El abogado Gabriel
Regino presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por
supuesto desvío de recursos en la construcción de la Estela de Luz.
“Con un
argumento falaz de ser responsables del encarecimiento del costo final del
monumento conmemorativo del bicentenario de la Independencia, la famosa Estela
de Luz, varios ex funcionarios públicos han sido utilizados como chivos
expiatorios y sobre ellos han pesado todas las acusaciones, inhabilitaciones
administrativas y hasta órdenes de aprehensión que les han causado un impacto
negativo en sus vidas profesional y personal.
“Por esta
razón, el grupo de inocentes ha decidido actuar penalmente en contra de
diversas autoridades federales de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto, luego de siete años de vivir en precarias condiciones
porque no logran conseguir empleo, pues son señalados de ser los culpables del
mega fraude que envolvió las obras de construcción del monumento conmemorativo
por los 200 años del inicio de la guerra de independencia y de los 100 años del
inicio de la revolución”, dice el comunicado del despacho Regino Abogados, defensor de los
empleados de la empresa encargada de ejecutar la obra.
El
comunicado detalla que, en enero del año 2010, integrantes de un comité de
obra de la empresa III Servicios S.A de C.V. (Triple I), subsidiaria de
Petróleos Mexicanos, recibió un expediente en el que se proponía la
construcción de un monumento conmemorativo y que sería una estructura urbana en
corma de arco que se colocaría sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de
México.
“Sin
embargo, este comité tenía como única responsabilidad dar validez a la
suficiencia presupuestaria y a la viabilidad financiera y operativa para
realizar la obra. Es decir, avalar que el gobierno federal contaba con los
recursos suficientes para la construcción del monumento.
“En su
momento este comité avaló que por razones de tiempo para la ejecución de la
obra, la licitación no fuera por convocatoria pública, sino bajo el esquema de
invitación restringida a por lo menos tres proveedores, aunque en principio se
inscribieron nueve propuestas para este proyecto”, relata.
“Nunca
antes esta empresa de Pemex había dado visto bueno a una obra similar, pero con
la llegada en junio de 2009 de Agustín Castro Benítez como director de Triple I
servicios la situación cambió, pues el nuevo funcionario aclaró a su personal
que venía nombrado directamente por el presidente Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa y que entre
sus funciones estaba precisamente el proyecto del monumento del bicentenario.
“La labor
de este comité concluyó el día que dieron visto bueno a la suficiencia
presupuestal y a la viabilidad de la obra y a partir de ahí las personas
involucradas no tuvieron nada más que ver con el futuro de este monumento”, destacó.
El costo
en ese enero de 2010 era de 398 millones de pesos para el proyecto del Arco Bicentenario que debía
inaugurarse el 15 de septiembre de ese mismo año, recuerda.
“La obra
no se concluyó; se entregó el 30 de enero de 2011 y terminó siendo una combinación
de torre luminosa con obelisco ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma y
Lieja, colonia Juárez, en la entrada del Bosque de Chapultepec y que terminó
costando poco más de mil 200 millones de pesos.
“La
Secretaría de la Función Pública fincó responsabilidad administrativa en contra
de quienes integraron este comité de obra y la ex Procuraduría General de la
República (PGR) inició una averiguación previa en contra de las mismas personas
que nada tuvieron que ver con el cambio de proyecto ni con los sobrecostos”, expuso.
El
argumento de la PGR para girar órdenes de aprehensión es que por culpa de la
decisión del comité de haber optado por la invitación restringida y no una
licitación pública abierta, es que se generó el sobrecosto y el daño al erario
público, añadió.
“Durante
siete años estas personas acusadas falsamente y a quienes pretenden mantener
como chivos expiatorios han mantenido su defensa jurídica, a costa incluso de
tener que ampararse para poder permanecer en libertad e incluso lograron demostrar
que su inhabilitación para ser funcionarios públicos fue injusta e ilegal.
“Quienes
han sido acusados y lastimados en su honor piden al gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República que le
cierren el paso a la impunidad y castiguen a quienes son los verdaderos
responsables del este desfalco, comenzado por investigar al ex presidente
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa”, concluye el comunicado.
En respuesta
a un tuit en el que Calderón rechaza la acusación, Regino respondió: “Entonces
por qué su Gobierno ordenó encarcelar a quienes no participaron en la obra ni
en los errores en las ingenierías del proyecto?”.
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