Por Efrén
Flores.
El
charrismo sindical en México aún no es cosa del pasado. El Presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) asegura que su administración ya dio vuelta de
página; que su gobierno no auspicia ni auspiciará sindicatos a modo y a líderes
sindicales que sirvan de botín político. Pero la realidad es otra. México aún
carga con caciques vitalicios que han permanecido más de 40 años al mando de
una organización sindical, entre acusaciones de corrupción y enriquecimiento
ilícito.
La semana
pasada los sindicatos en México escribieron un nuevo capítulo en su historia.
Después de 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, Carlos Antonio Romero Deschamps renunció a la dirigencia
nacional. Lo hizo en medio de dos investigaciones en su contra por presunta
corrupción que incluso derivaron en el congelamiento de dos de sus cuentas
bancarias, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
En respuesta
a la salida de Romero Deschamps del Sindicato de Pemex, líderes sindicales
de diversas centrales obreras –Francisco Hernández Juárez (UNT), Isaías
González Cuevas (CROC) y Rodolfo González Guzmán (CROM)– aseguraron que no hay
una “embestida” del Gobierno federal en contra de los líderes sindicales, como
sucedió en 1989 con Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y Carlos Jonguitud
Barrios, o con Elba Esther Gordillo Morales en 2013.
“Aquí no
tenemos ningún temor […] que hay[a] una embestida o persecución” en contra del
sindicalismo. Para los líderes de las centrales obreras, aunque la renuncia de
Romero Deschamps “corresponde a una decisión de los trabajadores”, se trató de
una situación impulsada por la “posición del gobierno sobre los asuntos sindicales”
en lugar de un golpe de timón por cuestiones políticas, como sucedió en los
sexenios de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto.
De
acuerdo con Hernández (UNT), González (CROC) y González (CROM), los líderes
sindicales tienen nada que temer. “En la medida en que avance el proceso de
democratización y modernización cada vez habrá más dirigentes legítimamente
electos por los trabajadores” en México, aseguraron el 16 de octubre en
conferencia de prensa.
Aunque el
gobierno ya no incida en los asuntos sindicales para mantener una estructura de
poder, aún hace falta que el Estado Mexicano refuerce el papel de los
sindicatos como elementos de equilibrio entre las fuerzas productivas del país,
para consolidar el papel de los sindicatos como representantes legítimos de los
trabajadores. Esto implica generar los mecanismos para organizar a los
trabajadores en defensa de sus derechos laborales.
Mientras
que la democracia no sea una realidad al interior de las organizaciones
sindicales, México seguirá transitando en un “contexto particularmente difícil
para el movimiento sindical independiente como lo es el actual”, de acuerdo con un análisis del
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.
El charrismo
es común en México. Las cifras oficiales de las organizaciones sindicales y
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indican que 15 de los
sindicatos más grandes del país (por número de afiliados a nivel nacional) han
sido liderados por caciques que han permanecido en el poder durante 22 años en
promedio.
Una revisión
de la Unidad de Datos de SinEmbargo también arrojó que al menos 13
secretarios generales de los 22 sindicatos más grandes a nivel nacional tienen
vínculos con algún partido político: 10 al PRI, dos al PRD y uno a Morena. Asimismo,
hay 13 secretarios generales que han sido acusados de ejercer “charrismo
sindical”, además de ocho que fueron señalados o investigados por incurrir en
actos de corrupción.
LOS AMOS DEL
PODER
Carlos
Antonio Romero Deschamps estuvo 26 años al frente del Sindicato de Pemex. El
tres veces Diputado federal y dos veces Senador de la República del PRI no es
el único líder sindical perpetuado en el poder. Tampoco es el que más ha durado
y no es el único acusado de charrismo y/o corrupción.
Los
dirigentes de los sindicatos de Telefonistas de la República Mexicana y de
Trabajadores de la Industria Química de México, Francisco Hernández Juárez y
Gilberto Muñoz Mosqueda duplican el récord de Romero Deschamps. Cada uno de
ellos lleva 43 años al frente de sus respectivas organizaciones sindicales, de
acuerdo con la información oficial.
El
telefonista Hernández Juárez seguirá al mando hasta el año 2020. Durante sus
años como líder sindical también fungió como Diputado federal (2009-2012) del
PRD. Muy parecida es la historia de Muñoz Mosqueda, quien fue dos veces
Diputado y una vez Senador entre 1979 y 1991 por parte del partido tricolor.
