Julio Astillero.
Apenas el
lunes recién pasado, el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo,
hablaba de una muy leve inflexión en el plano de la criminalidad nacional. Nada
para celebrar, advertía el político sonorense. Virtualmente al mismo tiempo, en
Aguililla, Michoacán, catorce policías eran emboscados y ejecutados, en un
episodio aún confuso propiciado por la impericia (o algo más) del desgobierno
estatal que encabeza Silvano Aureoles. Ahí se inició una escalada violenta cuyo
siguiente paso fue el supuesto enfrentamiento en Tepochica, municipio de
Iguala, donde catorce presuntos miembros de un grupo criminal fueron muertos al
toparse (según la versión oficial) con militares de entre los cuales uno de
ellos logró ultimar a los catorce hombres armados antes de caer muerto él
mismo.
El siguiente
giro de la espiral de violencia sucedió ayer, durante horas tan impactantes
como confusas, luego de la detención de uno de los hijos de Joaquín El Chapo
Guzmán Loera, el jefe criminal sentenciado y encarcelado en Estados Unidos que
durante décadas fue la figura más conocida del cártel de Sinaloa. Lo que se
vivió en la capital de Sinaloa fue la confirmación gráfica y activa del poderío
acumulado por los principales grupos delictivos del país (el de Sinaloa ha sido
uno de los cárteles más poderosos, siempre atacado por los preferidos de cada
sexenio anterior; durante el peñismo, el predominio sinaloense fue puesto en
entredicho por el sumamente expansivo c á rtel Jalisco Nueva Generación).
No se
exagera al señalar que no se había producido una reacción violenta de un grupo
criminal contra el Estado mexicano como lo sucedido este jueves rojo en
Culiacán (escenas de intensidad fuerte, pero menor a la sinaloense, se vivieron
años atrás en la zona metropolitana de Guadalajara ante el amago de detención,
o la detención y posterior liberación pacificadora, de Nemesio Oseguera Cervantes,
alias El Mencho, jefe máximo del cártel jalisciense).
Aparte de la
exhibición y uso de poderoso armamento, las balaceras en distintos lugares
citadinos, el virtual toque de queda y la fuga de presos en penales, la
reacción del cártel sinaloense ha significado el mayor reto a la política del
obradorismo en materia de combate al crimen organizado. Por sí mismo, tal reto
es altamente preocupante, pues empuja a la adopción de una postura más drástica
(lo sucedido en Tepochica parece haber sido el banderazo de arranque) y, con el
apoyo mediático y político de los adversarios de la llamada 4T, fomenta la
percepción de que la administración federal está siendo rebasada por la fuerza
criminal.
No debe
obviarse que la actual administración tiene suficientes flancos de litigio
político e ideológico. Ayer mismo, el Presidente de la República mostraba un
contento extraordinario al dar inicio a la construcción de la terminal aérea en
Santa Lucía, estado de México. Objetada por la vía judicial con una cuantía identificable
con el activismo político, la obra aeronáutica estaría en ruta imparable, según
las consideraciones del gobierno federal, ante el enojo de los opositores.
También está viva la polémica respecto a la renuncia de Carlos Romero Deschamps
a la gerencia del sindicato petrolero, junto a otras dimisiones (Eduardo
Medina-Mora) o detenciones o procesamientos (Juan Collado y Emilio Lozoya) que
han tocado segmentos de poder antes intocables.
Es probable
que a partir de esta acumulación de violencia retadora (Aguililla, Tepochica y
Culiacán) se haya cumplido una primera fase de la política obradorista respecto
al crimen organizado. El gobierno federal deberá revisar lo hecho y lo no hecho
hasta ahora y diseñar una nueva etapa que evite que el tema de la inseguridad
pública, específicamente del poderío del crimen organizado, se convierta en un
elemento erosionador del conjunto de las políticas de cambio general que
postula la actual administración andresina.
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