Por Dulce
Olvera.
La
coordinadora nacional Agua para Todos alertó que la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) digital permite desde agosto otorgar concesiones de aguas
nacionales hasta los límites disponibles a quienes se registren en internet,
sin considerar los derechos de pueblos indígenas y ejidos, e incluso en
entidades con estrés hídrico como Baja California Sur y Guanajuato.
Los ponentes
responsabilizaron a Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de
administración del agua; Víctor Alcocer Yamanaka, subdirector general técnico
de la Conagua, dirigida por Blanca Jiménez Cisneros, y al área del Registro
Público de Derechos de Agua (REPDA).
“Dentro
de Conagua hay intereses para poner las aguas nacionales bajo la lógica del
mercado. El agua seguirá fluyendo hacia el poder económico”, dijo Elena Burns de Agua para Todos.
Miguel Ángel
Montoya, especialista en derecho humano al agua, señaló que “la Conagua
sigue capturada políticamente” y esos funcionarios públicos, que vienen desde
el Gobierno anterior, “están traicionando” al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien en campaña electoral prometió eliminar los 10 decretos del agua
emitidos en junio de 2018 en el Gobierno de Enrique Peña Nieto que permitió un libramiento
“excesivo” de concesiones y, aunque afectan derechos de comunidades indígenas y
ejidos, planean extenderlos.
Julio César
Cervantes, de la Central Cardenista Campesina, coincidió en que “en la
Conagua la corrupción sigue viva y hay muchos operadores del Gobierno pasado
que promueven la Conagua digital que sigue ofertando agua que no le pertenece”.
La abogada
Claudia Gómez Godoy, que llevó un amparo contra los decretos del sexenio de
Peña Nieto por no considerar los derechos de pueblos indígenas a la relación de
cuidado del agua para futuras generaciones y sus bosques, exigió a Conagua
digital que deje de otorgar concesiones hasta que se decida el próximo año la
reforma a la Ley General de Aguas de 2012.
Los ponentes
llamaron a ampliar el debate para la discusión de las iniciativas de reforma
a esta ley de aguas que se discutirá en febrero de 2020. Actualmente se han
celebrado foros solo con la participación de los grupos que han presentado
diferentes iniciativas: el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de
Usuarios de Riego, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de
Diputados y Agua para Todos.
Aunque el
agua es de titularidad pública, está “de facto” en manos de grandes empresas en
México, las cuales controlan buena parte de su uso amparadas por una Ley que no
contempla el derecho humano a este recurso. Además de esto, un 10 por ciento de
la población mexicana no tiene acceso al agua potable, de acuerdo con la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo
con expertos consultados por Efe con motivo del Día Mundial del Agua, desde
1992 un 7 por ciento de –mineras, embotelladoras, lecheras– controlan el 70 por
ciento de las concesiones del agua, cuya escasez afecta a los ciudadanos más
vulnerables.
El
coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez, explicó que para entender las
desigualdades hay que conocer el derecho humano al agua, que incluye
obligaciones para el Estado y las empresas.
Por
derecho, el agua debe tener un flujo constante y continuo, estar limpia y en
condiciones óptimas, estar físicamente accesible, ya sea en el hogar del
ciudadano o a una distancia mínima.
También el
agua debe ser fácil de obtener desde el punto de vista económico y el ciudadano
debe tener acceso a información exacta sobre la situación del líquido en el
país, pero no siempre sucede en México.
Además, el
agua tiene que distribuirse de forma equitativa a todos los sectores de la
población, algo que tampoco termina de cumplirse como es debido en el país.
Tampoco sucede.
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