Sin embargo, el mandato de este trabajador de la industria química concluyó de
manera abrupta luego de su asesinato en mayo de 2019.
El día 11 de
ese mes, Muñoz fue atacado a balazos en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato.
El hombre de 83 años de edad murió durante su traslado al hospital. Además de
su influencia en el gremio de la química y de la petroquímica, el otrora líder
sindical era considerado como uno de los hombres más influyentes en la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), una central obrera emanada del
viejo Revolucionario Institucional durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas
del Río (1934-1940).
Además de
Hernández y Muñoz hay dos secretarios generales que han durado más que Romero
Deschamps. Ellos son los priistas Armando Neyra Chávez y Víctor Félix Flores
Morales de los sindicatos de Trabajadores de la Industria Embotelladora y de
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.
Neyra
Chávez fue cinco veces Diputado federal y Senador de la República en una
ocasión, entre 1979 y 2015. Este líder sindical lleva 32 años en el poder y su
último periodo de mandato concluirá en el año 2022. Flores Morales lleva en
cambio 26 años al frente del Sindicato Ferrocarrilero. El tres veces Diputado
federal y una vez Senador (entre 1997 y 2012) liderará dicho sindicato hasta el
año 2024.
Entre los 15
secretarios con más años en el cargo también están otros tres ex
legisladores federales: el ex Diputado perredista Agustín Rodríguez Fuentes,
con 25 años al frente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México; el ex Diputado priista Patricio Flores Sandoval, con 19
años de mandato en el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de
Televisión y Radio; y el aún Senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, con 17
años al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Otros
secretarios acusados de ejercer el charrismo sindical son los priistas Manuel
Fermín Acevedo González (21 años), Juan Villafuerte Morales (17 años), Víctor
Fuentes del Villar (14 años) y Martín Esparza Flores (14 años) de los
sindicatos de Correos de México, de Jornaleros y Obreros Industriales, de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y Mexicano de
Electricistas.
En la lista
de los secretarios más duraderos de los 22 sindicatos más grandes a nivel
nacional, también figuran Hugo Guillermo Díaz Covarrubias (18 años), Bertha
Guadalupe del Sagrado Corazón Rodríguez Sámano (11 años) y Gerardo Cortés
García (11 años) del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz
Integrada, de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México y del Sindicato Nacional de Trabajadores
Harineros.
HUELLAS DE
CORRUPCIÓN.
Carlos
Antonio Romero Deschamps renunció a la dirigencia nacional del Sindicato de
Pemex para atender las dos investigaciones en su contra por presunta
corrupción.
De acuerdo
con el trabajador disidente del STPRM, José Luis González Meza, “Romero
Deschamps tiene al menos 500 millones de dólares” provenientes del robo de
cuotas sindicales y del huachicoleo de combustibles de Petróleos Mexicanos.
Durante sus 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Romero
Deschamps enfrentó múltiples acusaciones de corrupción y enriquecimiento
ilícito.
Uno de los
casos más controvertidos fue el del llamado “Pemexgate”. Durante el sexenio
(200-2006) del ex Presidente Vicente Fox Quesada, Romero fue acusado de armar
un desvío de 1.1 mil millones de pesos del STPRM, para financiar la campaña
presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa en el año 2000.
El otrora
líder sindical y su familia hoy son investigados por presunta corrupción.
Mansiones, yates y autos de lujo fueron parte de los objetos que levantaron
sospecha e indagatorias por parte de las autoridades del Gobierno federal.
Al igual
que Romero Deschamps, al menos otros ocho secretarios generales han sido
acusados de incurrir en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
En 1996, Ferrocarriles
Nacionales de México empezó su proceso de privatización y miles de trabajadores
fueron liquidados a través de un fideicomiso. Ese año, Víctor Félix Flores
Morales, dirigente del sindicato, dejó su casa de 50 metros cuadrados y adquirió
un edificio completo de departamentos, de acuerdo con una investigación de
SinEmbargo.
Años más
tarde, en mayo de 2018, Flores Morales volvió a ser acusado de corrupción.
Integrantes
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros lo denunciaron por retenerles el
pago de bonos desde 2014. Ese mismo año, los trabajadores le solicitaron a la
entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) dar curso a las
denuncias presentadas en contra de Flores Morales por agresiones físicas,
hostigamiento y represión.
