Por Gloria
Reza M.
Con el
pretexto de garantizar una “auténtica representación sindical” dentro del
Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), el gobernador
Enrique Alfaro Ramírez busca reformar la ley en la materia.
No obstante,
burócratas inconformes destacaron que la reforma planteada por el mandatario
estatal sólo favorecería al Grupo Universidad, que controla el exrector Raúl
Padilla López.
Actualmente el
Ipejal cuenta con un Consejo Directivo integrado por dos representantes del
gobierno del estado, uno del municipio de Guadalajara y uno más de la
Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios y Organismos Públicos Descentralizados (FSESEJ), que dirige Juan
Pelayo Ruelas, y se encarga de tomar las decisiones sobre cómo y dónde se
invierte el dinero de los servidores públicos.
En la
iniciativa para reformar la Ley de Pensiones –enviada al Congreso local el pasado
16 de diciembre–, Alfaro propone modificar la fracción III del artículo 151 de
la Ley del Ipejal, para eliminar la exclusividad de la FSESEJ.
Tras
argumentar que la ley no debe favorecer a una central sindical, el texto
destaca que cada tres años el Consejo Directivo del Ipejal, a petición de
cualquier federación de sindicatos, “podrá revisar y en su caso sustituir la
representación” que cuente con la mayoría de agremiados conforme al informe que
rinda el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE).
Burócratas
inconformes, quienes pidieron el anonimato, aplaudieron la iniciativa de
Alfaro, pero manifestaron que dentro de la reforma existe un transitorio que
menciona: “por única ocasión se tomará en consideración la membresía de
sindicatos de Empleados al Servicio del Estado del 29 de mayo de 2019”.
Esto,
apuntaron, significa que la única opción sería la Federación de Sindicatos
Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de
Jalisco (Fesijal) –encabezada por Juan José Hernández Rodríguez, ‘El Choko’,
quien además es representante del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital
Civil de Guadalajara (SUTHC)–, que congrega a 20 sindicatos y 12 mil 908
trabajadores.
La
Fesijal es un “ente político de la Universidad de Guadalajara, El Choko no
responde ni a los intereses de los trabajadores de los hospitales, ni a los
intereses de los sindicatos, él responde a los intereses del Grupo
Universidad”,
resaltó el representante de los inconformes.
Parte del
control del Ipejal, dijo, se entrega “a un poder fáctico que es la Universidad
de Guadalajara, con el argumento de que tienen la mayoría de 2019, pero si la
modificación se da este año, tiene que hacerse un recuento en 2020”.
Asimismo, manifestó
que el 18 de octubre de 2019 se conformó Sindicatos Autónomos Federados (Safe),
que aglutina a 21 organizaciones y representa a 11 mil servidores del estado, y
su líder es José Miguel Leonardo Cisneros. Esa Federación, abundó, no se
tomaría en cuenta.
La
Fesijal “juega con una mayoría ficticia porque el recuento” del TAE es de
sindicatos de burócratas, pero incluyen al Sindicato de Empleados Públicos del
Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA), cuyo contrato
colectivo de trabajo está depositado en el Apartado A del artículo 123
constitucional, no en el B, como el resto, que establece la relación de trabajo
entre los Poderes de la Unión y sus servidores.
Los
afiliados al SEPSIAPA “no son burócratas, porque para serlo tendrían que
liquidar el contrato colectivo y pasarse al Apartado B”, y esto implicaría que
renunciaran a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la
modalidad 10 y sólo recibirían jubilación en Ipejal, no de ambas instancias
como actualmente sucede.
El
SEPSIAPA cuenta con aproximadamente 2 mil 300 afiliados, no burócratas, por lo
que la Fesijal quedaría sólo con 10 mil 608 agremiados, por debajo de Safe,
recalcó el líder de los inconformes, cuyo nombre fue omitido por seguridad.
Safe
contabiliza a 180 miembros del Sindicato de Trabajadores Unidos del Sistema
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que también deberían
restarse, agregó.
Y más: “El
transitorio es una dedicatoria sin nombre para entregarle la representación de
la silla de Pensiones a la Universidad de Guadalajara, cuando ésta presenta
muchas deficiencias en sus sistemas pensionarios. No está el total de
trabajadores de hospitales civiles adheridos a Pensiones y la Universidad no es
transparente”.
Prosiguió: “Se
interpreta que es un pago de favores al Grupo Universidad, pero lo correcto es
que desaparezcan el transitorio y convoquen a todas las federaciones para que
sea un acto democrático”.
La propuesta
del gobernador será votada en los próximos días, según mencionó el diputado
Esteban Estrada, de Movimiento Ciudadano.
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