Por Arturo
Rodríguez García.
En
Jalisco los superdelegados de la Cuarta Transformación van de pifia en pifia:
Carlos Lomelí dejó el cargo el pasado 12 de junio inmerso en el escándalo; su
sustituto, Armando Zazueta Hernández, en mes y medio de gestión es señalado por
varias tropelías, pero sobre todo por nepotismo, una práctica muy generalizada
en la nómina de los Servidores de la Nación en esa entidad. Al parecer, en
Jalisco el mensaje anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador
aún no llega.
Creadas en
la actual administración para evitar el exceso burocrático y la intermediación
en la entrega de apoyos sociales, las Coordinaciones Estatales de
Desarrollo empiezan a registrar los primeros casos de corrupción, pero ninguna
como la llamada “superdelegación” en Jalisco, hasta ahora la más emblemática de
la descomposición.
Su episodio
más reciente es una red de nepotismo: el superdelegado Armando Zazueta
Hernández, designado apenas el pasado 15 de agosto –aunque inició sus
actividades públicas hasta el 1 de septiembre– es la cabeza de una estructura
plagada de parientes y amigos, tanto en los cargos de decisión como en la
asignación de plazas y apoyos económicos.
Tras la renuncia
de Lomelí al cargo. No se dio a conocer su relevo sino hasta el 1 de
septiembre, cuando los diarios jaliscienses informaron que Armando Zazueta
despachaba como superdelegado desde el 16 de agosto.
A mes y
medio de asumir el cargo, se sabe que en la estructura de Zazueta hay
nepotismo y otras probables irregularidades.
Una consulta
al portal Nómina Transparente de la SFP permite observar que Ivón Guadalupe
Mercado Baena está en la nómina en la subdelegación Tonalá, tiene un salario
bruto de 10 mil 217 pesos mensuales, que es lo que perciben los empleados de
Servidores de la Nación.
En la misma
subdelegación figura en nómina María Baena Torres, madre de Ivón Guadalupe,
con un sueldo similar: se trata de que, como su hija, tiene un salario neto de
8 mil 173 pesos.
Ahí mismo, Carlos
Alberto Baena Muñoz, primo hermano de Ivón Guadalupe, cobra también un salario
similar.
En sólo 10
meses de la presente administración, en la Coordinación Estatal de Programas
para el Desarrollo en Jalisco se consolidaron los esquemas de beneficios y
prebendas aun cuando el presidente López Obrador aseguró que no perdonará ni a
sus parientes, amigos ni antiguos colaboradores o simpatizantes.
En
Jalisco ese mensaje no ha llegado. Pese a la sustitución de Lomelí Bolaños por
Zazueta Hernández, en la mayor parte de la estructura estatal perduran las
antiguas prácticas corruptas.
En la
subdelegación Tonalá, que depende del superdelegado Armando Zazueta y donde
se identificó en la nómina a Ivón Guadalupe Mercado Baena, la encargada es
María Elizabeth Flores Vázquez, quien, según la revisión realizada por Proceso
a Nómina Transparente, se ubica en el mismo caso que su superior inmediato:
Bajo el
mando de Flores Vázquez, sus primos Édgar Alejandro Flores Guzmán y Antonio
Flores Salmerón forman parte de los Servidores de la Nación.
En la misma
subdelegación tonalense Antonia Araujo Jasso fue designada coordinadora
administrativa. En la nómina municipal su hermana Angélica también está en la
nómina de los Servidores de la Nación.
En Autlán, donde
el subdelegado es Marco Tulio Rosas Romero, cónyuge de Flores Vázquez, están
las hermanas Elucinda y María Isabel Flores González, primas de la
superdelegada tonalense.
En sus
redes sociales la pareja de morenistas subió una fotografía de perfil de cuando
él era diputado federal por el distrito 18 y ella por el distrito 7 de Jalisco.
Tulio Rosas –como
se hace llamar en sus aventuras electorales– también incluyó en la nómina de
Servidores de la Nación a sus primas María del Rosario Ríos Rosas y Silvia
Karina Romero Torres, según la información consultada en Nómina Transparente.
Sin embargo,
la subdelegación Región Zapotlán, dependiente también de Zazueta, es la que
cuenta con más familiares en la nómina. Al frente de la representación federal
está Clara Cárdenas Galván, también morenista y excandidata a diputada federal.
Ahí colocó
sus hermanos Antonio Ramón y Rosalía de las Nieves Cárdenas Galván; a sus
sobrinos Ana Mariela de la Cruz Cárdenas, Felipe de Jesús y Sergio Elizondo
Torres, Víctor Cárdenas Rodríguez y Benito Cárdenas Morán, así como Claudia
Patricia Sedano Cárdenas, quien salió en junio pasado, cuando la SFP inició las
investigaciones al superdelegado Carlos Lomelí.
Ese mes otros
parientes de Clara Cárdenas salieron de la nómina: su cuñado Vicente Barreto
Gallardo y su concuña Rosalva Muñiz López.