Manuel
Fermín Acevedo González también ha sido acusado de corrupción.
El líder
sindical de Correos de México es señalado de confabular con patrones, priistas
y familiares para mantener su poder en el SNTSepomex. Asimismo, trabajadores de
la Coalición Postal por una Democracia Sindical dijeron a SinEmbargo que
Acevedo González evita las disidencias con desinformación y miedo, además de
utilizar las cuotas sindicales para pagar casas en Acapulco y vivir con lujos
que no corresponden a su salario como subjefe de operación postal, que según el
registro de “Nómina Transparente de la Administración Pública Federal” de la
Secretaría de la Función Pública, es de 7 mil 522.07 pesos mensuales brutos.
El Senador
de Morena Napoleón Gómez Urrutia tampoco está exento de acusaciones. El
líder de los trabajadores mineros y metalúrgicos carga con la muerte de 65
trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de la mina de carbón de
Pasta de Conchos (Coahuila) en 2006.
Días
después del accidente, el gobierno del ex Presidente Fox inició una
investigación en contra de Gómez Urrutia por el presunto desvío de 55 millones
de dólares de un fideicomiso minero, que concluyó con una orden de aprehensión
en su contra. Hasta agosto del año pasado, el líder sindical se mantuvo
exiliado en Vancouver, Canadá.
Además,
está Víctor Fuentes del Villar. El 4 de enero de este año, fue reelegido como
el líder del SUTERM. Durante años, los trabajadores electricistas lo han
acusado de usurpación del puesto de secretario general y de tener un patrimonio
que no coincide con su ingreso.
La
información oficial indica que Fuentes cobra poco más de 20 mil pesos como
electricista (clave 69186 ante el POT) y que controla un presupuesto de más 63
mil millones de pesos anuales, de acuerdo con documentos de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE). A eso se suman las cuotas sindicales: la CFE entrega al
SUTERM el 2 por ciento del salario de cada uno.
En
septiembre de 2015, Fuentes fue señalado de tener cinco propiedades –entre
ellas una en Reforma 222– con un valor superior a 30.6 millones de pesos.
Otro de los
líderes sindicales acusados de enriquecimiento ilícito es Martín Esparza
Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Según
integrantes del colectivo disidente “Para Todos Todo”, detrás de las elecciones
“amañadas” de junio pasado para renovar 13 cargos del Comité Central del SME,
está el interés de Esparza de mantener “el negocio millonario” de la Generadora
Fénix, una empresa del mercado eléctrico mayorista que se formó en octubre de
2015 entre el SME-Cooperativa LF (49 por ciento) y la firma portuguesa
Mota-Engil (51 por ciento), tras la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza
hace diez años.
Los dos
secretarios generales restantes son el ex Diputado federal priista Alejandro
Rangel Segovia y Arturo Olivares Cerda de los sindicatos de Trabajadores de la
Industria Metal Mecánica Automotriz y Nacional de Trabajadores del Seguro
Social.
En 2014, Rangel
Segovia fue señalado de pretender pavimentar un camino de cinco kilómetros de
longitud con recursos del erario público, para crear un acceso a un castillo
estilo medieval de su propiedad, que le servía de casa de descanso ubicada en
la comunidad Lomas del Marqués en Irapuato (Guanajuato).
De acuerdo
con las declaraciones de Itzel Balderas Hernández, entonces directora de
Planeación y Desarrollo Gubernamental del Ayuntamiento de Irapuato, Rangel
se puso de acuerdo con la entonces Diputada federal tricolor María Esther Garza
Moreno, para solicitar 5 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para llevar al cabo las obras de infraestructura. Sin embargo,
Rangel y Garza habrían intentado etiquetar el gasto como parte de una obra
pública en la comunidad de Las Peñitas, ubicada cerca del castillo del priista.
En el caso
de Olivares Cerda también hay señalamientos.
En
febrero de 2019, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social acusaron
al líder sindical de propiciar la corrupción y despedir a todo aquel elemento
que lo denunciara ante las autoridades. Uno de los enfermeros que lo acusó por
esas fechas, identificado como Rafael Soto Cruz, señaló que fue cesado tras
denunciar el robo de 70 millones de pesos. El trabajador –y otros de sus
compañeros– señaló a Olivares Cerda como un líder “charro” y “falso”, además de
catalogarlo como “terrorista sindical”.
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