Violencia, la terca realidad.

Raymundo Riva Palacio.

El martes por la tarde fue de locos en algunas ciudades del norte del país. Por horas circuló en chats en Culiacán que en el norte de la ciudad había grupos armados que preparaban las armas ante una ruptura entre Ismael El Mayo Zambada, e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En Monclova, Coahuila, corría la especie de presencia de camionetas del Cártel del Noreste, y que estaban evacuando el centro de la ciudad y la presidencia municipal. Las versiones eran verosímiles. En Culiacán manda el Cártel de Sinaloa, y en Coahuila, el Cártel del Noreste está estirando su músculo.

Los rumores forzaron al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a informar a través de Twitter que era falso, y que la policía estatal lo había corroborado en recorridos que hicieron para confirmar las versiones. En Monclova, de acuerdo con personas con acceso a información, se debió a un desalojo en la Fiscalía estatal por una amenaza de ataque, que llevó a las autoridades a cerrar las calles como prevención y a desplegar policías municipales armados sobre los techos.

La sicosis de apoderó de esas ciudades norteñas. El metabolismo parece haber cambiado desde el 17 de octubre, “el jueves negro”, como lo recuerdan los culichis, o el culiacanazo, como se le conoce en el resto del país. Desde aquel día, la situación de la inseguridad se ha deteriorado, no únicamente en percepción. Después de la derrota de las fuerzas federales ante poco más de un centenar de paramilitares al servicio del Cártel de Sinaloa, en la frontera de Sonora con Chihuahua, una célula de la organización criminal La Línea, que fue brazo armado del Cártel de Juárez, asesinó a tres mujeres y seis de sus hijos de la familia LeBarón, con una saña que no se había visto.

Las autoridades no tienen ningún detenido que haya participado en el culiacanazo, ni el Ejército, que tomó la derrota como personal, se sintió agraviado porque detuvieron a militares como presión para que el gobierno cancelara la detención de Ovidio Guzmán López, ha retomado la línea de recaptura. A la Marina, a la que se le encargó hace meses detener a José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedica al huachicol en el Bajío, se le escapó hace dos semanas, después de haberlo tenido cercano en octubre. La investigación sobre la matanza de la familia LeBarón ha resultado tan deficiente, que aún no terminan los peritajes balísticos, ni han podido judicializar a los criminales de La Línea que detuvieron.

Todo esto parece la crónica de un colapso del Estado mexicano, el del gobierno en materia de seguridad, y la victoria de las organizaciones criminales que, además, empiezan a batirse para arrancarse plazas y ampliar su control territorial. Las autoridades parecen floreros parlantes que tratan de ocultar la violencia con una frase, pero los índices de violencia suben cada mes. Un análisis de la consultora GLAC sobre los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, volvió a romper los niveles históricos en octubre. De ocho delitos, sólo el secuestro del fuero federal mejoró. El homicidio doloso subió 2.19 por ciento; el homicidio doloso con arma de fuego, 2.91 por ciento; el feminicidio, 11.96 por ciento; el secuestro del fuero común, 9.35 por ciento; la extorsión, 35.23 por ciento; las lesiones dolosas, 6.57 por ciento; y los delitos patrimoniales, 35.32 por ciento. En el total, la incidencia delictiva subió 8.77 por ciento.

El debate sobre los datos de incidencia delictiva en el cual está enfrascado el gobierno con los expertos y los medios, contaminó a la economía. La última encuesta del Banco de México entre especialistas del sector privado, donde se recortó la expectativa de crecimiento para este año, muestra por primera vez el realineamiento de las tres principales razones de la incertidumbre a aspectos directamente asociados con la gobernanza. El 21 por ciento de las respuestas consideró como razón de la baja en el crecimiento la incertidumbre política interna, el 18 por ciento de las respuestas identificó a la inseguridad pública, y el 15 por ciento, la incertidumbre sobre la situación económica interna.

El estilo vertical y personalísimo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador genera la incertidumbre en todos los frentes. Cuando una sola persona decide la suerte de 130 millones de personas, los riesgos de que se equivoque en la decisión se multiplican tanto como el impacto que puede tener sobre el colectivo. Esa verticalidad en la decisión cruza todas las variables sobre la certidumbre del liderazgo, una de las cuales está en entredicho y cuestionada: la estrategia de seguridad.

El Presidente se mantiene inamovible. Dice que las cosas van bien y que su política de seguridad es la correcta. Su postura es desde un punto de vista moral, que no es parte de las variables con las que se mide el funcionamiento y los resultados de un gobierno. Pero es inútil discutir con el Presidente sobre la base de las razones, porque en automático llueven las descalificaciones. Si las cosas le salen mal, es culpa del pasado, como dice de la seguridad, o de los gobernadores que no hacen nada por combatirla, como perfiló esta semana a sus nuevos enemigos.

Al final podrá seguir predicando sobre lo que ya no es, para ocultar sobre lo que es. Y esto es el avance de los cárteles de la droga para control territorial en el país, incertidumbre social ante el abandono institucional, que lleva a la zozobra y, ante la angustia y ansiedad, proliferando los rumores, la inestabilidad. La sociedad no es la única vulnerable. Quienes quieren hacer negocios se encuentran en la misma situación. No hay quien garantice sus inversiones. El gobierno, al claudicar en varias ciudades, es irrelevante. Los criminales aún no actúan como los señores de la guerra de Asia y África, y se vuelven interlocutores válidos de los inversionistas. Es el peor de los mundos para los inversionistas y para los mexicanos en general.