Por Veneranda
Mendoza.
Los 12
notarios provisionales designados por el exgobernador Eruviel Ávila al final de
su mandato y los nueve ratificados como titulares por Alfredo del Mazo, cumplen
con los requisitos de ley, aseguró Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y
Derechos Humanos, luego de precisar que actualmente el gobierno estatal
enfrenta tres juicios de amparo contra las designaciones.
Al
comparecer ante diputados locales por la glosa del segundo informe de gobierno,
el funcionario estatal recordó que las designaciones provisionales fueron
impugnadas, pero los juicios se resolvieron como legales. Después, también con
fundamento en la ley –abundó–, se les otorgó la titularidad y nuevamente se
impugnaron. “En estos momentos están desahogándose tres juicios”.
Añadió: “Esos
nombramientos ya pasaron por el tamiz no sólo de los jueces de distrito, sino
también de los tribunales colegiados… ahora hay una nueva impugnación por un
acto posterior, pero que es accesorio al principal; es decir, el principal es
el nombramiento como provisional, el secundario es el nombramiento de los
titulares”.
De acuerdo
con Espeleta, hasta el momento las nueve designaciones “siguen firmes porque
no ha habido una sentencia que determine que es inconstitucional o ilegal hacer
ese tipo de nombramientos”.
Tras
comprometerse a que en lo sucesivo se dé mayor transparencia a los
procedimientos, destacó que se ha expedido una primera convocatoria a examen de
oposición por concurso abierto a quienes cumplan con los requisitos para la
designación de cuatro notarios: el 56 de Naucalpan, 173 de Ixtapaluca, 89 de
Cuautitlán y 76 de Jilotepec. “Quien saque la calificación más alta será el
titular”, afirmó.
En lo que
va de la administración, indicó, se han realizado 297 procedimientos
administrativos de queja contra notarios por probable contravención a la ley y
se ha ordenado la práctica de tres inspecciones especiales y 134 ordinarias
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas.
Lo
anterior, en respuesta a los cuestionamientos de las diputadas María Luisa
Mendoza (PVEM), Alicia Mercado (Morena) y Lourdes Garay (PSD), quien además
preguntó al funcionario si permitirá “que personas sin la capacidad y con
claros intereses ocultos utilicen la fe pública para lucrar a su favor y a favor
de sus antiguos patrones, y qué acciones se tomarán para combatir el nepotismo
notarial”.
Después
de que el perredista Omar Ortega advirtió dilación en la entrega a los
municipios de 30 millones de pesos etiquetados para la Alerta por Violencia de
Género (AVG), Espeleta Aladro justificó que la tardanza responde a que esos
recursos se pueden destinar sólo a capacitación, difusión y equipamiento. Por
eso se esperó a que los ayuntamientos presentaran sus proyectos y fueran
aprobados, y la liberación se encuentra en procedimiento, agregó.
Sobre la
iniciativa internacional Spotlight, precisó que a los dos municipios
mexiquenses previstos, Ecatepec y Naucalpan, les serán designados 3 millones de
dólares para utilizarlos en los próximos cuatro años, a fin de fortalecer a
corporaciones policiacas, instituciones locales y organizaciones civiles que
promueven la defensa de los derechos de las mujeres.
El
funcionario estatal no dio detalles sobre mecanismos de acceso y transparencia
en el uso de los recursos, ni quién los manejará o bajo qué criterios se
entregarán.
José Antonio
García, del PAN, recordó que en su estudio “La defensoría pública en México, el
acceso a la justicia de los desposeídos”, la organización Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) destaca que la entidad mexiquense cuenta
con 329 defensores públicos, es decir, uno para cada 49 mil 200 personas, “lo
que pone en una situación de imposibilidad el acceso a la justicia”.
Rodrigo
Espeleta admitió que cada defensor trabaja simultáneamente 90 asuntos y que
son necesarios mil 200. Luego ejemplificó que en Guerrero cada defensor lleva
10 asuntos. Y en materia indígena el problema se agudiza, porque sólo hay
cuatro defensores que hablan mazahua y otomí.
El morenista
Gerardo Ulloa consideró que la contribución de la dependencia es muy poca o
casi nula, y recordó que en 2017, cuando fue creada, se le aprobó un
presupuesto superior a los 457 millones de pesos para asumir las funciones de
la entonces Consejería Jurídica, que se encargaba de las mismas tareas, pero
con un presupuesto menor.
En 2018,
recordó, a la dependencia se le asignaron 801 millones de pesos, y en 2019
ejerce más de mil 261 millones. En dos años su aumento presupuestal fue
superior a 132.2%, pero “parece ser que tan sólo fue un cambio de nombre o,
como se dice de manera coloquial, “la misma gata, pero revolcada”.
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