Darío Celis.
Contrario a
lo que denuncian organizaciones campesinas, sobre un supuesto desmantelamiento
de los programas de agricultura, en el gobierno de la 4T tienen muy claro
que el apoyo al campo mexicano es una prioridad… no así la Secretaría de
Agricultura.
Esta es
la razón por la que Sader, de Víctor Villalobos, pasó de disponer 65 mil 435
millones de pesos en 2019, a 47 mil 577 millones para 2020: un recorte de 27.29
por ciento en su presupuesto.
La tijera
cuartotransformista dejó fuera del paquete de egresos cinco programas
agropecuarios que en conjunto, tuvieron durante este año casi 13 mil millones
de pesos para su operación.
Es un
recorte a los rubros de Apoyos a la Comercialización y Fomento Agrícola,
Ganadero y Pesquero; entendible si se toma en cuenta que desde el inicio de la
actual administración Andrés Manuel López Obrador había instruido al secretario
Villalobos dejar de hacer un “uso neoliberal de los recursos del campo”.
En otras
palabras, el Ejecutivo ordenó eliminar del organigrama a Senasica, Aserca y
Conapesca, por considerarlos entes burocráticos que cuestan mucho al erario,
pero generan pocos beneficios y propician actos de corrupción.
Por el
contrario, el recién creado organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana
(Segalmex), que lleva Ignacio Ovalle, alcanzó recursos para 2020 por 15 mil
millones de pesos. Prácticamente los mismos que en su primer año de operación.
Adicionalmente
el Programa de Precios de Garantía obtuvo 10 mil millones de pesos para
entregar estímulos focalizados a productores de maíz, frijol, trigo, arroz y
leche fresca.
A petición
del propio presidente, Segalmex se ha visto involucrada, cada vez con mayor
frecuencia, en resolver los problemas que surgen entre la 4T y los campesinos
mexicanos.
Ejemplo
de ello es la denominada compra emergente de frijol correspondiente a la
cosecha 2018, o la crisis en la entrega de fertilizantes y semilla mejorada,
ocurrida en junio, mientras el titular de Sader estaba de gira por Italia.
En los
primeros seis meses de actividad, el corporativo que asumió la titularidad
de Diconsa y Liconsa había comprado y pagado, dentro del programa de precios de
garantía, más de 156 mil toneladas de maíz blanco, 100 mil toneladas de frijol
y 173 mil de trigo panificable.
A través
de Segalmex, la 4T comenzó también a hacer tareas de regulación de mercado,
pues se establecieron precios mínimos para las semillas y la leche, además de
que se comenzó a eliminar del esquema de comercialización a los llamados
acopiadores, que en algunos casos se quedaban hasta con 60 por ciento del
dinero que debía llegar a los pequeños agricultores.
A detalle,
de la leche que recolectaba Liconsa en el pasado hasta 90 por ciento se compraba
a intermediarios. Actualmente, tras concluir un censo de los lecheros que
existen en el país, el precio piso es de 8.20 pesos por cada litro que los 8
mil productores del padrón vendan a Segalmex.
En este
escenario, Sader empieza a perder fuerza dentro de la administración que
encabeza López Obrador y Villalobos parece correr con la misma suerte que su
dependencia.
Los
rumores de una inminente salida del gabinete son cada vez más constantes pues,
dicen, ni ser consuegro del consejero jurídico de la Presidencia podrá salvar a
este otro ingeniero agrónomo.
SOBRE EL
TREN Interurbano México-Toluca, habitantes de la comunidad de San Juan
Coapanoaya, Estado de México, denunciaron que líderes comunales los han
obligado a manifestarse en contra de la obra. Desafortunadamente una persona de
la tercera edad falleció al ser atropellada durante la protesta. Los lugareños
aseguran que sobre todo los adultos mayores han sido enganchados para acudir a
la manifestación. Suena el nombre de Manuel Hernández de la Rosa, presidente
comunal, como supuesto responsable de la agitación contra el proyecto que
iniciaría operaciones comerciales a finales de 2022.
ESTÁ
DECIDIDO QUE en el primer trimestre de 2020 quede listo el proyecto ejecutivo
del Tren Maya. El periodo para hacer cambios al trazo prácticamente se reduce a
este mes de diciembre. El estado de Quintana Roo que gobierna Carlos Joaquín
González es de los más adelantados. Le informo que recién se acaba de
determinar que no habrá una estación en el centro de Cancún. El equipo del
Fonatur que dirige Rogelio Jiménez Pons concluyó, con base en análisis
financieros, urbanos, ambientales y de demanda, no es factible hacer el tendido
de una red de 15 kilómetros del actual aeropuerto al municipio Benito Juárez,
cabecera de Cancún.
TRAS EL
ANUNCIO de Telefónica-Movistar de arrendar la red de AT&T, lo que fue leído
en el mercado como la claudicación para seguir creciendo su infraestructura, la
compañía dirigida por Camilo Aya empezó a dar los primeros pasos para reducir a
una mínima expresión su staff gerencial. Le informo que a finales de mes se
irán dos ejecutivos clave. Uno es Yago Bazaco, director de Regulación Jurídica,
y el otro Edson Ferreira, director Financiero y de Control y Gestión. Este
último fue la primera cabeza y autoridad por años de la filial mexicana de esta
multinacional española.
EL
SECRETARIO DE Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, empezó a poner orden en
el sistema educativo estatal y gestionó para que 191 municipios firmaran
convenios de escrituración de planteles educativos, requisito que les permite
acceder a apoyos para infraestructura escolar. Justo en enero entregará las
primeras 2 mil y prevé sean 12 mil escrituras a final del sexenio. Asimismo, y
a pesar del complejo entorno para la juventud jarocha, alumnos de educación
tecnológica ganaron 49 premios y cinco reconocimientos, como el del Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
QUIEN
TOMÓ LA determinación de modificar el transitorio para aclarar al juez que los
Certificados de Energías Limpias no serán retroactivos, es la propia secretaria
de Energía, Roció Nahle. Aquí no hubo comentarios ni de Alfonso Romo ni de
Julio Scherer. Es un hecho que en materia de política energética quien la dicta
es el Presidente, sin intermediarios, así que quién saluda con sombrero ajeno
es solo para adornarse. Pero lo que sí es un hecho, es que las hidroeléctricas
y las nucleoeléctricas tendrán derecho a adquirirlos.
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