La regresión de Baja California.

Salvador Camarena.

Las elecciones son procesos imperfectos. Se les puede regular al máximo, pero nunca estarán a salvo de las trampas, que están lejos de ser una característica exclusiva de la democracia mexicana. Con el affair Biden-Ucrania, Trump es un ejemplo en tiempo real de cómo se intenta manipular la voluntad ciudadana.

En el caso de México, y como se sabe, pero al parecer hoy se olvida, la democracia electoral tuvo un hito en 1989, cuando el partido Acción Nacional ganó por primera vez la gubernatura de Baja California.

Lo que representó esa elección fue puesto en estos términos por el estudioso Wayne A. Cornelius:

“El significado histórico y contemporáneo de esta acción difícilmente se puede exagerar. Ceder el control presidencial sobre el gobierno de un estado hace añicos un tabú con sesenta años de edad. Al reconocer la pérdida de un estado fronterizo políticamente sensible, económicamente en crisis, se le envía una poderosa señal a cada estado y a cada líder local del Partido Revolucionario Institucional: ‘sus candidatos seguirán contando con todos los formidables recursos económicos y organizativos de la maquinaria nacional del PRI y del gobierno federal, pero si fracasan para ganar clara y limpiamente, sus ‘victorias’ ya no serán garantizadas por la Ciudad de México’”. Nexos. Agosto de 1989.

Treinta años después, parte de la clase política mexicana parece decidida a desandar la historia. Con la tolerancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la complicidad de su partido, el candidato ganador de los comicios bajacalifornianos de este año pretende manipular su propia elección. Sería un caso para Ripley si no fuera una cosa tan seria, que puede vulnerar a la democracia del país.

Este domingo se montó un remedo de consulta mediante el cual Bonilla pretende ensuciar una elección que no sólo ganó, sino que representaba, en sí misma, otro giro electoral de nuestra historia, uno que en principio era saludable.

Con su victoria, Bonilla se convirtió en el primer no panista en ganar la gubernatura de BC, probando una vez más que los electores mexicanos castigan a los malos gobiernos, incluso a aquellos a los que han preferido en cinco ocasiones consecutivas (hay esperanza para la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México).

Lo que era una nota positiva ha quedado opacada por la terquedad antidemocrática de Bonilla, que ha emprendido una lucha por la vía legal y por la vía política en su pretensión de aumentar de dos a cinco años el término para el que fue elegido.

El gobernador electo ha cabildeado su idea en la capital del país y ha llevado el tema al grado de la pantomima de ayer, cuando en Baja California se instalaron urnas para “consultar” a la “ciudadanía” sobre la pretensión de Bonilla.

Hay que poner comillas porque esta consulta no pasa la prueba de la ley o de la risa y, por supuesto, no existe garantía de que quienes hayan votado sean representativos de la población bajacaliforniana.

Este episodio maltrata un elemento central de todo proceso electoral. Los ciudadanos votan en la confianza de que el resultado será no sólo legítimo sino respetado. Toda elección debe conllevar la posibilidad de la incertidumbre sobre el resultado, pero la certeza de que sin importar éste, los políticos acatarán la voluntad traducida en votos. Y a México le ha costado muchos muertos, mucho dinero y mucha frustración llegar a un escenario en que las elecciones son más o menos así.

Hoy, sin embargo, a Bonilla, a López Obrador, y a casi todos los de Morena les parece válido no respetar en todos sus términos una elección consumada. Les parece legítimo pisotear la decisión ciudadana.

En su texto de hace 30 años, Cornelius destacaba que “al reconocer una victoria de la oposición a nivel estatal, Salinas de Gortari ha llevado a México hacia una nueva era en la política… (una de) modernización”.

Medido contra ese referente, si López Obrador insiste en permitir el socavamiento de una elección, si ayuda a que se devalúe la confianza en las elecciones, estará llevándonos “hacia una nueva era en la política”, hacia la regresión democrática. Eso, ni más ni menos, significa el caso Bonilla. Ojalá se conjure tal peligro.