Francisco
Ortiz Pinchetti.
La supuesta
“consulta ciudadana” fue convocada sin ningún sustento legal y carente de rigor
técnico. No tuvo el aval ni la supervisión de alguna autoridad electoral o al
menos una entidad autónoma. No hubo cabal difusión sobre la ubicación de las
escasas mesas de votación, que estuvieron manejadas por partidarios del propio
promotor del “ejercicio”. Ellos mismos se encargaron de recoger la votación en
urnas improvisadas, de custodiarla y de contarla.
Las
preguntas estuvieron evidentemente sesgadas, a modo de inducir a los votantes
hacia la opción que a los organizadores importaba. No se contó por supuesto con
una lista nominal de electores y los que acudieron pudieron votar dos, tres y
las veces que quisieran en diferentes casillas, o en la misma, según
constataron y documentaron diversos medios de comunicación. Tampoco se respetó
el secreto del voto, claro.
Al final, el
cómputo favoreció abrumadoramente a la propuesta preconcebida, aunque el índice
de votación haya sido ridículo: menos del 1.2 por ciento del padrón electoral.
No obstante, y a pesar de impugnaciones sin cuento, se consideró que el pueblo
sabio se había expresado y se actuó en consecuencia.
No me
refiero a la farsa montada por el Gobernador electo de Baja California, Jaime
Bonilla Valdez, para tratar de avalar con otra “consulta ciudadana” el atraco
que pretende perpetrar para ampliar su mandato a cinco años, aunque legalmente
fue electo para gobernar solamente dos, a fin de “empatar” las elecciones
estatales con las federales.
Flaca
memoria: los datos comprobados y publicados que anoté arriba se refieren a la
“consulta” que promovió Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente
electo, para justificar con la opinión del pueblo sabio su decisión de cancelar
el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en
octubre del año pasado, que costó al país más de 130 mil millones de pesos. “La
decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos”, dijo el tabasqueño muy
orondo. “De modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de
Santa Lucía”.
Las
similitudes son todas.
Bonilla
Valdez siguió el guión al pie de la letra. Aplicó la receta como si tuviera a
la vista un libreto. Las mismas tácticas tramposas. Las mismas anomalías,
carencias y omisiones. Las mismas mentiras. No en vano es discípulo amado, fiel
seguidor del hoy Presidente de la República.
Acaudalado empresario
tijuanense de los medios de comunicación de 69 años de edad y con antecedentes
más oscuros que sus anteojos infaltables, es amigo muy cercano del residente de
Palacio Nacional. Los une no sólo su mutua afición por el beisbol, sino un
compromiso político de tiempo atrás, cuando menos desde que el bajacaliforniano
fue diputado federal por el PRD (2012-2015).
El
tabasqueño lo puso primero como dirigente estatal de Morena y luego lo nombró
coordinador de su campaña en la región. Lo impuso también como candidato a
senador en la elección federal de 2018, cargo que alcanzó, aunque a poco pidió
licencia para convertirse en “súper delegado” del Gobierno de López Obrador en
la entidad fronteriza y dos meses más tarde candidato a Gobernador.
La identidad
entre ambos es plena, obvia, pública.
Lo más
grave, y para muchos harto significativa, ha sido la actitud omisa de López
Obrador ante las tropelías de su ahijado. Una y otra vez se ha resistido a
deslindarse de la reforma constitucional urdida para burlar a la ciudadanía
bajacaliforniana, que eligió un Gobernador para dos años. Y ahora lo hace ante
la “consulta gansito” del domingo pasado, remedo de la suya propia. Y todo eso
no parece nada casual. Aguas.
En vez de
aceptar la responsabilidad del autor obvio de la reforma a la Constitución de
Baja California, perpetrada el 8 de julio pasado, recurre a las ambigüedades y
pide a quienes la aprobaron, o sea los diputados locales que según se supo
recibieron sobornos millonarios, “retractarse y pedir disculpas”.
Ha dicho lo
mismo que le da “pena” el tema, sin precisar cuál es el motivo concreto de su
sentimiento o que es una “chicanada” que la llamada Ley Bonilla no se publique
(lo que por cierto ocurrió ya este jueves), sin explicar tampoco el sentido de
su crítica. También y finalmente que el caso ya lo resolverá la Suprema Corte
de Justicia de la Nación…
Resulta sin
embargo que uno de los actores que tienen facultades para presentar ante la
SCJN un recurso de inconstitucionalidad una vez que sea publicada la Reforma,
es precisamente el Presidente de la República. No obstante, Andrés Manuel
descartó promover acciones legales al respecto. “No quiero intervenir en el
caso”, dijo. Así, o más claro
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