Raymundo
Riva Palacio.
Andrés
Manuel López Obrador tiene razón. Es un Presidente muy criticado y se puede
argumentar que es quien más lo ha sido durante sus primeros 10 meses de
gobierno en la historia moderna del país. Se explica por la velocidad con la
que está haciendo cambios, que genera resistencias de grupos de poder internos
y externos, y que en los medios produce análisis y señalamientos no del porqué
de los cambios, donde hay enorme respaldo, sino por el cómo los está
realizando, violentando leyes, aplastando instituciones y desarrollando
proyectos que no se ve que tengan destino. La crítica ayuda a los gobiernos a
mejorar sus propuestas. En su caso, la crítica lo quiere derrocar. Es absurdo,
pero su exigencia irreductible de subordinación absoluta, tampoco tiene registro
en la memoria moderna. Sus controversias las apoya en actos de fe; la crítica
pide razones.
La
intransigencia a dialogar con quien está en desacuerdo con sus ideas, también
ha hecho estragos en el proceso de toma de decisiones. En las reuniones diarias
previas a las mañaneras, entre los miembros del gabinete legal, el gabinete
legal ampliado, directores de área y hasta invitados que acuden a ellas, hay
quienes ya optaron por callar ante la descalificación que ha hecho el
Presidente de quienes discrepan. Su personalidad aplasta y resulta
contraproducente que lo contradigan. Para tratar de persuadirlo a que cambie
una política que fallará, o que acepte una propuesta que no está en su cabeza,
hay que decírselo de manera repetida por días con diferentes palabras. El
autoritarismo que enseña afuera es similar dentro de Palacio Nacional, y se
nota. El 65 por ciento de inversionistas consultados recientemente por el Bank
of America dijeron que el principal riesgo que ven en México es la forma como
toma decisiones el gobierno.
Hoy deben
estar más preocupados, tras la forma ciclónica como cerró la semana el
presidente López Obrador. El jueves se peleó con la prensa en su conferencia
matutina, los llamó –nos llamó perros a todos, aunque el viernes matizó– e hizo
una analogía que sugería que los medios fueron quienes encabezaron el golpe de
Estado contra Francisco I. Madero. La comparación es falsa y tramposa. El golpe
de Estado contra Madero se fraguó y financió en las oficinas de Henry Lane
Wilson, embajador de Estados Unidos en México.
El viernes
volvió al ataque, y reaccionó con descalificaciones de un sector del Ejército
representado por el exsubsecretario de la Defensa, el general Carlos Demetrio
Gaytán Ochoa, quien, en un discurso frente a la cúpula militar, afirmó: “La
sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no
mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda”. Las palabras
de López Obrador hieren al Ejército en una semana donde los llevó al patíbulo,
al orillarlos a asumir la responsabilidad única del culiacanazo, quitando
presión pública al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.
Según el
Presidente, las palabras del general sobre la inconformidad del Ejército
obedecieron a su rechazo a su estrategia de seguridad, porque como
subsecretario en el gobierno de Felipe Calderón “se aplicó una política de
represión y exterminio”, que él no va a llevar a cabo. El combate a criminales
no es represión, sino aplicación de la ley; el exterminio es un delito de lesa
humanidad (si tiene pruebas, debe proceder penalmente contra quienes lo
realizaron). El Presidente no sólo confunde conceptos –y esconde su laxitud en
el combate a delincuentes–, sino que la falta de filtros en su discurso lastima
a las Fuerzas Armadas. Quienes hoy lo rodean en el Ejército y la Marina también
participaron en aquella estrategia. Se puede criticar a Calderón por la forma
como lo hizo, pero las Fuerzas Armadas, entonces como hoy, fueron
institucionales. Los medios, a quienes acusa de silencio cómplice, denunciaron
también los excesos de aquella política y documentaron ejecuciones
extrajudiciales. El Presidente miente cuando niega esa realidad, y los archivos
están para desmentir sus dichos.
La escalada
no cesó. En la suma de esos dos días, al tercero, en su cuenta de Twitter,
López Obrador escribió dos mensajes inquietantes. Uno decía que “los
conservadores pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero”,
porque no tuvo o las condiciones le impidieron tener una base social. Pero
“ahora es distinto… la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de
una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y la paz, que no
permitiría otro golpe de Estado en nuestro país”. En el otro, precisó: “Aquí no
hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los
Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para
canallas que lo imploren”.
El
Presidente se quiere victimizar y, a partir de esa postura, identificar al
enemigo interno –sus críticos–, recuperar el consenso para gobernar –incluido
el apoyo a no combatir a los cárteles de la droga y avalar las violaciones a la
ley que de ahí emanan–, debilitado por el culiacanazo, y justificar actos de
represión. Pero no hay condiciones objetivas mínimas –ni las habrá– para un
golpe de Estado. El país no está quebrado, el Ejército no está dividido, el
sector empresarial no está financiando a militares para que lo derroquen, ni
hay insurrectos en el país. Tampoco hay una conspiración avalada por el gobierno
de Estados Unidos. Lo que sí hay es un esbozo de lo que quisiera hacer. Al
recomendar la fábula de las ranas de Esopo, que le piden a Zeus un rey por
tanta anarquía y desorden, pero como no les gustó, le pidieron otro. Al que les
mandó fue “una activa serpiente de agua que, una a una, las atrapó y devoró a
todas sin compasión”.
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