Julio Astillero.
Factores
extraños, relacionados con la política provocadora y expansiva de Estados
Unidos, estuvieron siempre presentes, titilantes, en un segundo o tercer plano
especulativo, en los políticamente recargados escenarios de Culiacán, durante
el extraño y accidentado proceso de detención y liberación de un hijo de El
Chapo Guzmán, y en los límites entre Sonora y Chihuahua en el contexto del
salvaje asesinato de niños y mujeres pertenecientes a familias mormonas, entre
ellas las de apellido LeBarón.
Especulaciones
o contexto, coincidencias o planificación, lo cierto es que ayer Donald Trump
estremeció al gobierno federal mexicano y a la sociedad en general de nuestro
país con su declaración a un entrevistador de tendencia conservadora, Bill
O’Reilly, en el sentido de que habrá de caracterizar a los cárteles delictivos
mexicanos como terroristas.
Aun cuando
habló en un contexto mediático del que podría desmarcarse si así le conviniera,
y que en todo caso faltarían fases procesales para consumar tal clasificación
que le daría posibilidades de intervención armada en nuestro país, el simple
hecho de tocar el tema de esa manera categórica produjo inmediatas y
preocupadas reacciones mexicanas. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió
un comunicado de prensa en el que adelanta que solicitará a Estados Unidos que
precise el contenido y los alcances de lo dicho por Trump, y que gestionará a
la mayor brevedad una reunión binacional del más alto nivel.
La alarma en
el gobierno mexicano tiene pleno fundamento. Con el amago de imponer aranceles
a las exportaciones mexicanas, la administración Trump obligó al gobierno
mexicano a dar la espalda a las promesas de ayuda humanitaria, trabajo, salud y
buen trato a migrantes provenientes de Centroamérica a los que se decía que se
les permitiría transitar libremente por México. El presidente López Obrador construyó
el muro deseado por Trump, pero con decenas de miles de miembros de la Guardia
Nacional que han impuesto la nueva política migratoria mexicana que es la
deseada y ordenada por Estados Unidos.
La
caracterización de terrorismo para los bárbaros cárteles mexicanos podría
llevar a un cambio en materia de seguridad nacional (similar al vivido en
materia migratoria). Estados Unidos busca convertir expresamente a México en un
factor de su seguridad nacional, al cual debe cuidar, controlar y someter. Los
segmentos del poder gringo que van en la línea intervencionista de Trump temen
que la fácilmente filtrable frontera norte mexicana pueda convertirse en puerta
de entrada de grupos verdaderamente terroristas, deseosos de atentar contra
habitantes, bienes e intereses de Estados Unidos. Además, con golpes
relampagueantes (que a veces sólo han sido retórica con cañones detrás,
económicos o políticos), Trump ha ido minando la condicionada capacidad de
cambios profundos en México bajo el gobierno de López Obrador.
Para llegar
a la posibilidad de hablar de terrorismo en los cárteles mexicanos, Trump tuvo
los dos momentos clave de los que se ha hablado líneas arriba. Semanas antes
del extraño episodio que tuvo a Ovidio Guzmán como personaje principal, pero al
gobierno federal y en particular al Ejército Mexicano como actores con raros y
peligrosos papeles a representar, el director interino de la DEA y personal de
alto nivel de la embajada de Estados Unidos en México estuvieron en Culiacán,
reunidos con el gobernador priísta Quirino Ordaz.
En el caso
de la familia LeBarón, uno de sus miembros más conocidos, Julián, ha mantenido
relaciones políticas y adoctrinamiento en el esquema de la organización Nxivm,
representada en México por Emiliano Salinas Occelli. Parte de esa familia
LeBarón, a la que pertenecieron algunas de las víctimas de un atroz ataque, ha
hecho a Trump la solicitud de intervención en México que ha dado pie a la nueva
acometida intervencionista del multimillonario en búsqueda de más y más
banderas que le permitan alcanzar un segundo periodo presidencial y librar las
amenazas de un juicio destituidor.
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