El oscuro Anexo 23.

Raymundo Riva Palacio.

El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un desayuno de trabajo con diputados de Estados Unidos, donde estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y del Trabajo. La reunión, aunque se le reconoció su importancia, se mantuvo en bajo perfil. En la página personal del Presidente se difundió un comunicado kosher y de trámite, que no mostró lo relevante del encuentro y el personaje que encabezó a los estadounidenses, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Diputados. Ese Comité, uno de los más poderosos en el Capitolio, es el que maneja el Presupuesto y autoriza adquisiciones. Asimismo, es el órgano clave para determinar si los demócratas podrán sentirse cómodos con un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, que remplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los diputados no vinieron a perder su tiempo ni a hacer cabildeo. Pasaron revista al gobierno de México, y evaluar si como le habían exigido, estaba cumpliendo con acuerdos que, si no secretos, se han mantenido opacos ante la opinión pública. Estos acuerdos tienen que ver con compromisos adicionales en el Anexo 23 del convenio norteamericano, que aceptaron los mexicanos ante las demandas demócratas, y como única alternativa para que su aprobación pudiera pasar al estatus de viable y posible. El camino se allanó el 19 de julio, cuando una avanzada bajo el liderazgo de Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, le dijo a López Obrador que para que aprobaran los demócratas, necesitaban ver no sólo la reforma laboral, sino las garantías de que se va a ejecutar.

Los estadounidenses estaban muy escépticos. En ocasiones anteriores y gobiernos distintos, compromisos adquiridos por los mexicanos nunca fueron completados. En esta ocasión, le dieron al presidente tres meses para que mostrara las garantías. En el comunicado del Comité que encabeza Neal –no mencionado en el boletín del presidente López Obrador–, se reveló que vinieron a “evaluar la capacidad del país para avanzar en las reformar prometidas e implementar los cambios legales, institucionales y culturales de acuerdo con las leyes mexicanas y los requerimientos renegociados del acuerdo” (subrayado mío). La presencia del secretario Arturo Herrera fue estratégica: decirles de dónde saldría el presupuesto para que caminara la reforma, que detalló la secretaria Luisa María Alcalde.

Los secretarios fueron puestos a prueba por los legisladores estadounidenses con el aval del Presidente, a quien le interesa enormemente que se apruebe el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, como ha dejado claro en su sumisión ante al presidente Donald Trump, al hacer todo lo que desee para evitar su enojo. Alcalde explicó “los requerimientos renegociados del acuerdo” contenidos en el Anexo 27. Originalmente, el acuerdo negociado por los exsecretarios Ildefonso Guajardo, de Economía, y Luis Videgaray, de Relaciones Exteriores, y el representante del presidente electo, Jesús Seade, fortalecería las normas y derechos laborales, en particular la negociación colectiva para promover salarios más elevados –hasta en 17.2 por ciento en una primera instancia–, y mejores condiciones laborales.

A los demócratas les pareció insuficiente. En mayo reformaron el Anexo 27 para facilitar la implementación del derecho a sindicalizarse a través de organismos independientes, y ampliar la reforma laboral para facilitar el registro de elecciones sindicales y mecanismos de resolución de disputas. Pero una condición demócrata, que aceptó el gobierno de López Obrador, es que el acuerdo no se pondría a voto hasta que los demócratas en el Congreso y el Senado revisaran la ley y evaluaran si satisface los requerimientos de la extensión al Anexo 27. La preocupación en el Capitolio es que no había suficientes dientes en la legislación para asegurar que el gobierno fortaleciera las nuevas leyes laborales. La oposición del canciller Marcelo Ebrard a que las leyes fueran supervisadas por un cuerpo externo, como en este caso los legisladores estadounidenses, fue ignorada por López Obrador, quien permitió que extranjeros evaluaran y corrigieran la reforma laboral.

Aun con esta insólita cesión de soberanía –permitir a un poder extranjero escribir leyes laborales mexicanas–, los estadounidenses no quedaron satisfechos. “Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó luz sobre el deseo y las intenciones del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver que esas garantías sean aplicadas”, dijo Neal en el comunicado dado a conocer por su Comité. “Aprecio el compromiso positivo y estoy ansioso de ver que México cumpla con su obligación para implementar los cambios necesarios para materializar su propia visión para la reforma, y satisfaga los demandantes estándares laborales y de ejecución que serán requeridos en la renegociación del TLCAN”.

Es decir, los diputados estadounidenses quedaron a gusto con la música, pero no ven clara la partitura. Ni Herrera ni Alcalde, mucho menos López Obrador, les dieron la certidumbre de que lo ofrecido será cumplido. Se fueron menos inquietos de lo que estaban hace 10 meses, pero aún no están convencidos de dar el voto a favor del acuerdo. Acción, no palabras es lo que han demandado desde mayo cuando hablaron con el Presidente, y aún no terminan de concretarse las promesas de hacer las cosas como quiere el Capitolio. López Obrador le ha dado mucho a Estados Unidos, en migración y ahora en comercio, pero no deja de ser puesto a prueba y sometido a más presiones. Lo tienen controlado y lo sabe. Por eso siempre elude confrontar al presidente Trump o a su gobierno. Por lo mismo, hay acuerdos en lo oscurito de los que no quiere hablar. Sería muy indigno y vergonzoso admitir lo que ha entregado y lo poco que, hasta este momento, ha recibido a cambio.