Julio Astillero.
Menudo
enredo se ha armado en torno a la elección de dirigencia de Morena. Además de
la circunstancia surrealista relacionada con un padrón de militantes del
partido en el poder, cuya cuantía y confiabilidad ponen en duda varios de los
probables competidores, la actual presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky,
ha llegado al extremo (que parecería impensable en otro contexto) de acusar de
delincuencia electoral a algunos miembros de la plantilla estelar y favorita
del obradorismo para el reparto asistencial, los superdelegados estatales.
Polevnsky,
cuya carrera política luego de dejar una representación de intereses
empresariales ha dependido estrictamente de la imperativa voluntad de quien hoy
preside a la nación, ha dado a esa estructura de coordinadores estatales de
programas federales un golpe políticamente más fuerte que el gestionado y
conseguido por el Partido de la Revolución Democrática (con el ex diputado Rafael
Hernández Estrada como uno de los principales promotores) en el ámbito del
Instituto Nacional Electoral.
El PRD
denunció que, al distribuir recursos públicos, los llamados servidores de la
nación realizan actos de promoción personalizada; el tema ya ha pasado al
tribunal electoral federal para la decisión final. La acusación va contra el
Presidente de la República; la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y
el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García. La
citada Polevnsky, por su parte, ha centrado sus dardos en García, quien fue
secretario de organización de Morena (en esa condición, afinado operador
electoral) y ahora coordina a los servidores de la nación en todo el país. Dijo
Yeidckol que cuando menos en cinco estados se está usando el padrón de
asistencia social para fines partidistas en Morena y que posiblemente esas
irregularidades han sido auspiciadas por Gabriel García.
Por lo
pronto, Polevnsky y otro aspirante, Mario Delgado (ebrardista de origen,
presuntamente apoyado por el políticamente jabonoso Ricardo Monreal), han
aceptado la posibilidad de posponer el complicado proceso electoral partidista,
para que se realice en 2020 (falta conocer la postura de la aspirante más
apreciada para esta sucesión en Palacio Nacional, Bertha Luján). De aceptarse
tal aplazamiento, en ese lapso tal vez podría acelerarse el trámite para
modificar estatutos o hacer alguna estrategia que permita incorporar el método
de las encuestas para decidir cargos directivos en Morena, como ha propuesto el
jefe máximo de ese partido, aunque actualmente los citados estatutos internos
no lo permiten.
El
columnista de asuntos económicos y financieros Mario Maldonado dio a conocer
ayer la existencia de dos comunicados oficiales que sirvieron, en el lapso de
dos días, para prohibir el uso de recursos en las cuentas bancarias de Eduardo
Medina-Mora y algunos de sus familiares y, luego, devolver tal capacidad de
disponer de esas cuentas. Tal movimiento de ida y vuelta tuvo coincidencia con
el lapso en que Medina-Mora renunció al cargo de ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, cual si el congelamiento hubiese sido una presión que
se deshizo en cuanto la renuncia del citado ministro se consumó.
En respuesta
a las especulaciones que generaron los dos oficios de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de esa
oficina, Santiago Nieto Castillo, hizo saber que ese congelar y descongelar
cuentas es un procedimiento que se ha hecho en infinidad de asuntos (...) y de
acuerdo con los tiempos de las investigaciones. Es importante precisar que el
bloqueo de las cuentas bancarias del ex ministro se realizó DESPUÉS (mayúsculas
escritas en el original) de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un
mecanismo para que dimitiera.
Y, mientras
el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, elude enzarzarse en discusiones con
Felipe Calderón Hinojosa.
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