Narcotraficantes, el terror y la impunidad.

Adela Navarro Bello.

Más de 30 mil asesinatos sucedidos en los primeros once meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tienen originen en la guerra que libran los cárteles de la droga –entre ellos- en México, sí ubica a estas mafias entre las organizaciones criminales más violentas y con más resultados fatales en el mundo.

El terror que han sembrado en el país tampoco es cualquier cosa. En agosto de este 2019 en Uruapan, Michoacán, fueron colgados los restos de 19 cuerpos en distintos puentes de la ciudad. Los ciudadanos se toparon la mañana del 8 de agosto con desmembrados que pendían de cuerdas en puentes vehiculares y peatonales.

Hasta el 22 de noviembre, también en los primeros once meses de gobierno de López Obrador, los cárteles de la droga habían protagonizado 53 masacres. Actos de violencia en los cuáles se contabilizaron un mínimo de cuatro asesinatos por evento, que en total registraron 411 muertos, de los cuales 11 fueron niños, 20 mujeres, y 23 policías entre otras categorías.

En las redes sociales circulan un sinfín de videos que dan cuenta de la violencia que generan los cárteles de la droga para imponerse a partir del terror, ante otras organizaciones criminales, ante autoridades civiles y militares, e incluso ante gobiernos y comunidades. Ni estando en prisión se salvan los criminales recluidos. Uno de los videos que circula es el de un supuesto motín en el penal de Morelos, donde con extrema saña, evidentemente coludidos con las autoridades del penal y en plena impunidad, reos dieron una sangrienta muerte a un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo mataron a cuchilladas, a balazos, lo remataron y lo volvieron a hacer como si fuese necesario. A la vista de custodios y otros prisioneros. Al final el resultado del terror carcelario fue de seis muertos.

Nadie está a salvo en ninguna región de México, en ningún lado. Las masacres, 13 fueron en calles y avenidas, 12 en carreteras y caminos, 10 en bares y lugares de entretenimiento, 5 en la sierra, 5 en ranchos o comunidades rurales, 5 en casas habitación, 1 en una comisaría policial, 1 en una terminal de autobuses y 1 en un tianguis.

Los cárteles de la droga en México se han adueñado del país. No hay territorio que no dominen o pretendan dominar a fuerza de balas y sangre. Por lo menos unas 20 organizaciones criminales, Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, Los Zetas, Cártel de la Laguna, Cártel del Noroeste, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Tlahuac, Cártel la Unión, Los Rojos, Guerreros Unidos, los Beltrán Leyva, Los Viagra, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Cártel Santa Rosa de Lima, Nueva Plaza, y las bandas de La Línea, Los Salazar y Jaguares, utilizan el terror para ganar en su ilícito negocio, sumar territorios y fronteras para el trasiego de la droga.

En México esos cárteles conviven todos los días con la impunidad que les da el poder corruptor de su dinero ilícito o la amenaza violenta. Pocos van por ellos. A la llegada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y un tanto el Nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en vigor en 2016 en todo México, cambió el escenario de la persecución de los sangrientos criminales y el combate a la inseguridad y la violencia.

Aun cuando ciertamente han apostado al desmantelamiento de las estructuras financieras –apenas el martes 26 de noviembre Santiago Nieto anunció el congelamiento de más de 300 cuentas asociadas al cártel de Sinaloa- también es cierto que los líderes criminales de esas mafias actúan y se mueven con impunidad por las calles, avenidas, carreteras y caminos del País. Descartando a los más notorios –e impunes- capos como Ismael El Mayo Zambada García, o Nemesio Oceguera, por mencionarle algunos, muy pocos liderazgos criminales están identificados por Fiscalías Estatales o la General de la República, los objetivos que significaban los generadores de violencia para los investigadores dejaron de serlo, cuando el desmantelamiento de las estructuras financieras y el combate al lavado de dinero son estrategias que deberían ir acompañadas de otra que se concentre en la captura de quienes integran los cárteles de la droga y las hordas de asesinos que comandan.

Los narcotraficantes mexicanos no serán terroristas en la concepción que se tiene de los mismos como grupos que utilizan la violencia a gran escala y que generan terror para imponerse, para obtener un poderío político, dominar a una sociedad o a un estado, pero utilizan el mismo método de sembrar el terror a través de asesinatos masivos, secuestros, y la utilización de equipo armamentista para conquistar territorios en México, en las fronteras, y mantener su poderío económico producto de la venta, la distribución y el trasiego de drogas en este país, en los Estados Unidos mayormente, y en otros países.

En los Estados Unidos, donde el Presidente Donald Trum ha anticipado que “designará” o clasificará a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, existen ya otras medidas legales para combatirlos dentro y fuera de su territorio. Como la Ley del Capo o Ley de Designación del Capo de Narcóticos en el Extranjero, o Kingpin Act como es su nombre original, que entró en vigor en el año 2000, y que permite a autoridades de aquel país a investigar y procesar a narcotraficantes que desde el extranjero realizan actos en detrimento de su sociedad y sus leyes, incluyéndolos en una lista que restringe sus actividades económicas, y prohíbe las relaciones comerciales, de sociedad y transacciones entre los narcotraficantes y ciudadanos y empresas norteamericanas.

Hace unos días el Departamento del Tesoro publicó una nueva relación de las personas que integran el cártel de Sinaloa, sumando a hombres y mujeres de México y Colombia como los nuevos encargados del trasiego de la droga y el lavado de dinero del cártel que comanda Ismael El Mayo Zambada. Además adicionó a la lista de negocios que tienen relación con el cártel de Sinaloa a empresas también domiciliadas en ambos países, en lo que respecta a México, en el estado de Jalisco.

Ese tipo de investigaciones y medidas en México no se realizan. La sociedad camina a ciegas en un territorio minado por los cárteles de las drogas. Tanto los nombres de quienes integran las mafias como los negocios cuyas cuentas son congeladas permanecen en secreto para el mexicano en general, como información clasificada y de resguardo oficial en las carpetas de investigación. Esa medida, adoptada en parte por el Nuevo Sistema de Justicia Penal y en gran medida por la política del gobierno de la República –a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana- y de la Fiscalía General de la República, de no dar a conocer los nombres de los objetivos, abona a la impunidad de los criminales quienes desde la clandestinidad corrompen, matan, trasiegan, venden, distribuyen drogas, amparados por el anonimato legal, y la ausencia de investigaciones ministeriales que resulten en órdenes de aprehensión.

Independientemente si el gobierno de los Estados Unidos designa a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, aunque la expresión suena más a campaña político electoral de Donald Trump en el preámbulo de su reelección en el año 2020, estas mafias y los capos que permanecen impunes en México sí utilizan el terror para someter a competidores, secuestrar o extorsionar a ciudadanos de bien, y matar a propios y extraños.

2019 va encaminado a ser un año violento en el País, como sucedió en cada uno de los seis años de gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, o en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, dando cuenta que la política de abrazos no balazos, de no nombrar a los objetivos criminales, de no hacer detenciones espectaculares, y de mantener una Guardia de proximidad como la Nacional, orquestada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco está funcionado. México es el país de los más de 30 mil muertos por año, producto de una guerra que libran los cárteles de la droga entre ellos, porque el Estado no los está combatiendo adecuadamente, lo cual no significa que deba ser a balazos. Con inteligencia para aprehenderlos, hacer justicia y que impere el Estado de Derecho, sería un avance.