Dolores
Padierna.
Contrario
a lo que han afirmado algunos líderes de organizaciones campesinas, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, sí hay un incremento
sustancial de recursos para el campo.
Tan sólo habría
que citar que para el Programa Sembrando Vida se le van a asignar casi 30 mil
millones de pesos; Producción para el Bienestar, 11 mil millones;
Fertilizantes, mil 300 millones; Precios de Garantía para el Campo, 10 mil
millones de pesos; y además se va a formar un Fondo Especial para desarrollar
tecnología en el campo, con la diferencia de que ahora los subsidios y el
financiamiento se entregarán no a la agroindustria exportadora sino a los
pequeños y medianos productores.
En el PEF
2020 la mayor condicionante es que el dinero disponible es sólo el 35 por
ciento de todo el Presupuesto, mientras que el 65 por ciento de los recursos se
destinará al gasto comprometido, es decir a las participaciones federales,
gasto financiero de la deuda, ramos autónomos y pensiones.
Los rubros
que más recursos requieren para el próximo año son: toda la política de Bienestar,
Energía, Función Pública, Educación, Salud, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana que recibirá 59 mil millones de pesos, de los cuales 54
mil millones irán a la Guardia Nacional.
En el
tema de la Salud se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar con
un presupuesto de 40 mil millones de pesos, más otros 22 mil millones que ya
estaban etiquetados.
También se
encuentran todos los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López
Obrador para generar empleos y mejorar el crecimiento económico como es el
Aeropuerto de Santa Lucía, el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, los caminos
rurales, el mejoramiento urbano, el programa de reconstrucción, en todos esos
rubros hay un incremento importante. Lo mismo en la pensión para los adultos
mayores y las personas con discapacidad.
El
Paquete Económico del próximo año ha provocado intensos debates y también un
buen número de protestas, algunas legítimas y otras, quizá la mayoría, fundadas
en el afán de grupos o sectores acostumbrados a tener recursos públicos por la
vía de las presiones palaciegas o callejeras.
Sin
generalizar, algunas de las protestas tienen su origen en cierta nostalgia
que añora los tiempos en que se repartían los recursos no tanto porque
estuviesen justificados, sino a cambio de los votos legislativos necesarios
para aprobar el PEF.
El
presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido, como lo advirtió desde la
campaña, en que es preciso terminar con las intermediaciones, tanto para
reducir las posibilidades de corrupción en su administración como para poner
fin a prácticas clientelares.
Los
apoyos deben ser entregados de manera directa a los beneficiarios de los
programas, trátese de productores agrícolas, de estudiantes, creadores o de
cualquier otro sector.
Para algunos,
esto no resulta sencillo porque estaban acostumbrados al derroche y a los lujos
frente a las restricciones presupuestales que en el pasado se solventaban parcialmente
engordando la deuda pública, elevando el déficit o aumentando los impuestos,
cargas que finalmente teníamos que soportar y pagar toda la sociedad.
Otros, por
ejemplo las cabezas de los órganos autónomos, argumentan que la democracia
está en riesgo simplemente porque se les demanda ajustarse el cinturón en sus
salarios, en un país donde la mayoría de la población sufre carencias.
Su
descuerdo es una coartada, su autonomía no está en riesgo, pero en un país con
las necesidades de México, no resulta plausible que pretendan seguir viviendo
en el derroche.
En la
medida en que se cumplan las estrategias planteadas en los Criterios Generales
de Política Económica para aumentar el crecimiento y se instrumente la nueva
Miscelánea Fiscal que cierra las brechas de la corrupción, la elusión y evasión
fiscales, se podrá tener un mejor Presupuesto.
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