Por Efrén
Flores.
Eduardo
Medina Mora tuvo un pie en el sector público y otro en el privado en los
últimos 43 años. Durante ese periodo ejerció al menos 31 puestos que le
permitieron amasar fortuna y construir negocios familiares. Sólo sus cargos
públicos en los últimos 19 años le permitieron tener ingresos anuales de al menos
2.4 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo de la Unidad de Datos de
SinEmbargo, con base en los tabuladores del Gobierno federal.
Pese a su
larga trayectoria profesional, que incluye 40 años de experiencia en el sector
público, la fortuna del ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) es un dato resguardado bajo llave. Sus declaraciones
patrimoniales, publicadas entre mayo de 2003 y abril de 2015 en el portal
DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública, sólo permiten saber que
Medina Mora “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.
La falta
de transparencia ante el escrutinio público y la reciente investigación en su
contra por presunta triangulación de recursos hacen que Medina Mora esté en un
“momento difícil” –según el Senador Ricardo Monreal Ávila– que truncó su
carrera en la SCJN. Monreal dijo este mes que la renuncia de Medina Mora fue un
“acto de valor y honestidad”, pero también una prueba de que “la lucha
anticorrupción va en serio y no hay intocables en ningún nivel o poder del
Gobierno”.
Días antes
de que el Senado de la República aceptara la renuncia de Medina Mora como
Ministro del máximo tribunal mexicano, Santiago Nieto Castillo confirmó la
existencia de una investigación en su contra desde finales de julio de este
año. De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF presentó una denuncia
contra Medina Mora por “transferencias bancarias irregulares” en Estados Unidos
e Inglaterra.
Asimismo,
Santiago Nieto aseguró que como Ministro, Medina Mora emitió resoluciones
para desbloquear 2 millones de pesos de cuentas bancarias ligadas con
delincuentes que son investigados por las autoridades hacendarias. Por ello, el
titular de la UIF confió en que “la salida de Medina Mora” de la SCJN abone a
que haya “un mejor combate al lavado de dinero” en México.
El
escándalo de corrupción ligado a Medina Mora estalló cuando el periodista
Salvador García Soto dio a conocer los resultados de un reporte de la National
Crime Agency del Gobierno de Inglaterra y otro del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, según los cuales, en los últimos dos años las autoridades
extranjeras detectaron transferencias bancarias entre las cuentas de HSBC de
Medina Mora en México y en el exterior, por montos equivalentes a 99 millones
377 mil 510.65 pesos.
Sin embargo,
Medina Mora publicó una carta en la que aseguró que los montos dados a
conocer por García Soto son equívocos y que las transferencias no superaron los
7 millones 487 mil 267.05 pesos, que es una cifra “consistente” con los
ingresos que declaró ante el Gobierno Federal, entre 2016 y 2018.
LOS INGRESOS
DE MEDINA MORA.
El primer
cargo público que Eduardo Medina Mora ostentó fue el de analista de la
Dirección General de Análisis para la Evaluación de la extinta Secretaría de
Programación y Presupuesto, en 1977, durante el sexenio del ex Presidente José
López Portillo y Pacheco.
Tres años
después, Medina Mora fue designado como jefe del departamento de la Gerencia
de Promoción y Divulgación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares
(Conasupo). En ese puesto permaneció hasta 1982, cuando brincó a la entonces
Secretaría de Pesca, primero como coordinador de asesores y luego como
secretario particular del ex Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada.
A partir de
1987 y hasta 1990, Medina Mora pausó su carrera pública para iniciar su
propio bufete de abogados –Medina Mora y Asociados– y participar como miembro y
asesor jurídico del Consejo Nacional Agropecuario. Sin embargo, durante el
sexenio de Carlos Salinas de Gortari regresó al servicio público (1991-1993)
como parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA).
Durante los
años de gobierno (1994-2000) del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León,
Medina Mora se desempeñó en el sector privado como consejero nacional del
Consejo Coordinador Empresarial y directivo del Grupo Desc, una empresa
industrial y de inmobiliario “con más de 40 años de trayectoria en el
desarrollo de empresas de diversos sectores económicos”, de acuerdo con el
sitio oficial de la compañía.
