Guadalupe
Correa-Cabrera.
El tema de
la seguridad es quizás el principal desafío en la frontera norte de México a un
año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Justo al celebrarse este
aniversario se conocieron, con mayor detalle, los hechos ocurridos el 30 de
noviembre en el municipio de Villa Unión, Coahuila donde murieron por lo menos
25 personas. En esta ocasión, elementos de las fuerzas del orden fueron
emboscados por miembros de la “Tropa del Infierno”, brazo armado del Cártel del
Noreste (una célula que se desprendió de lo que fueron Los Zetas). A este
ataque se sumó un tiroteo contra las instalaciones de la Presidencia Municipal
de Villa Unión. Además, habitantes de la comunidad reportaron, a través de
redes sociales, la presencia de grupos armados y balaceras en distintas zonas
del municipio.
Este
terrible incidente se añade a los múltiples acontecimientos violentos que se
registraron en la frontera norte de México durante el primer año de Gobierno de
López Obrador (llamado también el Gobierno de la Cuarta Transformación o 4T).
Destacan, en particular, la masacre de las familias mormonas en la frontera
entre los estados de Sonora y Sinaloa y los múltiples enfrentamientos en la
Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas que involucran a grupos armados del Cartel
del Noreste, algunas células del Cartel del Golfo y miembros de las fuerzas del
orden. En esta violenta e importante ciudad tamaulipeca se conjuntan diversos
problemas, desde alegados actos de paramilitarismo que se explican por supuestas
ejecuciones extrajudiciales, hasta el secuestro de migrantes—e incluso la
desaparición del director y un colaborador de un albergue de migrantes, quienes
fueron privados de su libertad por hombres armados.
Las
ejecuciones y los enfrentamientos entre grupos armados son frecuentes en todos
los estados fronterizos de México. Estos acontecimientos reproducen por sí
mismos el ciclo de la violencia en el norte del país y esta dinámica parece no
tener fin. Al mismo tiempo, y derivado de la respuesta de las fuerzas del
Estado, se registra la fragmentación de grupos que un día tuvieron un control
regional de los mercados de drogas. Hoy por hoy, las actividades
criminales/ilícitas de estos grupos se han multiplicado, al igual que las
células criminales que operan en el norte de México, las cuales se va
desprendiendo de grupos que antes operaban regionalmente y que estaban bien
organizados. Actualmente, no es fácil diferenciar a los grupos criminales que
operan en la frontera. Identificamos múltiples células que bien podrían aliarse
inclusive con las fuerzas del Estado, como parece ser el caso de Tamaulipas
(https://www.sinembargo.mx/16-09-2019/3646401). Se ha perdido la cuenta de
todos los grupos armados que van causando destrozos, muerte y violencia; entre
ellos se encuentran múltiples células del Cartel del Golfo y de lo que fueron
los Zetas; operan también el Cartel de Sinaloa, el CJNG y grupos como la Línea,
Gente Nueva, Los Salazar, Los Jaguares, etcétera; ya hasta se perdió la cuenta.
El panorama
de seguridad en los estados fronterizos de México durante el primer año del
Gobierno de AMLO parece ser trágico. Pero lo más trágico resulta ser la
aparente ausencia de una estrategia clara para enfrentar este problema. En
lugar de aminorarse, la violencia en México parece recrudecerse, al punto en el
cual algunos actores, incluyendo incluso gobernadores fronterizos y miembros de
la sociedad civil—en su desesperación algunos y otros quizás con mala
intención—han pedido la intervención del vecino país del norte. En esta
coyuntura, que representaría para el Presidente estadounidense grandes réditos
políticos en un momento crítico, se ha planteado incluso la intención de
denominar a los mal-llamados carteles de la droga mexicanos como organizaciones
terroristas extranjeras (FTOs por sus siglas en inglés). Por ahora, Estados
Unidos decidió no hacerlo, pero dejó abierta esta posibilidad. Los efectos de
una acción de este tipo podrían ser nefastos.
