Darío Celis.
Cuando
los congresistas americanos le preguntaron a Luisa María Alcalde dónde estaba
el dinero para implementar la reforma laboral a la que México se comprometió en
el T-MEC y cuánto es, contestó que en el Presupuesto de 2020.
Pero a la
hora que pretendió entrar en detalles sobre la cantidad de recursos, la
Secretaria del Trabajo se hizo bolas y surgieron las caras largas entre los
demócratas representantes de Nancy Pelosi.
Un
legislador mexicano salió al quite y explicó que será un proceso de cuatro años
lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dio de plazo.
En ese
lapso se deberán tener los recursos y pondrá a funcionar la nueva estructura
laboral, que incluye personal capacitado, juntas de conciliación, tribunales
laborales, instalaciones físicas y equipamiento.
Lo más
que se ha informado a los congresistas americanos que desde ayer realizan una
visita de trabajo, es que el Congreso destinará 500 millones de pesos. Pero el
Poder Judicial habla de que se necesitan 4 mil millones.
La delegación
la integran Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios; Bill
Pascrell, de Nueva Jersey; Dan Kildee, de Michigan, y Jimmy Panetta y Jimmy
Gómez, de California.
Aunque
están presupuestados 20 juzgados laborales del ámbito judicial en 10 estados
como etapa regional, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no
se garantiza su éxito.
Y es que
si bien se habla de cuatro años, falta el compromiso y el presupuesto
específico para la creación de la infraestructura para el Centro Federal de
parte de la 4T.
Se conoce
que ante la falta de recursos, porque se requieren mil millones de pesos
anuales durante los próximos cuatro años, la Secretaría de Hacienda ya tocó la
puerta del BID.
Las
huestes de Arturo Herrera quieren pedir un préstamo de 100 millones de dólares
al Banco Interamericano de Desarrollo, que preside Luis Alberto Moreno, más el
costo de capacitación.
Los
legisladores también cuestionan los cómos de la democracia sindical, la
transparencia en el manejo de los recursos y los procesos electorales, la
representatividad de los líderes sindicales y la legitimidad de quienes son
titulares de los contratos.
Quieren
visitas de equipos binacionales de inspectores laborales, lo que México no
acepta. “Concesiones nuevas o contrarias al interés de México, no”, ha dicho
Jesús Seade,
subsecretario para América del Norte de la Cancillería y negociador del T-MEC.
Pero el
tema fundamental de la agenda es el que tiene que ver con un mecanismo
coercitivo y de control que el gobierno de México se va a imponer en caso de
incumplimiento del capítulo laboral.
Puede
llamarse acuerdo paralelo laboral, observatorio laboral o tribunal laboral
trinacional. Pero eso lo vamos a saber en un par de semanas.
LA OPERACIÓN
QUE tienen atorada Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani es la compra
de 50 por ciento de las acciones de Televisa Radio. Aquí publicamos días
atrás que se había realizado el primer pago equivalente a alrededor de 37
millones de dólares, la mitad del importe total. No es correcto. Los dueños del
Grupo Coral no lo aplicaron porque Santander al final no liberó los recursos,
pese a que ya estaban autorizados. Sucedió que la institución que preside Ana
Botín y que es accionista de Prisa, que encabeza Manuel Mirat, poseedora del
otro 50 por ciento de la cadena, solicitó un aval personal de Alemán Velasco
que nunca llegó. A estas alturas se siguen haciendo esfuerzos para rescatar la
transacción, pero nos aseguran que al interior de la familia hay resistencia a
dar más garantías personales.
TELÉFONICA-MOVISTAR
ENFRENTA demandas de startups que bajo la figura de Operadores Móviles Virtuales
firmaron contratos con la firma que preside Camilo Aya. Estas pequeñas
operadoras utilizarían la red de la española para revender servicios, pero la
compañía desvirtuó el modelo que se implementó a la luz de la Reforma de la Ley
de Telecomunicaciones cobrando por anticipado servicios de licencias y acceso a
su red, que expresamente prohibía el Instituto Federal de Telecomunicaciones a
cargo de Gabriel Contreras.
EL COMITÉ DE
bonistas de Maxcom finalmente acordó con la telefónica que dirige Lauro Cantú
apoyar el plan de reestructura financiera que empuja Ventura Capital, de
Enrique Castillo Sánchez Mejorada. Moneda, MSN y Megeve, que representan 40 por
ciento del remanente del bono de 103.4 millones de dólares, se oponían a los
términos de la restructuración. A los quejosos los representó la firma Paul
Hastings, de Zeth M. Zachary, y a Maxcom BCP Securities, de Anthony McCarthy y
Héctor Rangel Domene.
A
PROPÓSITO DE LÍOS, se acaba de condenar a Tecnologías Relacionadas con Energía
y Servicios Especializados (Trese), de Ricardo Silva, a pagar una indemnización
a Sistemas Integrales de Compresión y Alher Oil & Gas, de Mariano
Hernández, por incumplimiento de contrato. Estamos hablando de 2 millones 989
mil 971 pesos y 624 mil 582 dólares. El 3 de octubre la Cámara Internacional de
Arbitraje emitió el laudo. El panel lo integraron José Sáenz Viesca, Raúl
Valencia del Toro y Rodrigo Zamora.
CON LA
SALIDA en desbandada de funcionarios de la CNBV es un hecho que viene una
reestructura en el regulador. Le platicaba la semana pasada de la salida de
Gamaliel Patiño, quien ya había sido propuesto para la vicepresidencia
Jurídica. Esa posición sigue acéfala y no es remoto que Margarita de la Cabada,
la vicepresidenta de Normatividad, pueda fusionarla. Otra que la busca es Luz
María Padilla, directora general Contencioso. Urge un nombramiento porque el
organismo de Adalberto Palma está perdiendo litigios.
LA MALA
NOTICIA para Santa Lucía y el AICM es la renuncia que presentó al subsecretario
de Transporte, Carlos Morán, el director de este último, Miguel Peláez, quien
es internacionalmente reconocido como un experto en aeronáutica y
aeronavegabilidad. Este funcionario era quien verdaderamente defendía el
proyecto aeroportuario metropolitano y en quien los organismos internacionales
confiaban. Gran pérdida para López Obrador. ¿Qué motivó a Pelaez renunciar, los
malos tratos de que fue víctima?
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