Las Comisiones Unidas de Justicia, Salud, Estudios
Legislativos, además de la de Comisión de Seguridad Pública, crearon el
anteproyecto para la Ley para la Regulación de la Cannabis, el cual se apresta
a despenalizar todos los usos de la mariguana, desde su producción hasta el
consumo sea médico o no.
La iniciativa prevé que la mariguana estará permitida para
fines comerciales, farmacéuticos, médicos, personales, lúdicos o recreativos,
paliativos y cosmetológicos, aunque en este último, la utilización del cannabis
deberá ser en concentraciones menores del 1% de THC y sus derivados con la
finalidad de embellecer o mejorar la apariencia física.
Al terminar la prohibición, la iniciativa refiere que una o
un ciudadano podrá tener en su posesión para consumo personal hasta 28 gramos
sin que el Ministerio Público inicie una investigación por esto.
Asimismo, con base en el artículo 195 del documento, la
cannabis solo será sancionada penalmente cuando la posesión sea superior a 200
gramos, en cuyo caso la pena será de tres a seis años de prisión.
“La posesión del cannabis en una cantidad superior a los 28
gramos establecidos por la Ley General de Salud e inferior a los 200 gramos a
que se refiere este artículo, solo será sancionada con multa”, indica el texto.
También establece que, en aquellos casos en los que una
persona esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis, sin las
autorizaciones a que se refiere esta Ley y la Ley General de Salud, será
remitido a la autoridad administrativa competente y se le impondrá una multa de
60 a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización.
Además, la propuesta señala que se le dará la más baja
prioridad a la posesión de cannabis para consumo personal, siempre y cuando en
el consumo o posesión del cannabis no participen menores de edad o personas que
no tengan la capacidad para comprender la relevancia de la conducta, que no se
realice en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión o
dentro del espacio comprendido en un radio menor de 300 metros de los límites
de la colindancia de estos lugares.
De igual forma, destaca la prohibición de comercializar,
distribuir, donar, regalar, vender y suministrar productos de cannabis para uso
adulto a menores de edad; así como emplear a menores de edad en actividades de
comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de cannabis.
Y no permite conducir cualquier vehículo, equipo o máquina
peligrosa bajo los efectos del THC superiores a los establecidos por el
Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis. De no cumplir con esto,
la sanción sería una multa de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización,
dando la posibilidad a la autoridad competente de suspender temporalmente la
licencia de conducir del infractor y, en caso de reincidencia, proceder a su
cancelación. E incluso, prevé que la autoridad administrativa pueda sancionar
con arresto de 12 a 36 horas y con trabajo en favor de la comunidad.
Otra de las cosas que prevé el proyecto es la creación del
Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, como un organismo
público desconcentrado de la Secretaría de Salud, encargado de regular,
reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del
cannabis.
Las actividades que serán reguladas son almacenar,
aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir,
empaquetar, etiquetar, exportar, fumar, importar, investigar, plantar, portar,
preparar, producir, sembrar, transformar, transportar, suministrar y vender.
Este anteproyecto tiene varios antecedentes como la
iniciativa presentada por Jesús Zambrano y Guadalupe Hernández, ambos diputados
del PRD, el 26 de abril de 2016, en la cual pedían reconocer las cualidades
terapéuticas de la cannabis.
O la propuesta de Mario Delgado, quien el 6 de diciembre de
2017 entregó la una iniciativa para expedir la Ley General para el Control de
la Cannabis y sus Derivados.
Así como lo propuesto por la entonces senadora de Morena Olga
Sánchez Cordero, y el senador Ricardo Monreal, quienes el 8 de noviembre de
2018 presentaron un proyecto para expedir la Ley General para la Regulación y
Control de Cannabis.
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