Darío Celis.
México
conocerá en dos semanas el texto final de la negociación sobre el T-MEC entre
la Casa Blanca y los demócratas que encabeza Nancy Pelosi.
Muchos
textos ya están en el escritorio del equipo de negociadores de la 4T que
encabeza Jesús Seade, mismo que opina que son “entre aceptables y muy buenos”.
Al
principio entre la gente de Robert Lighthizer y una decena de legisladores
demócratas, había varios cientos de demandas de cambio al texto original, pero
eso prácticamente está resuelto.
Sólo hay
un pequeño grupo que insiste en supervisar el cumplimiento de la democracia
sindical y transparencia económica en las empresas exportadoras mexicanas.
Pero ese
fantasma de las empresas certificadoras o el vehículo supervisor supranacional
“casi está desterrado”, porque desde el principio fue inaceptable para nuestro
país.
México se
comprometió a una reforma laboral que garantizara los derechos de los
trabajadores, pero nunca apareció la obligación de cambiar las reglas para el
outsourcing, de permitirlo o prohibirlo.
En la 4T
están conscientes que vivimos una economía de especialidades y tenemos que
concertar entre los actores políticos del país una ley laboral donde seamos más
fuertes y competitivos
Por eso
la tercerización o outsourcing debe comprenderse como un componente vital para
la buena operación de las empresas, sobre todo de las grandes empresas
globalizadas.
Una empresa
automotriz terceriza hacer los vidrios, el asiento y el resto de las
autopartes. Nadie es bueno en todo. La economía mundial es de integración de
partes y procesos.
Servicios de
administración, fiscal, contaduría, estudios económicos, financieros,
desarrollo de tecnología, call center, seguridad, limpieza se tercerizan en el
mundo.
México no
puede sustraerse y el outsourcing debe defenderse por sus méritos propios. La
ley debe ser un marco de respeto de derechos y de la actividad económica.
En las
dos semanas que restan de jaloneos en el Congreso estadounidense el equipo
mexicano estará muy atento de indicarle a la administración Trump cuáles son
los temas que están en la línea roja.
Y Lighthizer
se convertirá en el principal soporte para el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. Qué cosas.
ALFONSO
ROMO SUMÓ otro revés más en el gobierno de la cuarta transformación. Ahora fue
ante el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien le quitó ya la bandera
del programa de infraestructura que tal vez se presente este mes. Fue el jefe
de la Oficina de la Presidencia quien creó un grupo de trabajo que evaluó en
las últimas semanas alrededor de mil 600 proyectos, mismo en el que estuvieron
activamente participando el dueño de Carso, Carlos Slim; el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; y el presidente del
Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena. Pero en las tres
últimas semanas Herrera tomó la posición de liderazgo en la comisión
intersecretarial en la que participan los titulares de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú; Energía, Rocío Nahle; y Economía, Graciela
Márquez. El plan de infraestructura está entrando en un terreno farragoso y
corre el riesgo de ralentizarse con la intervención de Hacienda. Las fórmulas
de financiamiento y la manera en que intervendrá el capital privado es lo que
todavía no se termina de aterrizar. El capital político de Romo fue
insuficiente para destrabar rápido este nudo burocrático.
EN LA
FISCALÍA General de la República les urge que Santiago Nieto se vaya muy lejos.
Impulsan al interior del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador la
narrativa de que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera ha causado más
perjuicios que beneficios a la 4T. Que los expedientes son más mediáticos y
políticos que jurídicamente solventes. Los malquerientes identificados con el
fiscal Alejandro Gertz Manero les gustó Londres para mandar de embajador al
polémico sabueso del presidente. Dicen que es una cartera ni mandada hacer:
está acéfala desde el 15 de diciembre del 2018 tras la salida de Julián Ventura
para irse de subsecretario de Marcelo Ebrard. Aníbal Gómez es quien se quedó
despachando en calidad de encargado de Negocios y jefe de Cancillería del Reino
Unido, pero el 6 de agosto fue designado por el Senado embajador de Arabia
Saudita. Así qué mejor que Nieto para ocuparla. ¿Qué ingenuos no?
EL
ABOGADO DE Emilio Lozoya Austin, el penalista Javier Coello Trejo, va pian
pianito armando su estrategia de contención para su cliente. Tras varias
semanas de gestiones con las autoridades de Alemania y México consiguió traer
de regreso a la mamá del exdirector de Pemex sin que se le aplicara prisión
preventiva. La señora Gilda Austin de Lozoya podrá defenderse desde su casa.
Este logro puede interpretarse como un primer paso de cara a una ofensiva legal
y mediática del exfuncionario. ¿Se acuerda que Coello prometió meses atrás que
exhibiría un video del propio Lozoya en el que éste narraría su versión de los
hechos que se le imputan? No lo eche en saco roto porque podría reactivarse. El
prófugo de la justicia tiene elementos para incriminar de buena parte de lo que
se le culpa al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al mismo presidente
Enrique Peña Nieto. Incluso no descarta presentarse ante la justicia mexicana
para testificar. El fiscal Alejandro Gertz Manero está consciente de ello.
ADEMÁS DE
SIETE bancos internacionales, esto es Citibanamex, Santander, BBVA, JP Morgan,
Bank of America Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank, la Comisión Federal de
Competencia Económica también emplazó a once personas físicas. Se trata de los
brokers de las mesas de dinero que fueron señalados por coludirse en la compra
venta de valores gubernamentales. Tres de ellos son o estuvieron en
Citibanamex, que aún dirige Ernesto Torres Cantú; dos en Santander, que preside
Marcos Martínez; dos del Deutsche Bank, en proceso de cierre en México; y uno
en los casos de BBVA que dirige Eduardo Osuna, JP Morgan que lleva Felipe
García Moreno, BofA que maneja Emilio Romano y Barclays a cargo de Raúl
Martínez-Ostos.
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