La
trayectoria pública de Medina Mora fue relanzada durante el sexenio del panista
Vicente Fox Quesada. Entre 2000 y 2009, el ex Ministro de la SCJN fungió como
director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
También se desempeñó como miembro del Gabinete de Seguridad y del Consejo de
Seguridad Nacional, además de ostentar siete cargos relacionados con las
relaciones exteriores del Gobierno Mexicano.
De acuerdo
con los tabuladores de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la
Secretaría de Gobernación, sus niveles de ingreso por tipo de cargo le
habrían permitido obtener al menos 13 millones 743 mil 090.24 pesos en nueve
años de servicio público. Un nivel de ingreso equiparable a 70 veces el salario
mínimo promedio entre 2000 y 2009.
A partir de
2005 y hasta 2009, Medina Mora también fue titular de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal y de la otrora Procuraduría General de la República.
Por ambos cargos recibió un salario promedio neto mensual de 161 mil pesos que,
a la postre de cuatro años, implicaron un ingreso aproximado neto de 7 millones
798 mil 454.04 pesos.
Durante
el sexenio (2006-2012) del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, Medina Mora
fue nombrado Embajador ante el Reino Unido (2009-2013) y ante los Estados
Unidos de América (2013-2015). Por esos cargos –además de otros seis puestos
relacionados con su desempeño como parte del cuerpo del Servicio Exterior
Mexicano– Medina Mora habría tenido un salario mensual neto superior a 141 mil
pesos. Después de seis años de cargos diplomáticos, la fortuna de Medina Mora
tuvo un jalón aproximado de 10 millones 166 mil 290.56 pesos.
El último
puesto registrado en la semblanza oficial de Medina Mora es el de Ministro de
la Segunda Sala de la SCJN. Este cargo le fue otorgado durante los años de
gobierno (2012-2018) del ex Presidente Enrique Peña Nieto, para el periodo
2015-2030. Sin embargo, el 3 de octubre de este año y en el marco de las
investigaciones de la UIF en su contra, el abogado renunció a su magistratura.
Como
Ministro del máximo tribunal mexicano, Medina Mora accedió a un salario neto
mensual de 236 mil 584.88 pesos en promedio, de acuerdo con los tabuladores de
los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2015 a 2019. En los 4 años 7
meses que fue Ministro de la SCJN, Medina Mora tuvo ingresos netos acumulados
por al menos 13 millones 059 mil 485.38 pesos.
Hace 10
años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los salarios
de los funcionarios públicos y las “prestaciones complementarias de carácter
especial” que reciben –sobresueldos, compensaciones, bonos, ayudas, vales,
exenciones fiscales, entre otras– implican la existencia de regímenes distintos
y de excepción en los beneficios laborales en México, que reflejan “un exceso
de discrecionalidad en materia de remuneraciones” en la Administración Pública
Federal.
En la
publicación “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano.
Oportunidades de Mejora” se lee que “de algunos resultados obtenidos de
diversas revisiones efectuadas por la ASF, se desprendió que en el Poder
Judicial de la Federación existían pagos superiores a los tabuladores
establecidos, pago de aguinaldos mayores que lo autorizado y estructuras que no
responden a su organización jerárquica”.
La
situación de privilegios que la ASF detectó en el Poder Judicial de la
Federación inclusive generó una polémica este año, cuando los ministros de la
SCJN rechazaron reducirse los salarios para evitar ganar más que el Presidente
de la República, luego de la aprobación de la reforma al artículo sexto de la
la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, el 13 de septiembre
de 2018.
Pese a la
reducción salarial de 25 por ciento que los ministros anunciaron a principios
de este año, sus salarios continúan siendo superiores a los del Jefe del Poder
Ejecutivo Federal.
LOS NEGOCIOS
DEL MINISTRO.
