Por Eduardo
Ortega.
En el
Senado, el grupo parlamentario de Morena quiere establecer en la
Constitución que los dirigentes de todos los partidos políticos no sólo se
reduzcan su salario, sino que nadie de ellos gane más que el presidente de la
República.
La bancada
mayoritaria en la Cámara alta considera, mediante una reforma constitucional
al artículo 41 impulsada por el morenista Aníbal Ostoa Ortega, que los
tabuladores de remuneraciones salariales de algunos dirigentes partidistas no
son acordes a los principios democráticos y de austeridad republicana del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.
“Porque
aprovechando el vacío legal, que al no ser servidores públicos se autoasignan
sueldos y prestaciones salariales muy por encima de lo que gana el actual
presidente de la República, tal situación puede decirse que es legal, pero es
inmoral ante el grave rezago que existe en nuestro país”, se señala.
La
iniciativa, que se dictaminará en las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos, pone como ejemplo al presidente
de PAN, Marko Cortés Mendoza, quien tiene un salario mensual de 156 mil 571.20
pesos, de acuerdo al tabulador de remuneraciones de integrantes de órganos
de dirección del partido del primer semestre del 2019.
En el
proyecto de decreto, se señala que los partidos políticos son considerados
entidades de interés público y figuras jurídicas suigéneris, pues aunque
reciben recursos públicos denominados prerrogativas, estos recursos son
ejercidos por personas que no son servidores públicos, sino ciudadanos, quienes
ejecutan programas políticos electorales.
Para el
2020, se refiere, los partidos políticos ejercerán un presupuesto de alrededor
de cuatro mil 965 millones de pesos, recursos que –se considera– representan
una carga grande al erario, y que resulta por demás excesivo, por las grandes
carencias que afronta nuestro país.
Esta
burocratización y excesos, se añade, ha generado que, en los últimos tiempos,
los presidentes e integrantes de los órganos directivos de los partidos
políticos, se asignen remuneraciones que exceden el límite establecido en la
Constitución, ya que no existe una regulación jurídica que se los impida.
Y por ello se
busca corregir el artículo 41 Constitucional para que se establezca que ningún
dirigente político perciba más ingresos que el presidente de la República. “sus
remuneraciones, en ningún caso podrán ser superiores a la establecida para el
Presidente”.
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