Por David
Saúl Vela.
Fernando
Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la que impugnó reformas
que endurecieron las sanciones para los delitos fiscales.
Esas
reformas, aprobadas el 8 de noviembre por el Congreso, son específicamente a
algunos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Federal de
Procedimientos Penales y Código Fiscal de la Federación.
Con ellas, por
ejemplo, se autorizó castigar como delincuencia organizada y/o amenaza a la
seguridad nacional, sin libertad bajo fianza, algunos delitos fiscales como
contrabando, defraudación fiscal por más de 7.8 millones de pesos.
También se
incluye en esta lista de delitos graves la enajenación, compra o venta de
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados.
En este
último caso se prevén sanciones privativas de la libertad de dos a nueve años,
al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos
jurídicos simulados a quien, a sabiendas permita o publique, a través de
cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de las citadas
facturas.
En la
citada acción de inconstitucionalidad, registrada con el número 130/2019, la CNDH pide la
invalidez de la reforma, aunque aún no se conocen los detalles del argumento
jurídico, pues la demanda aún no es pública.
El ministro
dio 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Ejecutivo para que rindan
informes y envíen copias de los antecedentes legislativos de la reforma.
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