Inmunidad presidencial: los diputados tienen razón.

Martí Batres.

Al comenzar el actual sexenio, el 4 de diciembre del 2018, el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal envió su primera iniciativa legislativa al Congreso de la Unión, haciéndolo a través del Senado.

En esa primera iniciativa propuso ampliar la responsabilidad penal del Presidente, agregando otros dos delitos por los cuales podría ser procesado y sentenciado: corrupción y fraude electoral.

La iniciativa respondía a la experiencia histórica reciente, pues varios presidentes terminaron sus mandatos sumergidos en escándalos de corrupción o fraude electoral.

El texto vigente del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice al respecto: "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común".

Y la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó el siguiente texto de reforma: "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución".

De esta manera, de aprobarse tal reforma, se cumpliría con el propósito de ampliar el abanico de delitos por los cuales podría ser imputado el Presidente, reduciéndose así el alcance de su inmunidad.

Sin embargo, al dictaminarse la iniciativa por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el texto originalmente propuesto por el Presidente fue modificado, quedando así la redacción aprobada:

"Artículo 108...Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados, por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19. En todos los casos se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de esta Constitución.

Con la modificación se colocaba a los senadores y diputados en la misma condición jurídica del Presidente. Y para lograr su aprobación se argumentó que así los legisladores perderían el fuero.

No obstante, los diputados si se dieron cuenta del error cometido en el Senado. Señalaron que con la modificación al texto original, realizada por los senadores, no sólo no se eliminaba el fuero de los legisladores sino que se se reforzaba la protección a los mismos, otorgándoseles inmunidad en el 90% de los delitos que llegasen a cometer. En otras palabras, los legisladores no sólo mantendrían el fuero, sino que además gozarían de inmunidad.

Con el texto vigente de la Constitución, actualmente un legislador federal puede ser juzgado por cualquiera de los más de 100 delitos contenidos en el Código Penal Federal y por cualquiera de los más de 100 delitos contenidos en alguno de los Códigos Penales del fuero común de los estados de la República. Pero con el texto enviado por el Senado, sólo podría ser juzgado por no más de 20 delitos, es decir, por traición a la patria, corrupción, fraude electoral, así como feminicidio, robo a transporte, robo a casa habitación, uso de armas exclusivas del ejército, desaparición forzada, abuso de menores, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos.

Con la modificación propuesta por el Senado, los legisladores ya no podrían ser juzgados por fraude genérico, robo a comercio, robo de automóvil, extorsión, lesiones, violencia familiar, violación, homicidio culposo, por poner unos ejemplos.

La Cámara de Diputados detectó el error, pero el Senado reincidió en el mismo. Aunque los diputados también ratificaron la decisión que tomaron.

El tema ha quedado en la incertidumbre. Las Cámaras Federales tendrán que analizar si la coincidencia en lo aprobado por ambas es suficiente para un acuerdo que permita enviar a los Congresos Locales una versión congruente o si será necesario empezar de nuevo.