En el caso
de la subdelegación de la Región Tlajomulco, Rosa María Cardona Alegría –la
morenista que el año pasado acompañó como suplente a la hoy diputada Verónica
Ramos Cruz–, tiene un solo familiar: su hijo Edwin Jonathan Cardona Alegría en
la nómina de los Servidores de la Nación. Cobra 8 mil 173 pesos netos al mes
por trabajar con los pobres. Esa suma contrasta con los lujos y viajes que
presume con frecuencia en sus cuentas de redes sociales. Entre abril y junio
viajó dos veces a Cuba, una a Cancún y otra a Las Vegas. No hay registro de que
haya dejado de cobrar en ese periodo.
El breve
rastro de Zazueta
Los
rastros profesionales de Armando Zazueta en la actividad pública son escasos.
Una búsqueda simple permite observar que en diciembre de 2018 fue contratado
como auxiliar por Alejandro Esquer Verdugo durante una quincena.
El
contrato, transparentado por prestación de servicios en Morena, como auxiliar
tiene una particularidad: está fechado el 16 de diciembre de 2018 e identifica
a Esquer en su calidad de secretario de Finanzas del partido. No obstante,
según su declaración patrimonial, en esa fecha Esquer tenía dos semanas
desempañándose como secretario particular del presidente López Obrador.
El
contrato con Morena fijaba fecha de terminación de la relación laboral al 31 de
diciembre de 2018, así se ganó 18 mil 440 pesos en una quincena. Un día
después, el 1 de enero de este año, Zazueta Hernández ya era director de área,
especializado en temas de Transparencia, dentro de la Secretaría del Bienestar
en la sede central de la Ciudad de México.
Aunque su
designación como superdelegado es pública desde hace un mes, en el portal de
Servidores Públicos de la SFP no hay cambios en su desempeño como funcionario
en la Secretaría de Bienestar, donde su sueldo es de 41 mil pesos mensuales.
Sin embargo, Nómina Transparente lo tiene ya como superdelegado con ingreso bruto
superior a los 122 mil pesos y neto por 85 mil 145 pesos al mes.
En
Declaranet, según los datos expuestos por el propio Zazueta su trayectoria es
la siguiente:
De 2004 a
2005 fue “promotor cultural” en la delegación Azcapotzalco; de octubre a diciembre
de 2006 fue “gestor” en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad
de México; de 2008 a 2018 fue responsable de “enlace administrativo” en la
Secretaría de Organización de Morena.
En esa
secretaría Zazueta Hernández trabajó bajo las órdenes de José Alejandro Peña
Villa –quien actualmente es senador–. Asumió el cargo por ser suplente de
Gabriel García Hernández y por formar parte del equipo que trabajó en Morena
desde antes de que obtuviera su registro como partido político
Con respecto
a Gabriel García Hernández, el coordinador general de Programas de Desarrollo,
sus datos son escasos. En su declaración patrimonial sólo expone haber sido
senador entre agosto y noviembre de 2018. En el Sistema de Información
Legislativa quedó registrado que al menos desde 2012 se desempeñó como
secretario de Organización de Morena.
Con respecto
a Peña Villa, actualmente es “enlace” del comité nacional de Morena en Jalisco.
Relacionado
con algunos de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, como lo
son su secretario particular Alejandro Esquer y el jefe de los superdelegados
García Hernández, Zazueta ya enfrenta las primeras acusaciones.
El pasado
13 de septiembre, los subdelegados Leonel Olaf Guzmán Flores, en Tequila; Luis
Armando Vargas Prado, en Mascota; Blanca Olivia Vargas Mendoza, en Zapopan, y
María de Jesús Padilla Romo, en los Altos, enviaron una carta al presidente
López Obrador, con copia a los secretarios de Bienestar, María Luisa Albores, y
de Educación, Esteban Moctezuma, así como al INE, a los órganos internos de
control de distintas dependencias y a la Fiscalía General de la República, en
la que denuncian la gestión de Zazueta.
Entre los
señalamientos, destacan que, por órdenes de Zazueta, fueron presionados para
firmar una carta solicitando la destitución de Venecia Castañeda Rodríguez,
responsable de las Becas del Bienestar en Jalisco, por actos de corrupción, sin
que se les permitiera leer el contenido de la misiva ni contarles las
acusaciones mencionadas.
También atribuyeron
a Zazueta “actos denostativos y discriminatorios” en público, así como de haber
creado la figura de “auxiliares”, cuyo papel es actuar con atribuciones de
subdelegados sin que exista norma en la que se base su desempeño.
La carta
añade: “Es importante hacer notar que el delegado Armando Zazueta, desde su
llegada, ha estado buscando posicionar diversas personas en puntos estratégicos
para obtener un beneficio electoral y de estructura con fines netamente
político electorales”.
Mientras
las acusaciones trascendían, por los subdelegados inconformes y el señalamiento
de colocar operadores electorales en áreas estratégicas, el 27 de septiembre,
Zazueta envió el oficio S8/DEPD/1972/2019, en el que advertía a los
subdelegados sobre las disposiciones establecidas en los artículos 51, 52 y 57
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, citando cada precepto.
Y añadió, como
si las disposiciones apenas fueran a entrar en vigor: “Por lo tanto, a partir
del mes de octubre del presente año, se les hace girar la instrucción de no
tener familiares contratados en nuestras regiones, esto con la finalidad de no
incurrir en dichas faltas administrativas que pudieran generar un delito”.
Hasta el
cierre de edición todos los mencionados seguían activos en el portal Nómina
Transparente de la SFP.
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