Jorge Zepeda
Patterson.
La situación
de México frente a la migración centroamericana es perder o perder, no importa
qué haga. En el ajedrez se le conoce como zugzwang, al escenario en que todo
siguiente movimiento provoca un daño. El Gobierno mexicano afronta su momento
zugzwang en la frontera guatemalteca, para regocijo de los adversarios de la
4T.
Si quiere
impedir el paso de las caravanas procedentes de Honduras y El Salvador que
intentan ingresar masiva e ilegalmente en territorio, será acusado por la
prensa crítica de ser un Gobierno inhumano y represor; si por el contrario, las
deja pasar será criticado por la incapacidad de hacer cumplir la ley y
garantizar la integridad de la frontera; poco menos que un primer paso hacia un
Estado fallido. Por lo demás, si una de estas caravanas de dos o tres mil
integrantes tiene éxito, el efecto no hará sino multiplicar el problema para
convertirlo en endémico, dada la situación de violencia y pobreza que
experimentan algunos países del Caribe y de Centroamérica.
Las
implicaciones geopolíticas serían aún más graves. Podemos estar en desacuerdo
con las bravuconerías de Donald Trump, y entender que ni la razón ni la ética
le asisten, pero eso no disminuye un ápice la capacidad que tiene la Casa
Blanca para dañar la vida de los mexicanos si se lo propone. El modelo de
desarrollo adoptado en las últimas décadas al amparo del TLC, nos hizo
sumamente vulnerables al mercado estadounidense o a sus cadenas de producción.
Las decisiones o represalias que el vecino pueda tomar afectan a millones de
trabajadores y miles de empresas, por no hablar de la población de escasos
recursos que depende de los envíos de dinero de los paisanos.
La lógica de
Trump puede estar equivocada, pero es su lógica. Asume que si deseamos un
tratado de libre comercio y, por ende, incorporar el territorio mexicano a una
zona llamada Norteamérica, tenemos obligaciones con respecto a factores que
amenazan al conjunto, entre ellos la inmigración ilegal. El razonamiento de los
republicanos es torpe e injusto pero categórico: si queremos pertenecer al
condominio horizontal, en el que se encuentran Estados Unidos y Canadá, y
compartir espacios comunes, estamos obligados a limitar quién y cómo pasa por
nuestro terreno. Permitir que México se convierta en una coladera de vecinos
que no están incluidos en el condominio, por así decirlo, a su juicio invalida
las razones para invitarnos. Desalmada y absurda, pero es una realidad, nos
guste o no. Es un pensamiento que siempre ha estado allí, solo que ahora domina
en la Casa Blanca, para desgracia del Gobierno de la 4T.
No es un
flanco abierto por el arribo de López Obrador a la presidencia, por más que sus
adversarios intentan pasarle la factura. Se nos ha olvidado muy pronto el
desinterés de gobiernos anteriores frente a la tragedia humana que representaba
el abuso en contra de ese flujo de migrantes a su paso por nuestro territorio:
robos, secuestros, violaciones, trabajos forzados (incluso fosas comunes o el
tren de la infamia llamado La Bestia). Lo que no había sucedido es que
Washington asumiera el tema prácticamente como una extorsión con cargo a los
acuerdos comerciales de los que dependen tantos mexicanos
El Gobierno
de AMLO buscó una solución humanitaria de largo plazo proponiendo una especie
de Plan Marshall con el propósito de atacar el problema de raíz y propiciar el
desarrollo de la región. A pesar del escaso interés de Estados Unidos, es una
propuesta que nos dignifica. Las políticas públicas que intentan promover el
crecimiento del sureste mexicano, abandonado durante tantas décadas por el
espejismo del desarrollo en el norte, son pasos correctos para intentar
estabilizar la zona.
Está bien
trabajar el largo plazo, pero es evidente que las caravanas migratorias son una
bomba inmediata. Dejarlas pasar tiene un costo político enorme; detenerlas
entraña riesgos brutales. Los críticos que están a la caza de una imagen de
abuso que pueda desencadenar acusaciones de represión son los mismos que
crucificarían al presidente si permitiera que miles de ilegales penetraran
impunemente en el territorio.
El Gobierno
ha optado por movilizar a la Guardia Nacional para impedir la invasión masiva,
al tiempo que ofrece agilizar el proceso para tramitar un número de visas por
día para el ingreso legal de los solicitantes. Se han acelerado los programas
para generar empleos en la región y ofrecer así opciones a los que huyen de la
pobreza, aunque también eso es motivo de crítica por considerar que hay
mexicanos igual o más necesitados.
La situación
es un barril de pólvora. Los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y los
centroamericanos fácilmente pueden derivar en violación de derechos y en
imágenes violentas; son personas que se encuentran en situación desesperada y
no se descarta, aun cuando sean casos excepcionales, que existan miembros de la
delincuencia interesados en provocar incidentes que lleven a la represión y a
la consiguiente repulsa contra el operativo de las autoridades. En los últimos
días las pedradas y las agresiones en contra de miembros de la Guardia han
provocado exabruptos lamentables.
No hay
salidas para este conflicto. El Gobierno simplemente espera disuadir la
formación de otras caravanas, librar la coyuntura sin que un derramamiento de
sangre provoque una crisis y evitar que Trump y sus secuaces utilicen una
presunta porosidad mexicana como un pretexto para ejercer represalias. De lo
que no podrá librarse es de que columnistas y prensa crítica lo acusen de ser
un Gobierno represor e inhumano si los detiene y de incapaz y blandengue si los
deja pasar.
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