¿Qué hacer
entonces en este panorama tan delicado?
La situación
es efectivamente compleja pues hay bastantes intereses en juego. Está, por un
lado, el actual Gobierno de López Obrador que heredó una difícil situación, la
cual se salió de control por una estrategia de seguridad fallida y doce años de
militarización. Por el otro lado, se encuentra una oposición resentida que
parece creer que su sobrevivencia política se sustenta en el fracaso la llamada
4T. Juegan también en contra de México: negocios criminales billonarios,
grandes intereses en el sector energético y un Presidente estadounidense que
enfrenta un proceso de destitución (impeachment) y una elección clave en el
2020 en la cual el tema de México podría también ser determinante como lo fue
en el 2016.
No obstante
lo anterior, y ante la muy difícil situación de seguridad en el país, no está
México del todo perdido pues Andrés Manuel goza de una amplia popularidad, lo
cual le da un amplio margen de maniobra para intentar mantener el orden y la
gobernabilidad. En este contexto, bastante favorable para el mandatario
mexicano, es posible delimitar con toda claridad las prioridades y trabajar en
establecer una estrategia clara de seguridad, generando instituciones, haciendo
una verdadera reforma policial y mejorando los mecanismos de coordinación
interinstitucional y entre los diferentes órdenes de Gobierno.
Es preciso
que el Gobierno de la 4T delimite sus acciones en un plan concreto,
estableciendo prioridades que deberían enfocarse en tres acciones
fundamentales: 1) completar la reforma policial a través de una formación
completa y de una asignación clara y efectiva de funciones de la guardia
nacional; 2) un enfoque en el combate al lavado de dinero y a la corrupción en
temas de delincuencia organizada; y 3) mejorar la coordinación entre las
agencias seguridad y entre los estados y el Gobierno federal.
Este último
punto es crucial, no se puede combatir el problema sin que los gobernadores de
oposición cooperen con el Gobierno federal. El caso de Tamaulipas es
emblemático y muy problemático en este sentido. El conocido periodista de
Torreón, Javier Garza Ramos, en un tuit del día sábado 6 de diciembre se
extraña de la ausencia de operativos de fuerzas federales en Tamaulipas y Nuevo
León contra el peligroso Cartel del Noreste (véase https://twitter.com/jagarzaramos/status/1203100937532915712).
En la región noroeste de México la situación en muy compleja pues no se trata
únicamente de ir contra un grupo de la delincuencia organizada. Existen otras
peligrosísimas células criminales cuyo negocio fundamental no son las drogas
sin es ejercer terror para extraer rentas a la sociedad. Y lo que es peor,
eventos recientes nos muestran algunas evidencias de posibles actos de
paramilitarismo en el estado.
Es preciso
mejorar la capacidad de investigación de las autoridades mexicanas y fincar
responsabilidades cuando así se requiera. En el caso de que los gobernadores no
deseen colaborar, la situación es mucho más complicada. Las autoridades
estadounidenses no pueden coordinarse directamente con los gobiernos estatales,
dado que la situación de inseguridad y delincuencia organizada en el norte de
México constituyen temas de seguridad nacional. La coordinación debe suceder al
interior de México. Por su parte, se requiere además de un enfoque de
fortalecimiento institucional que incluiría acciones en otras áreas como la de
comunicación social, sistema penitenciario, procesos judiciales, desarrollo de
las policías locales, seguridad ciudadana, entre otras.
Hasta ahora,
la estrategia del Gobierno mexicano no es clara y, lo que es peor, pareciera
totalmente fallida. En general, pareciera ser que, al igual que en las
administraciones pasadas, la denominada guerra emprendida para luchar contra la
extorsión y la delincuencia organizada es totalmente improvisada y, por lo
tanto, está destinada a fracasar. Es preciso que el Gobierno de la llamada 4T
actúe cuanto antes y de forma efectiva para enfrentar el que pareciera ser uno
de los mayores retos. Y este reto se visibiliza, y presenta probablemente sus
peores síntomas, en la frontera norte de México.
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