley Bonilla” se pretende imponer un “golpe contra la normalidad democrática del país” y contra la propia Constitución.

Junto al equipo legal del INE y el apoyo de los demás consejeros electorales, abunda, busca participar en el proceso desde la figura de un amicus curiae para presentar pruebas de las violaciones ante la SCJN, o mediante una acción de inconstitucionalidad si existen elementos de que el Legislativo sudcaliforniano desconoció el pacto federal.

“Esta no es no es una discusión sobre el pleito personal que tenga el gobernador electo Jaime Bonilla contra cualquiera de los integrantes del consejo general, el INE o cualquier órgano autónomo. Es una discusión sobre los derechos de la ciudadanía”, sostiene. “Por eso es tan escandalosa la Ley Bonilla, porque es una y otra vez pisotear los derechos de los ciudadanos, tratando de hacer prevalecer el interés personal por encima del interés público”, agrega.

Horas antes de que se presentaran las impugnaciones, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, publicó el decreto No. 351 por medio del cual se reformó el artículo Octavo Transitorio de la Constitución de dicho estado, con el que se amplía el mandato de Bonilla de dos a cinco años.

La medida, según Marko Cortés, presidente del PAN, “pretende legislar para una sola persona” y “es el laboratorio para ampliación de mandato” del propio presidente de la República, a cuyo partido también pertenece Bonilla.

Por su parte, Fernando Belaunzarán, integrante de la Dirigencia Colegiada del PRD, acusó: “Lo único que puedo decir es que la Corte se juega su credibilidad en este evento. Si no tiran la ‘Ley Bonilla’ en estos momentos de concentración del poder, de presidencialismo, estaríamos diciendo se murió el contrapeso”.

Otros integrantes de los partidos políticos que conforman la oposición, entre ellos Alejandro Cárdenas Moreno, presidente del PRI, y Clemente de la Vega, diputado de MC, señalaron que existen “vicios en el proceso legislativo”, según las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la SCJN y a las cuales este semanario tuvo acceso, pues pretende suplantar la soberanía popular por una soberanía legislativa.

Este criterio también lo comparte Pamela San Martín, quien, junto con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el consejero Ciro Murayama, aseguran que la modificación al periodo de gobierno pone al Congreso sudcaliforniano como elector y no a los propios votantes.

Al respecto, la consejera del INE sostiene que el futuro democrático del país se encuentra en manos del máximo tribunal y el PJF.

–¿Qué precedente dejaría para la democracia en nuestro país que se deje pasar a la Ley Bonilla?

–Dejaría un precedente sobre quién es el gran elector en este país: si somos los ciudadanos o lo es un congreso al margen de la Constitución federal. Es decir, si nuestros derechos son válidos o no lo son.

“En segundo lugar, sería un pésimo precedente en muchos estados en donde los gobernadores tienen un congreso que les es contrario.

“A este país le ha costado mucho tener una democracia procedimental, y la hemos construido todos, yendo a votar, contando el voto de los vecinos, vigilando los resultados y que sea efectivo cada uno de ellos. Venimos de un pasado espantoso en este sentido”, apunta San Martín.

De acuerdo con la consejera Pamela San Martín, la demora en su publicación y el empalme con el periodo de tiempo para impugnarla mantendrá varios meses en la zozobra jurídica a los electores sudcalifornianos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio.

“Difícilmente la Corte va a pronunciarse antes, pero validará que es posible hacerlo en los seis meses después de tomar el cargo. Entonces estaría en manos de los propios actores, partidos y el gobernador, colocarse en una situación que ya no les permita definir la constitucionalidad de sus actos”, señala.

El pasado sábado 19, el abogado Julio César García Ortiz, presidente de la asociación Litigio Estratégico Mariano Escobedo, aseguró a Apro que la SCJN puede resolver la “Ley Bonilla” por una vía rápida, declarando su “preclusión” y por lo tanto su caducidad o inexistencia, debido al incumplimiento de los tiempos que establece el proceso legislativo, porque el Congreso del estado incumplió el plazo máximo de 10 días para enviar la reforma al titular del Ejecutivo para su publicación. No obstante, esta vía aún no es muy clara.

Una semana antes a la publicación del decreto, con el que se abrió la posibilidad de impugnar la “Ley Bonilla” por la vía jurídica, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “chicanada” el hecho de que la pasada legislatura federal dijera que la reforma se encontraba “perdida”. Así lo señaló en su conferencia de prensa matutina: “Nuestra opinión desde el Ejecutivo es que se tiene que publicar la ley porque no se ha publicado, se llegó al extremo de que el Congreso o algunos diputados dijeron que no se publicaba porque no la encontraban”.

Añadió que su papel como presidente de la República no era impugnarla porque “es un asunto de partidos”. “Mejor que lo hagan los que la impusieron, que ofrezcan disculpas y que lo digan: ‘nos equivocamos, tan es así que vamos a impugnar’, pero no meternos nosotros, porque eso es lo que quisieran los conservadores”.

Sin embargo, no existe certeza de que la “Ley Bonilla” encuentre terreno para su impugnación sin que existan trabas dentro de la Suprema Corte. Tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora se produjo una reconfiguración en la correlación de fuerzas dentro del máximo tribunal que ya produjo votaciones divididas y dificultad para lograr consensos. Ello ocurre especialmente entre las fracciones cercanas a pasadas administraciones federales y la actual.

Dicho escenario, por ejemplo, se produjo el pasado martes 8, cuando se votó una acción de inconstitucionalidad relacionada con penas relativas al delito de secuestro contempladas en una reforma al Código Penal de Veracruz. Al no juntar los votos para echar abajo la ley contemplada en las acciones 5/2018 y su acumulada 17/2018, fue necesario que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, llamara a sus compañeros para “flexibilizar” sus criterios y no entrar en controversias derivado de posturas ideológicas. Para ello, pidió poner por alto la responsabilidad de Estado que tienen, con el fin de darle agilidad a los procesos que lleva el alto tribunal.

El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se necesita reunir los votos de ocho ministros para aprobar una acción de inconstitucionalidad (por mayoría calificada), mientras que para aprobar la constitucionalidad de una ley se requieren sólo seis (mayoría simple). En caso de que no se pudieran reunir los votos necesarios para validar o invalidar la norma, el caso se “desestimaría” y la norma impugnada quedaría vigente.