Por Arturo Ángel.
La solicitud de extradición de Karime Macías, que presentó la
entonces Procuraduría General de la República ante el Reino Unido a nombre de
la Fiscalía de Veracruz, se basa en una sola prueba: la acusación de Juan
Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF, quien supuestamente dijo que la esposa de
Javier Duarte ordenó pagar 112 millones 213 mil 844 pesos a empresas fantasma.
Las otras pruebas para lograr la extradición son 28 contratos
del DIF estatal con empresas fantasma, en los que no aparece su firma, de
acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso Animal Político.
Además, Nemi Dib ya había rectificado sus declaraciones en
contra de la esposa de Javier Duarte.
La declaración ministerial que se recabó a Juan Antonio Nemi
Dib, exdirector del DIF, fue durante el periodo en que se hicieron las
mencionadas contrataciones.
Lo que se refiere es que Nemi Dib señaló que las empresas
mencionadas fueron contratadas a través de licitaciones simplificadas (sin una
competencia real), y que las mismas fueron seleccionadas por Macías. El
documento no explica cómo la esposa del gobernador daba estas instrucciones.
“Nemi Dib manifestó que por órdenes de Karime Macías Tubilla
se realizaban los pagos a las empresas con celeridad, derivado a que eran
proveedores que ella solicitaba para el DIF”, señala el documento.
Este año el propio Nemi Dib promovió una queja ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en la que desestima la
referida declaración y las demás en contra de otros exfuncionarios, tras
señalar que fue víctima de presuntos maltratos y presiones de parte de la
Fiscalía estatal para inculpar a diversas personas.
El documento judicial enviado por nuestro país a las
autoridades británicas, donde se explica la acusación y las pruebas con la cual
se intenta responsabilizar a la expresidenta del DIF estatal, fue firmado por
el entonces procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán, ya que
por ser un trámite de extradición corresponde a la Fiscalía federal llevarlo a
cabo, aunque la carpeta de investigación del caso es de la Fiscalía de
Veracruz. El trámite comenzó desde 2018.
La indagatoria se sustenta en seis denuncias oficiales que
interpuso el DIF estatal concluido el sexenio de Duarte, y en donde se
identifica a 10 exfuncionarios como posibles implicados (entre ellos el
exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá quien sigue libre), sin que
Macías aparezca en esa lista.
Estos contratos presuntamente simulados fueron para la compra
de diversos productos, entre ellos equipo médico, sistemas de purificación de
agua, paquetes escolares, entre otros, que nunca fueron entregados a la
población beneficiaria.
Cabe recordar que Karime Macías fue liberada el pasado 5 de
noviembre en Londres tras cubrir el pago de una fianza de 150 mil libras
esterlinas. A partir de ese momento comenzó a correr un plazo de 30 días
naturales para que México presente la solicitud formal de extradición, y
corresponderá a la justicia británica decidir si la autoriza o la rechaza.
A continuación, se detallan puntos y evidencias clave de la
orden de aprehensión en contra de Karime Macías:
De acuerdo con los documentos judiciales, la investigación
contra Karime Macías inició a partir de seis denuncias penales presentadas en
marzo de 2017 por el DIF de Veracruz, relacionadas con posibles contratos
simulados que firmó dicho instituto con seis empresas, entre 2010 y 2012. Se
trató de una denuncia por cada empresa.
Las empresas señaladas en las denuncias fueron: Pefraco SA de
CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de
CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; Grupo Balcano SA de CV; y Anzara SA de
CV.
Todas estas empresas han sido identificadas como compañías
que simulan las operaciones que facturan, es decir: empresas fantasmas. Las
seis compañías forman parte de la red empresarial que Animal Político reveló
por primera vez en mayo de 2016, y a través de la cual se desviaron cientos de
millones de pesos en el sexenio de Duarte.
En las denuncias interpuestas se identificaron a una
decena de funcionarios como los probables responsables de estas anomalías, por
el cargo que desempeñaban en el periodo que se realizaron los contratos. En la
lista no aparece Karime Macías.
