Discrecionalidad en el fisco: ¿y las otras listas?

Salvador Camarena.

Hay que felicitar a Fundar por haber logrado que se hagan públicas las condonaciones de adeudos fiscales que van de enero de 2007 a mayo de 2015.

Como se sabe, esa organización de la sociedad civil dio una batalla de cuatro años para lograr que el Servicio de Administración Tributaria le entregara información que involucra a siete mil 885 personas y empresas, que en total fueran beneficiadas con 172 mil 335 millones de pesos.

Y también como es sabido, hay todavía un juicio pendiente para que la autoridad revele los detalles de 201 contribuyentes que se ampararon en su afán de que no sean divulgados sus datos como beneficiarios de las condonaciones que el presidente López Obrador quiere que no existan más. Como señaló este martes Fundar, los amparados representan el 37 por ciento de todos los impuestos que el Estado mexicano dejó de recibir en ese periodo.

Se ha explicado que las condonaciones no son forzosamente indebidas. Y menos ilegales. Pero es igualmente cierto que la gente tiene derecho a saber quién fue beneficiado, y a cuestionar por qué esas personas, físicas y morales, recibieron tal prerrogativa. Igualmente, a cuestionar a las autoridades de entonces –financieras y políticas– sobre las razones para dar esas concesiones.

Digno es de mencionar que el INAI, tantas veces denostado por la presente administración, jugó un papel clave para que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México ordenara la divulgación de los datos que hoy conocemos.

El juez ordenó tal cosa luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara, en el marco de la ley, entregar a Fundar los datos de esos contribuyentes, entre los que se encuentran renombrados (que no reconocidos) políticos que desde ayer hacen malabares para tratar de explicar su calidad (es un decir) de beneficiarios.

Una vez más, bravo para Fundar.

Dicho lo anterior, ojalá que en breve se logre conocer, por la vía legal, la identidad de los beneficiarios que pretenden mantenerse en la opacidad. Y que expliquen cada uno de ellos su proceder. Pero también conviene tener en mente que la condonación es solo uno de los mecanismos que utilizaron discrecionalmente las pasadas administraciones.

Se sabe públicamente de al menos dos casos en los que el gobierno (es otro decir) de Enrique Peña Nieto decidió no llevar hasta las últimas consecuencias las pesquisas para hacer que quienes le escamotearon impuestos cubrieran la totalidad de estos, y de paso se las vieran con otras consecuencias previstas por la ley.

Está el caso de Eustaquio de Nicolás, ex hombre fuerte de la viviendera Homex, a quien en 2013 la Procuraduría Fiscal de la Federación le abrió tres denuncias por defraudación fiscal, cargos que podrían haberle acarreado nueve años de cárcel. Sin embargo, a De Eustaquio, amigo de Peña Nieto, la Procuraduría General de la República terminaría por perdonarlo. ¿Por qué?

Y está el caso del empresario (es oootro decir) intermediario en la compra del equipo espía Pegasus, Rodrigo Ruiz de Teresa, que también supo de benevolencias por parte del SAT, al que le debía más de un millón de pesos. ¿Por qué Peña Nieto trató así a ese 'empresario'? Como dicen en mi tierra: sabe.

Como reportaron en su momento Zorayda Gallegos y Daniel Lizárraga, con EPN hubo al menos cinco perdones fiscales. ¿Quiénes más están en esa lista además de Ruiz de Teresa y el sinaloense De Eustaquio? ¿Será que está también un exgobernador (reciente y vivo) de Puebla? ¿Y el de una influente jefa de Oficina en Los Pinos? ¿Y un diputado panista mexiquense? ¿Y el de un líder sindical? ¿Y el de un exmandatario de Aguascalientes? ¿Será? ¿Será que saldrán las otras listas?