Julio Astillero.
Es una
fotografía inusual: Andrés Manuel López Obrador flanqueado por gobernadores
priístas en un salón de Palacio Nacional. Es decir, por los concesionarios
estatales de la parte tricolor de lo que antes era llamado la mafia del poder.
Eran 11: más a la derecha (seis) que a la izquierda (cinco) del político
tabasqueño, en una exhibición pública del pragmatismo que debe regir las
acciones de un presidente de la República.
El encuentro
mostró el estado de postración que por política de supervivencia mantiene el
partido que durante siete décadas (con tres denominaciones distintas) mantuvo
el poder de una manera implacable, arrinconando e ignorando a sus opositores y
dosificando migajas plurinominales para mantener una apariencia de democracia.
Hoy, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene en un estado de virtual
sedación política. Oficialmente tiene una tercera parte de los gobiernos
estatales, pero en los hechos no cuenta con peso político real, atenazado como
está por el hiperactivismo del presidente de la República, por el afianzamiento
de las bases electorales obradoristas incentivadas con el asistencialismo
electoralmente preliminar, por los contrapesos conocidos como superdelegados y
por la terrible sanción social contra esas décadas de dominio priísta
caracterizado por la corrupción institucionalizada, la prepotencia de la clase
política tricolor y el agudizamiento de la desigualdad socioeconómica en el país.
Para
confirmar el estado político fantasmal del PRI basta preguntarse qué hace su
presunto máximo dirigente, Alejandro Moreno, usuario del diminutivo Alito (que
los observadores cambiaron desde meses atrás por el de AMLitO), gobernador con
licencia de Campeche, propietario en la capital de esta entidad de una mansión
de inexplicable financiamiento y aplicado contribuyente a la fluidez del
obradorismo mediante la práctica de un prolongado acto de desaparición
voluntaria de los escenarios de lucha cuando menos retórica.
No hay
dirigente del PRI o, cuando menos, no lo hay en los campos de batalla. Y en las
cámaras legislativas federales hibernan los pocos personajes que se salvaron de
la enorme poda electoral de 2018: por ahí deambulan Miguel Ángel Osorio Chong,
Claudia Ruiz Massieu o René Juárez, por mencionar algunos nombres, haciendo
como que algo hacen. José Antonio Meade Kuribreña, el reciente candidato
presidencial a nombre del PRI, aunque no es militante de este partido,
sobrelleva con su mejor ánimo la derrota electoral (¿pactada, echado al ruedo
justamente para ser cornado?): su mayor logro político luego del fracaso en
urnas fue que el ganador, AMLO, le diera palmaditas políticas en la espalda
dolida y le regalara un certificado de buena conducta ciudadana.
Cruzando un
desierto amplísimo, mucho más grande que los cruzados cuando Vicente Fox y
Felipe Calderón se quedaron con Los Pinos, el PRI hace caravanas constantes
ante el poder obradorista. Ayer, los gobernadores de Campeche, Coahuila, Colima,
estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tlaxcala y Zacatecas visitaron Palacio Nacional para anunciar que se suman a
los convenios federales relacionados con el Instituto Nacional para el
Bienestar (Insabi), a diferencia de los mandatarios estatales panistas, que aún
se resisten o buscan otras fórmulas de adhesión.
En ese
escenario de allanamiento priísta ante el poder presidencial moreno, los
grandes personajes del tricolor están a salvo, virtualmente intocables: Carlos
Salinas de Gortari se mantiene a la distancia, acechante, en espera de momentos
propicios para intentar algún golpe político; Enrique Peña Nieto disfruta de
las mieles de la amnistía política decidida personalmente por López Obrador e
incluso se llegó ayer al punto del elogio, por parte de un segmento de usuarios
de redes sociales, a la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.