Por Roberto
González Amador.
Las
“nuevas prioridades políticas” planteadas por el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador aumentaron la presión a las finanzas públicas, sostuvo el
Fondo Monetario Internacional (FMI). La “principal acción de las autoridades”,
consideró, debe ser aumentar los ingresos fiscales.
Para
lograrlo, recomendó aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a los
alimentos –hoy exentos. También, “abolir” la política de precios de las
gasolinas porque, a juicio del organismo, utilizar mecanismos fiscales para que
no aumente más que la inflación, como ocurre ahora, “beneficia
desproporcionadamente a los ricos”.
El FMI
publicó ayer el resultado de la primera evaluación que hace de la economía
mexicana en el gobierno de López Obrador. Es una práctica que rige para todos
los países miembros del organismo, al amparo del artículo IV del convenio
constitutivo del fondo, y que se realiza anualmente.
Para el
FMI el compromiso de las autoridades con la prudencia fiscal es fuerte y la
política monetaria, a cargo del Banco de México, ha logrado llevar la inflación
al objetivo de 3 por ciento. Pero el crecimiento ha disminuido “drásticamente”
y “las presiones fiscales están aumentando”. De hecho, para este año redujo de
0.9 a 0.4 por ciento el pronóstico de crecimiento.
El FMI destacó
en su evaluación que los programas gubernamentales aumentaron la presión sobre
el gasto, a la vez que el gobierno ha reiterado que propondrá cambios fiscales
hasta la segunda mitad de la administración. Consideró necesarias medidas
adicionales para cumplir con los objetivos fiscales de reducción de la deuda y
el déficit, y al mismo tiempo financiar el gasto.
Las
previsiones presupuestarias del gobierno, consideró, “se basan en supuestos
optimistas para el crecimiento del producto interno bruto (PIB), producción de
petróleo e ingresos fiscales.
“La
principal prioridad de las autoridades debería ser aumentar los ingresos
fiscales no petroleros y hacer al sistema tributario más progresivo”, es decir,
que grave en mayor proporción al estrato de ingresos altos. El fondo “insta a
las autoridades a llevar a cabo una revisión exhaustiva del sistema tributario
con miras a presentar planes para racionalizar los gastos y ampliar la base
impositiva”.
Las
propuestas.
Sugiere
gravar con IVA de 16 por ciento los alimentos, con beneficios específicos para
la población pobre, como una tasa inicialmente reducida que “podría suavizar la
transición” a la tasa de 16 por ciento.
En cuanto
el impuesto a las ganancias de las empresas y al ingreso de las personas,
propuso “racionalizar” algunas de las deducciones existentes o que benefician a
los estratos de mayor ingreso y ampliar el límite máximo del impuesto sobre la
renta (ISR), ahora en 32 por ciento.
El FMI cuestiona
la efectividad de la actual política de precios de gasolina, defendida por el
presidente López Obrador y que recurre a mover el impuesto especial sobre
producción y servicios para evitar variaciones abruptas. “Garantizar el
crecimiento del precio al público del combustible por debajo de la inflación
con reducciones de la tasa de impuestos especiales beneficia
desproporcionadamente a los ricos y debe abolirse”, según el FMI.
También recomienda
una reforma a los impuestos a la propiedad y registro de vehículos –uno de
ellos es la tenencia– para reducir las transferencias del gobierno central a
los estados y municipios.
Mencionó
que la reducción del IVA y el ISR en la frontera norte, ordenada por el
Presidente a principios de este año, “crea distorsiones y probablemente
erosiona la base impositiva y, por tanto, debe abolirse de inmediato o al menos
no extenderse”
después de 2020.
Pemex.
El FMI planteó
al gobierno reconsiderar el plan de negocios de Pemex con el objetivo de
mejorar la rentabilidad, al tiempo que se brinda alivio al presupuesto.
“La
situación financiera de la compañía sigue siendo débil, su deuda es elevada y
la producción había estado cayendo hasta hace muy poco. El plan de negocios
limita la cooperación con firmas privadas en los negocios de aguas arriba de
Pemex para contratos de servicios, prevé invertir mucho en refinación, un
negocio de baja producción y pérdidas, y carece de formas concretas para
reducir los costos operativos”, apuntó.
Por ello,
recomendó reconsiderar estas decisiones, dado que colocan la responsabilidad de
estabilizar a Pemex directamente en el gobierno. “Lo que es más importante, las
asociaciones entre Pemex y el sector privado siguen siendo la forma más
prometedora de remplazar las reservas y aumentar la producción dadas las
presiones fiscales”.
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