Por Noé
Zavaleta.
La
Fiscalía General del Estado exigió a un juez de Veracruz liberar la orden de
aprehensión en contra de los exfuncionarios de la Secretaria de Finanzas y
Planeación (Sefiplan) durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares:
Clementina Guerrero García, Bernardo Segura Molina, Adrián Viccon Basto y Luis
Francisco I. Virus’s Hernández.
Hasta el
momento sólo se ha podido confirmar la detención de Bernardo Segura,
exsubsecretario de Finanzas y Administración de Sefiplan, quien fue abordado
por Policías Ministeriales de la FGE cuando acudía a recoger a su hijo de la
escuela.
La
detención fue confirmada y celebrada en Twitter por el exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa –declarado enemigo público de Yunes Linares–,
quien festinó que ahora sí “habrá justicia para todos”.
Ni la
titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, ni su vocero, Jahir García,
han hablado sobre el tema.
En una hoja
de la orden de aprehensión filtrada a la prensa en Pacho Viejo –cárcel a donde
habrá de ser llevado Bernardo Segura– se aprecia que la detención de los
cuatro exservidores públicos de Sefiplan es por ejercicio indebido del servicio
público cometido en agravio del erario público.
“Hay
delitos por hechos de corrupción, así como su probable participación en el
delito de abuso de autoridad”.
En
contraparte, el exgobernador Yunes Linares envió una misiva a través de su
exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, en la que fustiga que estas “injustas
órdenes de aprehensión” intentan desviar la atención de la ingobernabilidad y
corrupción que permean en el actual gobierno del morenista, Cuitláhuac García.
“Lo
sucedido el día de hoy es una atrocidad. Un juez penal de Pacho Viejo dictó
orden de aprehensión contra cuatro exservidores públicos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación. Uno de ellos fue detenido esta mañana mientras dejaba a
su hijo en la escuela, como si fuera el peor delincuente”.
Yunes expone
que, previamente, la Contraloría General del Estado les había impuesto una
sanción económica de más de 750 millones de pesos.
A decir de
Yunes Linares, los acusan de no verificar por los medios legales pertinentes
la procedencia del dinero incautado a funcionarios del gobierno de Javier
Duarte, pese a que ese dinero fue entregado por la Procuraduría General de la
República.
“Eso fue
producto de todo el esfuerzo que hice durante meses para recuperar dinero y
bienes que habían sido robados a los veracruzanos. Además de no destinar todos
los bienes y recursos recuperados al sector salud, sino “sólo 281 millones de
pesos”, destinándose el resto fundamentalmente a equipamiento de la Secretaría
de Seguridad Pública”.
Yunes
Linares acusó a su otrora aliado, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, de liberar las órdenes de aprehensión
en su afán de garantizar su reelección en el Poder Judicial del Estado (PJE).
“Es una
enorme vergüenza que el Poder Judicial del Estado se preste a perseguir a
personas inocentes con argumentos que no resistirán un amparo ante la justicia
federal. No puede esperarse menos cuando el presidente del Tribunal Superior de
Justicia se ha puesto de rodillas frente al Ejecutivo en el afán de lograr su
reelección”.
A decir
de Yunes Linares, estas órdenes de aprehensión y estas acciones jurídicas
llevan de trasfondo intentar devolverle a los duartistas propiedades y cuentas
bancarias abundantes, producto del saqueo cometido en agravio de los veracruzanos
en el periodo 2010-2016.
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