Designación de magistrados: lecciones del caso Coahuila

Por Laurence Pantin Y Alejandra Quezada.

El pasado 31 de octubre, con 22 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Congreso local de Coahuila aprobó la designación de seis nuevos magistrados por parte del Ejecutivo, con base en propuestas del mismo Poder Judicial. Ese voto casi unánime certificó un proceso que fue objeto de cuestionamientos y parece reflejar una tendencia a la opacidad, la falta de rigor, el riesgo de conflicto de interés y las dudas sobre la idoneidad de los perfiles profesionales elegidos, que marca los procesos de nombramientos de magistrados en muchos estados.

Entre los nombramientos más polémicos la prensa local reporta el caso de un académico que, además de ocupar varios altos cargos en el gobierno estatal, llegó a ser director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, cargo al que tuvo que renunciar después de que alumnos lo acusaran de deficiente manejo de los recursos. Y ahí está un exdirector de Inspección y Verificación de Torreón, que al no aprobar los exámenes de control y confianza fue readscrito a otra dirección del gobierno municipal. O la extitular de la Consejería Jurídica del estado, que quizá tenga que excusarse de resolver asuntos en los que esté involucrado el Ejecutivo estatal y que haya defendido en su anterior cargo.

Como lo vemos, dos de estos nuevos magistrados son personas de confianza del Ejecutivo estatal (de extracción priista) y uno lo es del alcalde de la capital del estado (del PAN), por lo que su nombramiento, que parece haber sido resultado de una negociación política entre las dos principales fuerzas políticas del Congreso local [1], también podría implicar riesgos a la independencia del Tribunal Superior de Justicia.

La preocupación frente al proceso de selección de los magistrados de Coahuila se hizo patente unos días antes de las designaciones, cuando el Presidente de la Asociación de Jueces del Coahuila se manifestó a favor de que se consideraran perfiles internos al Poder Judicial, señalando que existen jueces que cuentan con antigüedad, honestidad y capacidad probada, en contraste con algunos perfiles de candidatos externos.

Ahora bien, no es extraño que los jueces prefieran que los magistrados provengan de la carrera judicial, pues representa, para ellos, la única forma de escalar. Menos común es que los abogados se pronuncien en este sentido, como lo hizo el vicepresidente de la Federación de Barras, Asociaciones y Colegios de Abogados de Coahuila, quien recomendó que se legislara para evitar que personas que no cuentan con los méritos y experiencia necesarios sean magistrados y refirió que algunos perfiles podían cuestionarse frente a los de jueces con varios años en el ejercicio del encargo.

Por supuesto, de acuerdo a la normatividad estatal, le corresponde al Legislativo analizar los perfiles de los magistrados para ver si cumplen con el requisito para obtener el cargo, establecido en la Constitución del estado, de haberse “distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica” y valorar su idoneidad. Sin embargo, en Coahuila no parece ser el caso. Llama la atención que, en referencia a los nombramientos aprobados, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local haya declarado: “Fue una amplia discusión, el propio Tribunal Superior de Justicia emite sus propuestas al Ejecutivo, éste a su vez envía la terna al legislativo que tiene la facultad de votarlo. Yo confío en que los 6 perfiles que fueron analizados cumplen con el requisito, quiero decir que las 16 propuestas que hizo el Poder Judicial todas merecen nuestro reconocimiento”.

El legislador parece reconocer que el Poder Legislativo no se cercioró de que cada aspirante realmente cubriera los requisitos y que además su perfil haya destacado por su idoneidad con el puesto, sino que confió en que el Judicial y el Ejecutivo lo hayan hecho.

Quizás por ello, unos días después de las designaciones, legisladores del PAN presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local para modificar este proceso. Plantea que el Consejo de la Judicatura proponga al Ejecutivo una terna por cada puesto vacante, integrada a partir del análisis de propuestas que presenten instituciones académicas de alto nivel y de asociaciones de juristas de reconocido prestigio.

