Por Ángel
Bolaños Sánchez.
La
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México ocultó en su
informe de la Cuenta Pública 2018 mil 514 carpetas de investigación, ya que
reportó una cantidad inferior al que fue registrado en el Sistema de
Interoperatividad de Actuaciones Procedimentales (SIAP).
En una
auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior de la Ciudad de
México (ASCM) a la integración de carpetas, hay una diferencia entre las 253
mil 774 reportadas en el informe, contra 255 mil 288 que contiene el sistema
estadístico que levantan los usuarios para dar seguimiento a su denuncia.
El SIAP registra
el inicio de la carpeta de investigación y todas las actuaciones requeridas por
el Ministerio Público a los peritos y a la Policía de Investigación (PDI).
Aunado a
que no se contó con las relaciones de carpetas de investigación correctamente
registradas, la (ASCM) reportó que se observó falta de metodología relacionada
con actividades preventivas de control que permitieran identificar con
oportunidad desviaciones en los procesos operativos para la integración de
dichas carpetas.
En cuanto
a la eficiencia y eficacia en la integración de las carpetas, se revisó una
muestra de 383, en las que se vincularon 916 actos de investigación, con
promedio de 2.4 por cada una, mientras en 249 casos se observaron peritajes en
diversas materias como química, valuación, fotografía, video, balística, entre
otros, según la naturaleza del delito y las necesidades de cada caso.
Además, fueron
verificadas las acciones realizadas por la visitaduría ministerial, la cual
reportó 73 mil 585 revisiones de expedientes, y si bien sus informes tienden a
mejorar la forma en la que se integran las carpetas, se observaron diligencias
que no se efectuaron de forma oportuna, lo que generó deficiencias en la
investigación.
En la
comprobación de la competencia profesional de los servidores públicos
vinculados con la integración de carpetas de investigación, la ASCM revisó
una muestra de 181 expedientes entre un universo de 345 servidores públicos que
ingresaron a laborar en 2018, de los cuales 108 son de la PDI, 40 peritos, 21
oficiales secretarios, cuatro Ministerios Públicos supervisores, cuatro
Ministerios Públicos e igual número de orientadores jurídicos.
Si bien la
dependencia tuvo un diagnóstico de necesidades para elaborar su programa anual
de capacitación, se hallaron deficiencias en los mecanismos de supervisión
para verificar su cumplimiento.
Otra de
las anomalías detectadas en la revisión fue la falta de metodología,
procedimientos y controles, así como en el diseño de indicadores de desempeño
relacionados con la integración de carpetas, pues si bien la PGJ presentó una
guía, no incluía los elementos requeridos según el procedimiento que emitió el
Consejo Nacional de Armonización, como tener una ficha que contenga, mínimo, el
nombre del indicador, su definición, método de cálculo, frecuencia de medición,
unidad de medida y metas.
Esto,
advierte el informe, no permite valorar objetivamente el desempeño de las
actividades a su cargo del personal de la PGJ.
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