Wallace, cómplice de Gualberto Ramírez.

Por Ricardo Raphael.

En junio de 2014 la periodista Anabel Hernández fue denunciada por Isabel Miranda de Wallace ante la SIEDO, cuyo titular entonces era Rodrigo Archundia Barrientos. Se le acusó por presunta falsificación de documentos, comisión de actos contra la procuración de justicia, amenazas y también difamación.

La denuncia de hechos fue tan ridícula como rocambolesca: no hay antecedente similar donde una periodista haya sido acusada de complicidad con la delincuencia organizada, por parte de la PGR, a causa de su trabajo.

El 31 de mayo de 2014, Anabel Hernández publicó (Proceso 1960) una serie de documentos que sugerían la existencia de, al menos, dos identidades oficiales para el hijo desparecido de Isabel Miranda de Wallace. La presunta víctima contaba con un par de actas de nacimiento y también dos CURP.

Cinco años después la versión expuesta por Hernández ha sido confirmada. Hoy hay evidencia de laboratorio que comprueba, desde el punto de vista genético, que Hugo Alberto Wallace Miranda es en realidad hijo de Carlos León Miranda.

Este material coincide con el acta de nacimiento registrada por los padres de Hugo Alberto quien, en el año de 1970, fue inscrito con los apellidos León Miranda.

El reportaje de Anabel fue el primero que puso realmente en evidencia las fabricaciones del caso Wallace. Por eso se entiende que, en su momento, Isabel Miranda haya hecho cuanto estuvo en su poder para desbarrancar las investigaciones de la periodista. Usó para ello la enorme influencia que tenía sobre el subprocurador Archundia y también sobre la unidad antisecuestros, adscrita a la SIEDO, cuyo titular era Gualberto Ramírez Gutiérrez.

Para fabricar la denuncia en contra de Anabel Hernández, los agentes del Ministerio Público cometieron actos arbitrarios e ilegales que hoy vale la pena relatar:

La primera víctima de esa fabricación concreta fue Giel Meza, un abogado dedicado a los derechos humanos que hoy está asociado a EnVero, organización canadiense que ha venido apoyando a las víctimas del caso Wallace.

El domingo 13 de julio de 2014, cerca de su domicilio, Giel Meza fue secuestrado por dos hombres y dos mujeres. A empellones lo subieron a un vehículo sin rótulo ni placas oficiales y luego lo condujeron a la oficina que la SIEDO tenía en la Plaza de la República.

Al llegar a esa dirección, sus secuestradores se identificaron como agentes de la PGR y le informaron que estaba siendo trasladado en calidad de detenido por una denuncia presentada en su contra a propósito de la investigación sobre el caso Wallace.

Sin embargo, apenas cruzó el umbral de ese edificio, cambió su estatus. El titular de esa Unidad, Gualberto Ramírez, le informó que en realidad estaba ahí en calidad de testigo.

Giel Meza, quien es licenciado en derecho, exigió explicaciones. ¿Por qué lo habían “levantado” sin orden de aprehensión? ¿Y por qué, si había sido conducido a la SIEDO en calidad de testigo, se le estaba tratando como si fuera un criminal?

En respuesta Gualberto Ramírez envió al abogado Meza al sótano de la SIEDO para que un médico confirmara el buen estado de su salud, es decir para certificar que los agentes-secuestradores no le habían hecho daño.

Luego, durante más de seis horas, Meza fue interrogado dentro de una sala abarrotada por funcionarios. Asegura que jamás en su vida había sentido tanto miedo.

Aquellos sujetos querían saber si él había proporcionado documentos relativos a la identidad del hijo de la señora Wallace. Indagaron también sobre otras personas que hubieran podido proporcionar a la periodista el material publicado.

Después de un extenuante interrogatorio Meza fue liberado. Todavía hoy recuerda el abogado los gritos enfurecidos de Gualberto Ramírez, acusándolo de entorpecer una investigación importantísima para la PGR.

Días después, el mismo operativo volvió a repetirse, pero esa vez en contra de Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, joven acusada de un secuestro y un asesinato harto improbables.

Enriqueta Cruz es una mujer que tiene más de 60 años y sin embargo no mereció ningún respeto por parte del zar antisecuestros. Fue conducida a la SIEDO por agentes que, con arbitrariedad, la llevaron al mismo sótano donde antes hubiera estado Giel Meza.

Ahí la desnudaron, la vejaron, la humillaron y le hicieron saber que, con ella y su cuerpo, la autoridad podía hacer lo que le viniera en gana.

Vulnerable después de esa ingrata experiencia, Enriqueta visitó la oficina de Gualberto Ramírez Gutiérrez. Ahí le tocó escuchar los gritos del funcionario.

Ramírez advirtió que la señora Wallace era amiga de la casa y la reprendió por pretender descarrilar la investigación del caso Wallace.

El funcionario quería saber nombres: ¿quién había entregado a Anabel Hernández las actas de nacimiento? ¿Quién las CURP de Hugo Alberto?

Después de muchas horas de agresión, finalmente Enriqueta Cruz fue también dejada en libertad. Pero las declaraciones obtenidas por métodos tan arbitrarios fueron luego vertidas en la denuncia de hechos con la que la PGR quiso perseguir a Anabel Hernández. El propósito de Archundia y Ramírez, pero sobre todo de Isabel Miranda, era inhibir futuras pesquisas sobre el caso Wallace.

Pesan hoy sobre Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la PGR, acusaciones graves derivadas de un caso distinto. La señora Ana Patricia Moller Vuilleumier lo señaló, a él y otros seis ministerios públicos, de falsificación de documentos, simulación de pruebas, asociación delictuosa, tortura y tratos crueles e inhumanos.

Atendiendo a los testimonios de Giel Meza y Enriqueta Cruz se vuelven verosímiles dichas acusaciones.

Un par de preguntas ganan relevancia en estos días: ¿cómo obtuvo Isabel Miranda de Wallace tanto poder como para volver instrumento de sus ambiciones a la Unidad Antisecuestros de la PGR? ¿Qué la une realmente con Rodrigo Archundia Barrientos y Gualberto Ramírez Gutiérrez?