Los
ingresos acumulados netos por cargo público de Eduardo Medina Mora Icaza
durante los últimos 19 años, ascienden a un aproximado de 44 millones 767 mil 320.22
pesos, de acuerdo
con un cálculo de la Unidad de Datos de SinEmbargo, con base en los tabuladores
del Gobierno federal.
Además de
esta masa de dinero, que es 17 veces mayor al ingreso medio anual de los
últimos 19 años (2.6 mdp) de los 20.4 millones de mexicanos que cotizan en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, Medina Mora tuvo ingresos del sector
privado, incluidos aquellos provenientes de los negocios familiares que
prosperaron a partir de 1982, con la fundación de la empresa Consultores en Informática
y Computación, cuando el ex Ministro se desempeñaba como coordinador de
asesores y secretario particular del ex Secretario de Pesca, Pedro Ojeda
Paullada.
Dicha
empresa cambió de razón social en 2006 y adquirió la denominación
Compusoluciones y Asociados.
De acuerdo
con una investigación realizada por la periodista Linaloe R. Flores para
SinEmbargo, la compañía de Medina Mora recibió 102 millones 107 mil 156
pesos por contrataciones gubernamentales entre 2006 y 2018, para suministrar
licencias y capacitación en la operación de software como Oracle, o cursos
sobre el uso de Excel o Power Point en las oficinas de Gobierno.
El reportaje
de este medio digital indica que Compusoluciones y Asociados obtuvo 26
contratos en un periodo de 12 años, de los cuales, 25 fueron conseguidos por
adjudicación directa en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique
Peña Nieto.
Se trata
de una empresa de cuyos dividendos se habría beneficiado el Ministro Eduardo
Medina Mora y cuya pertenencia accionaria habría sido omitida en sus
declaraciones patrimoniales, según publicó el periodista Salvador García Soto
en su columna del 5 de junio pasado, Serpientes y Escaleras, de El Universal,
titulada “Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora”.
Asimismo, la
empresa de Medina Mora fue uno de los grandes prestadores de servicios
informáticos en la SCJN durante la gestión (2003-2007) de Mariano Azuela y
Güitrón, según el documento “Contrataciones de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obra pública de la SCJN”, reproducido por la revista Proceso en
marzo de 2007, en el artículo titulado “La Corte de los privilegios”.
Compusoluciones
y Asociados es, empero, una de muchos de los negocios vinculados a Medina Mora
y a su familia.
En los
últimos 34 años, el ex Ministro de la SCJN y sus familiares tuvieron capital
suficiente para constituir seis empresas –Capital de GDL, Compusoluciones y
Asociados (antes Consultores en Informática y Computación) Ejecutivos en
Computación y Servicios, Inmobiliaria Compusoluciones, Polímeros Aztlán y
Promotora Agroindustrial y Florícola– e inclusive adquirir, a través de ellas,
dos negocios más (Compusol Mexicana y Informática Integral y Computación) entre
1996 y 1997, de acuerdo con el reportaje “Familia Medina Mora prosperó junto al
Ministro” de la reportera Susana Zavala de El Universal, publicado el 8 de
octubre de 2019.
Pese a que
Medina Mora aseguró este año que sus participaciones en los negocios familiares
–como Compusoluciones y Asociados– “fueron debidamente documentadas y reportadas
a las autoridades fiscales e incluidas en sus declaraciones como
contribuyente”, la revisión de sus declaraciones patrimoniales no dibuja a
un personaje político transparente; al contrario. Las 19 declaraciones
patrimoniales que presentó ante la Secretaría de la Función Pública no permiten
al escrutinio público evaluar su evolución patrimonial.
Lo
anterior cobra relevancia considerando que además de ser investigado por
presunta triangulación de recursos, Eduardo Medina Mora es acusado por la
Fiscalía de Chihuahua de encubrir al ex Presidente Peña Nieto en lo relacionado
con la denominada “Operación Zafiro”, que implicó el desvío de 270 millones de
pesos del erario público al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante
el Gobierno (2010-2016) de César Duarte Jáquez en Chihuahua.
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