Los extraditables.

Dolia Estévez.

Las tres condenas perpetuas dictadas contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y las condiciones infrahumanas de su encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad, terminaron por convencer a los hijos del famoso líder del Cartel de Sinaloa que es mejor un cementerio mexicano que pudrirse en una cárcel estadounidense. Ese fue el mensaje al Gobierno de López Obrador cuando desataron una tormenta de plomo en Culiacán forzando a las humilladas fuerzas federales a recular en su fallido intento por capturar a Ovidio Guzmán López para servírselo en charola de plata al Tío Sam.

El “culiacanazo” evocó imágenes de la sangrienta guerra del Medellín de los ochenta. Pablo Escobar Gaviria creo “Los Extraditables” para enfrentar con fuego al Estado colombiano bajo el motto: “Preferimos una tumba en Colombia, que una cárcel en Estados Unidos”. El grupo, que operó como filial del Cartel de Medellín, estaba conformado por los narcotraficantes con orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Buscaban doblegar al Gobierno para que revocara el tratado de extradición. Lanzaron amenazas y sentencias de muerte contra todo aquel que apoyaba el tratado. En 1989, ejecutaron a Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el próximo presidente de Colombia por haber prometido que si ganaba los iba a extraditar a todos. Detonaron las instalaciones del diario El Espectador y masacraron a doce integrantes de una comisión judicial.

Ante el espiral de violencia en el país andino, México puso sus barbas a remojar. So pretexto de atentar contra la soberanía, los gobiernos del PRI objetaron las peticiones de extradición de Washington. Pero eso se acabó con la llegada del PAN a la Presidencia. Vicente Fox y Felipe Calderón no tuvieron reservas en enviarles los hombres que pedían. Para 2012, el último año de Calderón, México extraditó a 115 fugitivos de la justicia estadounidense, más que cualquier país del mundo.

La cifra, de la que se jactaba Calderón, cayó a 54 en el primer año de Peña Nieto como señal de su peregrina idea de desnarcotizar la agenda con Estados Unidos para priorizar las reformas estructurales. Sin embargo, la humillante fuga de El Chapo Guzmán en 2015 obligó al gobierno a replantearse la política de extradiciones. La corrupción del sistema carcelario mexicano y la consecuente incapacidad para garantizar la custodia de sus prisioneros, dejaron al gobierno de Peña Nieto sin argumentos.

Para contentar a los estadounidenses que echaron chispas por la fuga de El Chapo, Peña Nieto extraditó en un solo día la insólita suma de 13 criminales–10 narcos, un violador y un homicida. En la ofrenda iban dos peces gordos: Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”.

Pese al hermetismo que rodea el tema de las extradiciones, se estima que Estados Unidos interpone ante el Gobierno mexicano un promedio de 100 extradiciones al año. Roberto Velasco, vocero de la SRE, no respondió a mi pregunta de cuántas extradiciones se han hecho en los once meses del gobierno de AMLO.

La lista de extraditables mexicanos empieza con los cuatro hijos de El Chapo: Ovidio y Joaquín Guzmán López, acusados en febrero pasado en Nueva York; y Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, acusados en 2015 y 2014 en Chicago y San Diego respectivamente.

En el listado también destacan Ismael El Mayo Zambada, presunto líder Cartel de Sinaloa (recompensa 5 millones de dólares) y Rafael Caro Quintero (recompensa 20 mdd).

Es poco probable que los extraditables mexicanos emulen el modelo organizativo de los colombianos. No tienen la disciplina ni la cohesión de sus pares sudamericanos. Lo que los chapitos sí harán es encarar con fuego y furia cualquier operativo– fallido o no fallido, con planeación o sin ella—cuya intención sea congraciarse con Estados Unidos. Es preferible una tumba en México, que una cárcel en el país que condenó a su padre a la muerte en vida.

PODER JUDICIAL RESERVA EL EXPEDIENTE DE BARRERAS.

El Poder Judicial del Estado de Sonora reconoció tener en su poder el expediente completo 141/2011 contra Víctor Alberto Barreras Castro, pero reservó su acceso por tratarse de un delito sexual contra una menor.

En respuesta a mi petición de información sobre la acusación por estupro contra Barreras, el licenciado Carlos Alberto Duarte Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial de Sonora, precisó:

“… Las resoluciones e incluso expediente… forman parte de las constancias procesales de un juicio tramitado por la probable comisión de un delito de estupro… aunado además que en la causa penal de mérito, se inició en perjuicio de una menor de edad, motivo por el cual deviene improcedente la solicitud, pues se solicitan resoluciones que de acuerdo al artículo 14 citado (Lineamientos Generales de Acceso a la Información), no pueden hacerse del conocimiento público a terceros, al tratarse de asunto de delito sexual y relacionado con un menor… en el entendido de que dicha prohibición debe hacerse extensiva a todo el expediente del juicio que indica”. (Poder Judicial del Estado de Sonora, Unidad de Transparencia, oficio UT-775/2019, Hermosillo, Sonora, 1 de noviembre 2019).

La semana pasada Marcelo Ebrard suspendió el nombramiento de Barreras para cónsul en Las Vegas tras la revelación en este espacio del auto de formal prisión en su contra por abuso sexual en perjuicio de una jovencita de 14 años cuyo nombre me reservé para proteger su privacidad.