Por Pablo
Gómez.
El
financiamiento público de los partidos suele ser uno de los elementos de las
democracias competitivas. En consecuencia, está integrado en el sistema
político mexicano. Sin embargo, no existe una regla única. No hay en el mundo
uno idéntico a otro.
El jueves 12
de diciembre, el PRI y el PAN, junto con otros cuatro institutos políticos,
votaron en contra de la reducción del financiamiento a la mitad, propuesta por
Morena en la Cámara de Diputados. Ambos acusaron a este partido de querer
deshacer el actual sistema político y buscar su predominio.
En el fondo,
esos dos viejos partidos creen que ahora, más que nunca, requieren un fuerte
subsidio del Estado para tratar de recuperar su votación anterior al 2018. No
obstante, la idea de que los recursos que hoy reciben les resultan
indispensables es mala por ser falsa. En la reciente elección federal, el PRI y
el PAN incrementaron el dinero gastado, pero cayeron en número de votos
obtenidos. El partido que más sufragios obtuvo fue el que menos dinero había recibido.
Las
reglas del financiamiento no se limitan a las campañas electorales, como ocurre
en muchos otros países, sino que comprende también el llamado gasto ordinario
que se entrega mensualmente. La bolsa anual de dinero para todos los partidos
se conforma al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El
30% de ese total se reparte entre los partidos de manera igualitaria y el resto
se asigna a cada cual según el número de votos obtenido en la más reciente
elección de diputados federales. Además, las entidades federativas cuentan con
sendos mecanismos de subsidio a los partidos.
Morena ha
planteado siempre que esa bolsa debe reducirse. No se trata sólo de canalizar
unos 2 mil 500 millones anuales (la mitad del financiamiento actual) hacia
otros gastos necesarios, sino también de bajar las erogaciones públicas que se
destinan a sostener pesadas burocracias partidistas.
El proyecto
de disminución del financiamiento a los partidos partió de reiteradas
expresiones populares. El subsidio ha ido subiendo a una cantidad
importante, más aún cuando la bolsa aumenta un 30% en los comicios intermedios
y en un 50% en el año de la elección presidencial.
La
demanda de reducir este financiamiento no sólo tiene años, sino que en 2018 fue
una insistente promesa de Morena y su candidato a la Presidencia, los cuales
admiten su existencia, pero rebaten la cuantía. Es así de simple.
Durante
meses se sostuvieron diálogos entre varios partidos en aras de alcanzar la
mayoría requerida para emitir una nueva norma. Hace unos días se vio claro que
no sería posible, pero al proyecto ya se le había dado publicidad y estaba
listo para ser votado en el pleno de San Lázaro.
Morena no
quiso más demoras porque nada indicaba que la situación fuera a cambiar y,
además, su obligación era cumplir con una promesa política de campaña aún
cuando no fuera posible alcanzar el éxito por ahora.
La
mayoría absoluta de la Cámara de Diputados (274 votos) se ha pronunciado por
bajar el subsidio a los partidos, pero en México, la norma es constitucional y
para modificarla se requiere dos tercios en ambas cámaras y la aprobación de la
mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
En síntesis,
los responsables de que el próximo año se sigan erogando unos 5 mil millones
de pesos en gastos de operación de los partidos son quienes han votado en
contra: PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y PT.
El debate
sobre este tema, sin embargo, continuará.
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