Por Milton
Martínez.
En el primer
recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes
de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el
gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la
existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de
ese importante caudal sigue contaminada.
José Alonso
Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor
guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil
personas en siete municipios ribereños.
“Recuerden
que hubo dos sucesos: un convenio se firmó por el derrame del 6 de agosto (de
2014), pero 40 o 42 días después hubo otro derrame, del que sus acuerdos no
están establecidos en ningún convenio, por lo que todo hay que revisarlo”, externó.
El
funcionario federal expuso que ese otro vertimiento –desconocido para todos–
aconteció entre el 16 y el 18 de septiembre del mismo año.
“Fue un
pequeño escape, no comparable con el primero, pero sí se sumó a él”, afirmó Novelo Baeza.
Este
segundo “escape”, dijo, se suscitó porque había un “resquebrajamiento” en la
estructura del represo Tinajas 1 y el represo Tinajas 2. “Todavía no estaba
terminado; había unas válvulas que todavía no estaban instaladas y ahí
ocurrió”.
La
revelación se dio mientras el grupo de funcionarios recorría el Hospital
General de Ures, después de visitar la infraestructura –en obra negra– de lo
que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.
El titular
de Cofepris expresó que hasta ahora no se había hecho pública la información
del segundo derrame porque la investigación se encuentra en “litigio”, pero los
afectados –subrayó– pueden hacerse de la información a través de sus
autoridades municipales o estatales. “No la puede solicitar cualquiera”,
aclaró.
En el primer
recorrido también participó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien descubrió que además de los
381 afectados a los que se les ha dado atención tras el derrame, se tiene
registro de otros mil enfermos “no reconocidos” por el Fideicomiso Río Sonora,
la empresa Grupo México y las estadísticas del gobierno federal.
En esto
cinco años, apuntó, la atención médica de este millar de afectados corrió a
cargo de los gobiernos federal y estatal (en caso de ser derechohabientes de
algún servicio de salud) y del propio bolsillo de los enfermos.
La
información se obtuvo cuando Ferrer Aguilar recorría las instalaciones de la
Clínica de Vigilancia Epidemiológica y preguntó al titular de ese espacio de
atención, Joel López Villagómez, por el uso que se le daba a un pequeño cuarto
al fondo del traspatio.
El director
de la clínica respondió que se trataba de un archivero, y al abrirlo explicó
el contenido de los documentos allí guardados.
Eran los
mil expedientes de los que no se sabía públicamente. Habían sido resguardados
en ese lugar bajo el argumento de que ese millar de personas no estuvo en
“contacto directo” con el agua contaminada, ya sea por “inhalarla”, “ingerirla”
o “presentar algún padecimiento” en el periodo comprendido del 6 de agosto al 6
de octubre de 2014.
“Estos
mil (casos) que no entraron en ese rango no fueron reconocidos. Presentan los
mismos padecimientos, muy similares”, confesó Joel López Villagómez.
Y después
justificó: “La Cofepris en su momento definió una estrategia operacional de
cada caso. A esos mil (no reconocidos) los atendíamos y los derivábamos a los
centros de salud estatales y federales”.
Tras el
recorrido, los funcionarios enviados a Sonora por instrucción directa del
presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron con los afectados de los
siete pueblos ribereños, quienes se dieron cita en el auditorio de la ciudad
que lleva por nombre Jesús “El Chobi” Ochoa, en honor al histrión sonorense.
Antes de la
intervención con los habitantes, el titular de la Cofepris soltó una nueva
revelación ante los representantes de los medios de comunicación allí presentes.
“Definitivamente,
las aguas de la zona están contaminadas fuera de normas de metales pesados y
eso hay que corregirlo. Se necesitan plantas de tratamiento, análisis
continuos, para tener una certeza sobre el asunto, sobre este tema”, puntualizó.
Se trata de
60 muestras tomadas en pozos y tomas domiciliarias que fueron analizadas por el
laboratorio de Cofepris, donde se encontraron metales pesados por encima de los
estándares nacionales.
“Nosotros
vamos a volver a tomar muestras en marzo o en mayo, cerca de la sequía, porque
durante la sequía los valores varían, porque se concentran los metales pesados
y durante la época de lluvia se diluyen”, profundizó Novelo Baeza.
Los
enviados presidenciales ofrecieron volver y se comprometieron a resarcir los
daños ambientales y de salud ocasionados por el vertedero de sulfato de cobre
acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi, por una irresponsabilidad
de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.
El hecho fue
considerado el mayor desastre ambiental en la historia moderna de la minería.
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