Por Armando
Guzmán.
El
gobierno federal oficializó la desaparición de las siete Zonas Económicas
Especiales (ZEE), incluida la de Dos Bocas, Tabasco, investigada por la
Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto fraude millonario en la
adquisición del terreno en la que se ubicaría.
Mediante un
decreto, publicado ayer martes 19, el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador abrogó las declaratorias de las ZEE de Puerto Chiapas;
Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas-La Unión, Michoacán; Progreso,
Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca; Seybaplaya, Campeche y Dos Bocas, Tabasco,
publicados el 29 de septiembre y 19 de diciembre de 2017 y el 18 de abril de
2018.
El
documento establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por
conducto de la dependencia para el desarrollo de las ZEE, deberá realizar las
acciones para dar por concluidas las obligaciones o compromisos que contrajo el
gobierno federal con las entidades federativas, municipios y particulares.
Los
inmuebles del dominio público de la federación destinados a las ZEE, serán
puestos a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales que, en el ámbito de su competencia, realizará las acciones respecto
a su destino, puntualiza el artículo tercero.
Asimismo, se
realizarán las gestiones correspondientes para que los inmuebles de Puerto
Chiapas y de Coatzacoalcos sean, en el primer caso, destinado a la Secretaría
de Bienestar y, en el segundo caso, aportado al patrimonio del Corredor
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En los
considerandos, se destaca que en los dictámenes emitidos por la autoridad
federal para el desarrollo de las ZEE, respecto a la viabilidad de los
proyectos, se estableció que el alcance de los objetivos dependía de múltiples
factores, entre ellos, inversiones, establecimiento de empresas, participación
de los sectores social y privado, así como la suficiencia de recursos
presupuestarios, sin embargo, “se advierte que lo aquí previsto no ha
podido llevarse a cabo”.
Se
resalta que las ZEE no han podido operar, “en virtud de que a la fecha no se ha
otorgado permiso o asignación alguno como Administrador Integral por no haberse
cumplido los requisitos legales”.
Refiere
también que en la sesión del 16 de octubre de 2019, la Comisión
Intersecretarial de las ZEE tomó conocimiento y validó el informe presentado
por la autoridad federal, “y acordó hacer del conocimiento del presidente de la
República que resulta conveniente dejarlas sin efectos”.
Menciona que
para impulsar desarrollos regionales, en el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 se incluyen proyectos como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec y la
Zona Libre de la Frontera Norte.
PRESUNTO
FRAUDE MILLONARIO.
El 18 de
abril de 2018, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las
declaratorias de las ZEE de Seybaplaya, Campeche y de Dos Bocas, Tabasco.
El entonces
presidente Enrique Peña Nieto las había anunciado días antes en el puerto de
Dos Bocas, municipio de Paraíso, donde se construye la refinería de Petróleos
Mexicanos (Pemex), con asistencia de los exgobernadores de Tabasco y Campeche,
Arturo Núñez y Alejandro Moreno.
Sin embargo,
en octubre de 2018, ya como gobernador electo, Adán Augusto López Hernández
denunció que la compra del terreno de 80 hectáreas para instalar la ZEE en Dos
Bocas, estaba “embarrada de corrupción”.
Dijo que
el predio fue adquirido en 40 millones de pesos y al final el gobierno
perredista de Arturo Núñez Jiménez pagó 100 millones, pues se le “inflaron” 60
millones de pesos.
López
Hernández reveló que a tres o cuatro vendedores el gobierno les pagó 40
millones de pesos por los terrenos, pero les pidió que escrituraran al doble
del valor, con facturas de empresas domiciliadas en la Ciudad de México.
Con
copias de cheques y otros documentos en mano, citó el caso de un vendedor a
quien le dijeron que le pagarían 15 millones 153 mil pesos, pero sólo recibió
tres millones 76 mil 164.11 pesos de la Comercializadora Genestay Veniega,
ubicada en Paseo de los Tamarindos 400 Torre A, Piso 21 y 26, en Bosques de las
Lomas, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
Además, cobró
otros dos millones 109 mil pesos a través de una “Factura MS”, con pago de
impuesto de un millón 215 mil pesos, más 333 mil pesos de notario, “o sea que
recibió siete millones y repartió ocho”, puntualizó.
Al día
siguiente, el gobernador Arturo Núñez anunció que había solicitado a la
Contraloría del Estado presentar demanda penal por la denuncia del mandatario
morenista electo.
“Conocí
las declaraciones del gobernador electo y de inmediato convoque a mi oficina a
la secretaria de la Contraloría, a la maestra Lucina Tamayo, a quien instruí
que iniciará de inmediato una investigación administrativa sobre el tema e
interpusiera denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que, en su
caso, se inicia una carpeta de investigación”, manifestó.
“Debo
precisar que todo el trámite respecto de ese predio lo realizó la Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, entonces yo espero que de ambas
investigaciones, la administrativa y la penal, aflore la realidad de este
asunto porque no permitiremos corrupción de nadie”, añadió.
Refirió que,
en números redondos, en el caso de la adquisición de las 80 hectáreas de
terreno, “el costo real fue del orden de los 100 millones de pesos”, sin
embargo, registró un sobreprecio de 60 millones.
A más de un
año de aquella denuncia y a 11 meses de gobierno de Adán Augusto López
Hernández, la FGE NO ha informado el estado de las investigaciones.
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