Por Susana
González G.
Además de
bancos, también casas de bolsa, corredores o brokers e instituciones
financieras que participan en la intermediación del mercado de bonos
gubernamentales fueron investigados por posible colusión al manipular precios y
restringir oferta, aseguró Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora
de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La
indagatoria concluyó después de casi tres años y ayer la Cofece comenzó un
procedimiento en forma de juicio contra “ciertas empresas”, cuyo número, tipo y
nombre no reveló el funcionario, porque esa información está reservada por ley.
–¿Los
emplazados son sólo bancos? –se le preguntó.
–No puedo
entrar en detalles –dijo
el funcionario.
Los bonos
gubernamentales, explicó, incluyen tanto los Certificados de la Tesorería de la
Federación como los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal y los de
desarrollo del gobierno federal denominados en Unidades de Inversión.
El
mercado investigado por la Cofece es relevante, porque son instrumentos que
utiliza el gobierno federal para financiar inversiones públicas o liquidar o
refinanciar la deuda que tiene contratada, ponderó Sergio López en entrevista.
Sólo en
2018, aseveró, las subastas primarias de bonos gubernamentales rebasaron 2
billones de pesos. Incluso, añadió, “los valores emitidos por el gobierno
mexicano para financiar el gasto público pueden representar hasta la tercera
parte del producto interno bruto (PIB) del país”.
Cuando la
Cofece empezó la indagatoria, calculó que el volumen de los bonos
gubernamentales negociados ascendía a 100 mil millones de pesos diarios, así
que de corroborarse que empresas o particulares hicieron acuerdos para
manipular sus precios y oferta el daño al erario y a los inversionistas podría
ser grave.
La
investigación se inició de oficio, es decir, sin denuncia de un tercero, en octubre de 2016,
a partir de que el organismo antimonopolios contaba con información que
indicaba actos que podían haber sido violatorios de la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE).
El
periodo investigado es de 2006 a 2016, y la pesquisa terminó apenas en junio de
2019, es decir, dos años y ocho meses después, precisó Sergio López.
La Autoridad
Investigadora concluyó que “en algunos lapsos” de la década indagada
“ciertas empresas pudieron estar violando la LFCE a través de dos conductas:
manipulación de precios de esos valores de deuda o bien por lo que llamamos
restricción de oferta, es decir, que hayan establecido condiciones para no
vender o adquirir ciertos bonos”, apuntó.
Desde la
mañana de ayer, la Cofece confirmó que ya notificó y emplazó a las empresas
probablemente responsables de haber incurrido en colusión o prácticas
monopólicas absolutas, al establecer “arreglos” para manipular el precio de los
bonos y obligaciones para no comprarlos o venderlos.
Con ello
se inició en su contra un procedimiento administrativo en forma de juicio
contra los presuntos responsables, quienes tendrán hasta 45 días hábiles para
presentar pruebas y argumentos en su favor contra dicha acusación, puntualizó
el titular de la Autoridad Investigadora.
El
proceso puede alargarse más de un año, comentó, hasta que el pleno de la Cofece
determine si desecha el caso o se corrobora que los emplazados violaron la ley.
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