Raymundo
Riva Palacio.
La
contrarreforma judicial que el fiscal Alejandro Gertz Manero, infructuosamente,
hasta ahora, quiere imponer, tiene como justificación que el nuevo sistema
penal acusatorio, que opera en México desde 2016, fracasó y provocó más
violencia. Quienes tienen memoria legal dicen, empero, que Gertz Manero recicló
reformas que primero quiso que se legislaran cuando era secretario de Seguridad
Pública del presidente Vicente Fox, y después, como diputado del Partido
Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. En ese entonces, el nuevo sistema penal
acusatorio sólo vivía en el deseo de algunos. Hoy es la justificación para la
ley Gertz Manero, que no es sólo una regresión, como comentó un observador,
sino algo inédito, porque mucho de lo que propone, jamás ha existido en México.
O, se puede agregar, en ningún país, salvo las dictaduras.
Rodolfo
Félix Cárdenas, que tiene memoria legal y fue procurador de Justicia en el
gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, circuló un documento de 35
páginas donde desnuda la maniobra de Gertz Manero, al enmarcar su
contrarreforma en el contexto donde la violencia y la inseguridad que abaten al
país, podría generar apoyo popular a la mano durísima que propone. En ello ve
“la destrucción de los derechos más elementales de todo justiciable”. Y agregó:
“No se trata de anteproyectos de reforma legal para el beneficio de los
ciudadanos, para la sociedad mexicana, sino para que sufran. Para que, con la
mayor facilidad, el ciudadano y el extranjero en México pierdan su libertad, su
patrimonio, su proyecto de vida, su familia”.
Cárdenas le
hace 10 preguntas a Gertz Manero a partir de sus iniciativas de ley:
*¿Se puede
pensar con seriedad, que cuando alguien es denunciado y lo investiga un juez,
que después lo va a procesar y dictará su sentencia, tiene la más mínima
posibilidad de una defensa?
*¿Se puede
pensar con seriedad, que cuando alguien es denunciado y la propuesta de
Anteproyecto de un Nuevo Código Procesal exige de su abogado defensor que lo
delate, va a tener en verdad un abogado a su lado que le defienda?
*¿Se puede
pensar con seriedad, que el libre ejercicio de la profesión como abogado de
defensa penal pueda tener realidad, cuando se le conmina a delatar a su
defendido y se le amenaza con procesarlo, si al argumentar al Ministerio
Público le parece que no lo hace con verdad?
*¿Se puede
pensar con seriedad, que el derecho a la no autoincriminación sea una realidad
si, cuando es invocado por el acusado en juicio, este se activa en contra del
propio acusado, produciendo prueba en su perjuicio si decide no declarar?
*¿Puede
alguien pensar con seriedad que una persona denunciada por cualquier delito
pueda tener defensa, si no tiene acceso a conocer los datos de prueba que
existan bajo la idea del expediente cuasi secreto, porque ahora será sólo lo
que el Ministerio Público le quiera mostrar por considerar que ello es lo que
le relaciona en la imputación y con ello tratar a todas las personas y a todos
los delitos como en su origen se trataba a la delincuencia organizada en este
país?
*¿En verdad,
desaparecer a los Jueces de Control –que tutelan derechos frente a actos u
omisiones del Ministerio Público– y al Tribunal de Enjuiciamiento previstos
como órganos con competencia distinta, para sustituirlos por un mismo juez que
investiga, procesa y sentencia bajo el argumento de la compactación y celeridad
el proceso, garantiza un juicio justo?
*¿Puede
existir defensa en verdad, cuando no sólo la persona es investigada, procesada
y juzgada por el mismo juez, sino que se presume su culpabilidad?
*¿Puede
existir defensa en verdad, cuando no sólo la persona es investigada, procesada
y juzgada por el mismo juez, sino que ello se hace a puerta cerrada, evitando
la publicidad?
*¿Puede la
Policía, además de investigar, ser parte en el proceso penal con derecho a
ofrecer pruebas y, como parte procesal, a intervenir en el proceso?
*¿Puede
evitarse –como sucedía en ocasiones antaño–, que eliminando ahora la
argumentación oral en una clausura y exigiendo de las partes que su alegato sea
escrito –por Oficialía de Partes– para que el juez días después dicte fallo –ya
no en 24 horas y de forma oral en audiencia–; que el juez sea llamado para
recibir instrucciones de qué hacer, de cómo resolver; que sea visitado; que
reciba un mensaje –amenaza– para guiar el sentido de la sentencia (aunque la
propuesta ya le pone desde la investigación en posibilidad de tener la
sentencia y guardarla en el cajón para ese momento), pues, de no considerar que
sea así, podría ser sometido a un proceso por un 'tribunal especial' conformado
por jueces de ascendencia política?
El alegato
central del documentado escrito es la desaparición de los derechos y garantías
de cualquier mexicano o extranjero que viva aquí o simplemente cruce por el
territorio nacional, de las personas físicas, pero también de empresas,
industrias, nacionales y extranjeras establecidas en México, que verían
desaparecer los derechos de defensa y de imparcialidad judicial. Hace unos
días, en la comparecencia pública del presidente Andrés Manuel López Obrador,
respondió a la publicación de los avances de la contrarreforma que no se iba a
retroceder en nada ni afectar la libertad y la democracia.
“Qué bueno,
porque si en su pensamiento está no retroceder en nada, por ser libertad y
democracia real, auténtica, estoy seguro que no avalaría una reforma al sistema
de justicia penal, como la que se pretende impulsar desde la Fiscalía General
de la Nación que, a costa del sacrificio de los derechos humanos, vuelve al
siglo XIX y principios del XX”. Qué bueno, sí, como dijo Cárdenas: falta que en
los hechos sea congruente con lo que dijo.
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