Julio Astillero.
Carlos Romero Deschamps es uno de los más depurados símbolos
de la corrupción mexicana. No es el personaje de la tragedia nacional que más
riqueza hubiera acumulado ni sus abusos son una excepción en los altos niveles
de la política nacional. Pero su desfachatez y persistencia (superviviente de
varios sexenios presidenciales, como muchos líderes sindicales del sistema) le
han fijado en la percepción popular como una de las fichas más repudiables del
tablero político tradicional.
Ahora parece haber entrado el citado dirigente sindical
petrolero en el camino irreversible de la salida de escena, en una trama
parecida a la que llevó a Eduardo Medina-Mora a dejar la Suprema Corte de
Justicia de la Nación: expedientes judiciales relacionados con la corrupción
estarían por empujarlo a la renuncia a la gerencia del gran negocio del
sindicato petrolero que siempre estuvo plegado a los intereses de los poderes
priístas y panistas.
Ayer, el propio Presidente de la República tocó el tema y
dijo con un aire aparentemente informal que Romero Deschamps tendría que tomar
una decisión personal en cuanto a seguir o no en la dirigencia de los
trabajadores y, de esa manera, determinar desde cuál posición enfrentará las
acusaciones que procesa la Fiscalía General de la República. Pero también
consideró que en el caso de estas denuncias lo mejor es no involucrar a las
instituciones, que se asuma de manera personal. Habrá de verse si hay justicia
suficiente en el tratamiento al dirigente caído en desgracia sexenal, con
penalidades proporcionales al gran daño a la nación que él cometió de manera
sistemática, o su suerte va aparejada a alguna forma de benevolencia al
adversario que huye.
Ha de decirse que el faraónico líder sindical no tiene una
adscripción grupal específica, así que no puede interpretarse el golpe judicial
contra él como si fuera dirigido a una facción definida: Romero Deschamps formó
parte del bando y la banda correspondiente a cada sexenio, de tal manera que su
procesamiento judicial no debería ser interpretado como un golpe político al
más reciente de sus aliados, Enrique Peña Nieto.
La llamada Ley Bonilla se mantiene en un nivel alto de la
discusión pública. La farsa de consulta realizada el pasado domingo parece
hundirse en su intrascendencia de origen: es una marrullería mal hecha con la
que se pretende apoyar la pretensión de asignar tres años más de gobierno en
Baja California a Jaime Bonilla Valdez. Hay otro dato propio de la peor factura
tramposa del pasado que se considera superado: está perdida el acta de la
sesión del congreso local que aprobó las reformas que buscan pasar de dos a
cinco años en el ejercicio bonillista.
No es un extravío inocente: el proceso de impugnación de la
ley Bonilla sólo puede iniciarse a partir de que ese acuerdo, sustentado en el
acta legislativa correspondiente, sea publicado en el Diario Oficial de Baja
California. Hacer perdediza tal acta pospone el arranque de impugnaciones
judiciales, de tal manera que podría ser publicada en el citado diario oficial
a última hora, antes de la toma de protesta de Bonilla, para que así no se vea
ajado de inmediato el inicio de la gubernatura bajacaliforniana, aunque ello no
significará mella o atenuante a las varias impugnaciones ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que ya tienen listas varios oponentes, entre ellos el mismo
Instituto Nacional Electoral.
Astillas.
Resulta peculiar que el gobernador Silvano Aureoles
(formalmente perredista aunque, en realidad, impulsado por Enrique Peña Nieto)
llame al Presidente de la República a enfrentar juntos acontecimientos trágicos
como el asesinato de 13 policías en Aguililla, Michoacán... Y, mientras el
diario español El País ha informado que Andorra embargó 83 millones de dólares
al litigante pro élites mexicanas Juan Collado, ahora preso.
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