Por Sara
Pantoja.
Por
segunda vez en cuatro meses, taxistas concesionarios ahorcaron la movilidad en
la capital mexicana en protesta por la operación “ilegal” de aplicaciones
digitales como Uber, Cabify y Didi. Tras casi 12 horas de bloqueo, acordaron
directamente con la Secretaría de Gobernación la revisión de la legalidad de
dicho servicio y se comprometieron a no hacer más manifestaciones.
Como la
primera vez -el pasado 3 de junio-, los manifestantes, congregados en el
Movimiento Nacional Taxista (MNT) se saltaron el diálogo con el gobierno de
Claudia Sheinbaum y negociaron directo con Ricardo Peralta, subsecretario de la
Secretaría de Gobernación (Segob).
El
bloqueo en al menos 15 cruces principales de la Ciudad de México comenzó a las
5 de la mañana en la Ciudad de México, con la presencia de unidades que dan
servicio en territorio mexiquense, y se replicó en 28 entidades del país.
A la 1 de
la tarde inició el diálogo en la Segob, en el que estuvo presente la secretaria
de Gobierno local, Rosa Icela Rodríguez -aunque no firmó la relatoría de la
reunión-, y representantes de las entidades en las que también hubo bloqueos.
Cuatro horas después, autoridades y líderes taxistas informaron en conferencia
el acuerdo al que llegaron.
El primer
punto fue el establecer una ruta jurídica para la interpretación de si la
actividad de estas aplicaciones es legal o no. Para ello, a partir de este
martes se integrarán grupos jurídicos de las secretarías de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y Gobernación, sus homólogas de la Ciudad de México, el
Estado de México y las consejerías jurídicas de cada entidad, para establecer
dicha ruta.
Para el
lunes 14, a las 13:00 horas, se reunirán los representantes en la Segob para
conocer los resultados del encuentro de los jurídicos y la ruta a
desarrollarse.
El
subsecretario Peralta destacó que, “eventualmente, si resultan absolutamente
legales, que éstas (las plataformas digitales) sean de aplicación genérica,
incluido el Movimiento Nacional Taxista”.
El segundo
acuerdo fue que, una vez establecida esa viabilidad, que “puedan sumarse a
estas aplicaciones tecnológicas en igualdad de condiciones”.
El tercero consiste
en armonizar lo necesario, a largo plazo, para que todas las entidades
federativas y municipios, con sus legislaciones particulares, puedan encontrar
una similitud para que el transporte de pasajeros público o privado tenga
igualdad de competencia. Además de regularizar los operativos que hace la SCT a
nivel nacional en las zonas federales.
Y el
cuarto y “primordial” punto del acuerdo, es que “bajo ninguna circunstancia y
en cumplimiento de estos mismos acuerdos, no habrá ningún bloqueo a ninguna
vialidad de ninguna de las ciudades donde hoy se ha manifestado el Movimiento
Nacional Taxista”.
El
subsecretario Ricardo Peralta explicó que, aunque la materia de transporte
público no es su facultad de la Segob, ésta actúa “como intermediaria para
evitar que continúen los bloqueos en la ciudad y ser coadyuvantes para que el
acuerdo siga adelante y tenga una solución definitiva”.
La idea,
comentó, es buscar igualdad de derechos y condiciones para ofrecer el servicio,
incluida la seguridad para el pasajero, la identidad del vehículo y de los
conductores, así como los respectivos seguros y pagos de derechos.
Mencionó
que, de resultar legal la operación de plataformas digitales, hay gente de la
iniciativa privada interesada en diseñar y operar una plataforma “sin costo”. Y
aclaró que en esta mesa de negociación no se puso en discusión el aumento de
tarifa, que es otra de las demandas de los taxistas.
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