Quienes sí figuran en la lista son Juan Antonio Nemi Dib,
director del DIF en ese periodo; Antonio Tarek Abdalá Saad, quien era director
de Finanzas y Administración; Astrid Elías Mansur, directora de Atención a
Población Vulnerable; Miguel Ángel Ortíz Romero, quien también fue director de
Finanzas; Joaquín Flores Castro, subdirector de Recursos Materiales; Emilia
Yasbé Asamar Hernández, subdirectora de Recursos Financieros.
También aparece Víctor Manuel Carrizo Yoval, exjefe de
Departamento de Almacén e Inventarios; Julián Rubín Sandoval, quien también
fuera Director de Atención a Población Vulnerable; Pedro Manuel Solis García,
director de Asuntos Jurídicos, y Laura Elena Vega Martínez, jefa del
Departamento de Licitaciones.
Los contratos, pagos y facturas.
En la orden de aprehensión se describen un total de 28
contratos entregados a las referidas empresas por el DIF y firmados por los
funcionarios mencionados anteriormente.
Los montos pagados, de acuerdo con las transacciones y
facturas identificadas, se distribuyen así: seis contratos a Pefraco por los
cuales recibió 29 millones 955 mil pesos; un contrato a Abastecedora Romcru por
3 millones 963 mil pesos; cinco contratos a CERENE por 18 millones 872 mil
pesos; cinco contratos a la empresa Ravsan por 19 millones 308 mil pesos; seis
contratos a la compañía Grupo Balcano por 20 millones 892 mil pesos; y cinco
contratos a Anzara por los cuales se le transfirieron 20 millones 220 mil
pesos.
Los contratos son por conceptos diversos que incluyen desde
zapatos o vestimenta, hasta juguetes o despensas, diversos tipos de materiales,
equipo médico, entre otros. En todos los casos y tras la revisión
correspondiente, se encontró que no hay evidencia de que dichos productos
fueran entregados. Los supuestos beneficiarios, y en algunos no hay pruebas de
que ni siquiera hayan ingresado a los almacenes del DIF.
Destaca, por ejemplo, un contrato firmado el 7 de
diciembre de 2011 entre el DIF estatal y la empresa CERENE para la adquisición
de “Equipo médico para prevención y control de enfermedades” por un monto de 5
millones 928 mil 862 pesos. El contrato fue firmado por Tarek Abdalá, entonces
director de Finanzas del instituto, entre otros funcionarios.
Pese a que dicho contrato fue pagado en dos transacciones
bancarias, no existe registro ni siquiera de que el equipo médico haya entrado
al almacén del DIF.
Otro ejemplo es el contrato entre el DIF con la empresa
Ravsan, firmado el 22 de noviembre de 2011, para la adquisición de 59 mil pares
de zapatos, y cuya firma también estuvo encabezada por Tarek Abdalá. De nueva
cuenta los auditores no encontraron indicio de que dichos zapatos ingresaran al
almacén del Instituto, y menos de que hubieran sido repartidos.
Tarek impune.
Más de la mitad de los contratos señalados en la acusación
contra Macías fueron firmados por Antonio Tarek Abdalá, entonces director de
finanzas del DIF Estatal, de acuerdo con lo señalado en el documento firmado
por el entonces procurador Elías Beltrán.
Animal Político ha documentado en diversos reportajes la
participación de Tarek en los pagos a empresas fantasma, no solo desde el DIF
sino de múltiples dependencias, luego de que asumiera el cargo de Tesorero de
la entidad.
Por su parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha
presentado más de 40 denuncias penales ante el Ministerio Público de la
Federación por el mal manejo de más de 50 mil millones de pesos de fondos
federales en el gobierno de Duarte, y en las que se identifica como principal
responsable al también exdiputado del PRI.
Pero Tarek Abdalá no ha sido detenido ni procesado. Esto
ya que firmó un acuerdo con la entonces PGR (denominado técnicamente criterio
de oportunidad) para que cesaran las acciones legales en su contra a cambio de
declarar en contra de Javier Duarte, y de colaborar con las investigaciones.
Pese a lo anterior Tarek se ha negado en varias ocasiones a
colaborar en los procesos e incluso promovió una demanda de amparo para que no
se le citara a testificar en las audiencias judiciales, recurso que
recientemente le fue negado.
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