Concursos de oposición, ¿en el horizonte?

Pero esta preocupación no es propia de Coahuila. Vale la pena recordar que también existe en el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Constitución federal, enfocada a homologar y fortalecer el proceso de selección de los magistrados a nivel estatal. Prevé que se realice mediante un concurso de oposición abierto tanto a integrantes del Poder Judicial como a externos. Con base en este concurso, el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá someter a consideración del Congreso una terna de candidatos y, previa comparecencia pública de sus integrantes, el Congreso elegirá al magistrado que deba cubrir la vacante [2]. La idea esencial detrás de esta propuesta es que con base en este proceso se garantizaría una selección basada en méritos y transparencia, lo cual contribuiría a la independencia judicial.

Si bien no es ideal que los legisladores federales modifiquen la regulación del proceso de designación de los magistrados locales –pues al siempre latente riesgo de interferencia entre poderes se añade la sospecha de intervención ‘centralista’–, es cierto que esto representaría un avance en los 25 estados, donde hoy los magistrados son nombrados por el Legislativo y/o el Ejecutivo sin que los aspirantes se sometan a un concurso de oposición[3]. Además, ello permitiría evitar que los procesos de nombramiento de estos juzgadores a nivel local estén sujetos a modificaciones cada vez que haya un cambio en el contexto político de las entidades federativas, como se ha observado en algunas entidades.

Más allá de esta propuesta, y cualquiera que sea el mecanismo de selección de los magistrados, sería deseable que en todos los estados estos procesos se desarrollaran con mayor transparencia y publicidad. Además de la publicación de los perfiles y trayectoria de los aspirantes, se deberían abrir espacios para que los ciudadanos puedan opinar sobre los mismos. Cuando existen concursos, es importante publicar los resultados de todos los exámenes aplicados, pues brinda mayor certeza –tanto a los concursantes como a los ciudadanos– sobre la imparcialidad de los mismos.

Éstas son solamente algunas medidas que podrían mejorar la confianza ciudadana en los nombramientos de magistrados, quienes tienen funciones estratégicas, ya que no solamente son la última instancia para resolver un asunto a nivel local, sino que también eligen, de entre sus pares, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Es decir, son ellos quienes determinan quién está a la cabeza del órgano jurisdiccional y de la instancia encargada de la administración de los recursos materiales y financieros del Poder Judicial, así como de la vigilancia, formación y disciplina de todos sus funcionarios.

De esta situación da cuenta la designación como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de un ex diputado local de reconocida cercanía con el actual gobernador, quien fue nombrado magistrado a principios del año. Su elección a la cabeza del Poder Judicial, que ocurrió el mismo día en que tomaron protesta los magistrados, fue avalada por los seis nuevos integrantes del Pleno de 16 magistrados.

Como lo demuestra el caso de Coahuila, no es ideal que los nombramientos en un Poder Judicial tengan un tinte político. Si el presidente del Poder Judicial tiene que garantizar la independencia del órgano, él mismo tiene que ser independiente, y también los magistrados. Por ello es urgente que se transparenten y se precisen los criterios a partir de los cuales se realizan sus nombramientos.

Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) es investigadora. Las autoras agradecen la revisión de Pablo García.

[1] El PRI cuenta con 10 de los 25 diputados estatales, mientras que el PAN tiene 9.

[2] Si bien es generalmente positiva esta iniciativa, representaría un proceso en el Estado de México, donde el nombramiento se realiza por el Consejo de la Judicatura, con base en los resultados de un concurso de oposición, y luego es aprobado por el Congreso. Por ello, sería bueno considerar la posibilidad de que el nombramiento no se realice mediante una terna, sino que dependa del resultado del concurso de oposición.

[3] Los siete estados donde el proceso de designación de magistrados contempla un concurso de oposición son: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Oaxaca. En los 25 estados restantes, el nombramiento de magistrados depende del Legislativo y/o del Ejecutivo, a veces con base en propuestas del Judicial,