La (nueva) Iniciativa Mérida.

Raymundo Riva Palacio.

La ignorancia ha sido tóxica para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando se combina con la negligencia, puede tener un efecto multiplicador. Esto quedó de manifiesto –aún falta ver la totalidad de sus consecuencias– en la forma como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está llevando a cabo negociaciones con sus contrapartes de Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo, sin que parezcan entender que, al dejar abierta su puerta, el gobierno mexicano va corriendo a ser sometido para que, como en el pasado no muy lejano, la política de seguridad sea dirigida desde Washington. La SCT, es lo que no comprenden en el gobierno, es el gran hoyo en materia de seguridad que quieren tapar los estadounidenses y quieren taparlo a costa de lo que sea.

La dejadez irresponsable, derivada de esa incapacidad crónica del gobierno para pensar en términos estratégicos, se reveló ante los ojos de todos, aunque casi nadie lo vio, el 15 de enero pasado, cuando el embajador Christopher Landau celebró con el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, Rodrigo Vásquez Colmenares, la inauguración de un proyecto de seguridad aeroportuaria para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “con la finalidad de detectar y prevenir cualquier amenaza o situación ilícita en los puntos de revisión de ambas terminales”. Fue de 15 millones de dólares, según funcionarios mexicanos, pero esa inversión viene acompañada de toda una serie de pasos para poner en marcha una nueva Iniciativa Mérida, pero ajustada unilateralmente a los intereses del gobierno de Estados Unidos.

En ese evento, Landau esperaba ver a funcionarios de mayor nivel, pero nadie acudió. El secretario Javier Jiménez Espriú, ni siquiera informó a la Embajada de Estados Unidos que no asistiría, y tampoco fue ningún subsecretario. El desinterés no ayuda a los negociadores mexicanos. De hecho, ese apoyo tecnológico es el primer paso en firme de la nueva Iniciativa Mérida, ante la creciente preocupación del trasiego de drogas –en particular el fentalino– por esa coladera del crimen que es el aeropuerto “Benito Juárez”, y del terrorismo, que, ante la inexistente estrategia de seguridad del gobierno, se fortalece cada vez más la idea de México como un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

La intervención estadounidense en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenzó el 10 de diciembre pasado, al instalarse 24 equipos de Tecnología de Imagen Avanzada para escanear de cuerpo completo a los viajantes, mediante un escaneo de cuerpo completo con tecnología térmica. “El aseguramiento de nuestra frontera en común y el fortalecimiento del Estado de derecho se han convertido en el punto de convergencia para nuestra cooperación en el combate a las organizaciones criminales transnacionales”, dijo Landau. Sobre todo, porque, con más de 120 vuelos diarios, México es el país que más viajes realiza diariamente a Estados Unidos.

Los nuevos equipos con tecnología de punta se enmarcan en las presiones que ha incrementado el presidente Donald Trump sobre México desde el culiacanazo, el 17 de octubre pasado, que incluye que se permita a agentes federales y migratorios de ese país puedan trabajar a la par de los mexicanos en la revisión de los pasajeros en vuelos a Estados Unidos, que ha sido un deseo de Washington desde hace años. La diferencia es que lo que buscan no es sólo un proceso donde los trámites de entrada a ese país se hagan en México, como sucede en Canadá, sino que, con la inclusión de otros agentes federales, el objetivo central no sea agilizar trámites migratorios, sino establecer un primer control de seguridad en aeropuertos mexicanos.

El aire no es lo único que les preocupa a los estadounidenses, y por eso lograron, a través de las presiones del procurador general, William Barr, que el presidente Andrés Manuel López Obrador rectificara la decisión de relegar a la Marina del combate al narcotráfico, derivada de “la cercanía”, describían sus colaboradores, con los servicios de inteligencia de ese país. La Marina fue incorporada al combate al narcotráfico por el presidente Felipe Calderón, en 2009, y en la actual administración fue marginada hasta que Barr obligó al cambio de órdenes. Ahora, la Marina se encarga junto con la DEA de una parte de los cárteles mexicanos.

La Marina ya está operando en México contra el crimen organizado, pero los estadounidenses quieren aumentar su participación. Ahora quieren que la Marina Mercante, que se encarga de la navegación comercial y turística, pase a ser controlada por la Marina, y deje de serlo por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, como actualmente sucede. Sus razones son claras. Sus servicios de inteligencia detectaron grandes volúmenes de trasiego de fentanilo por los puertos mexicanos y desde mayo pasado aumentaron sus preocupaciones porque el gobierno de China, donde se fabrica la mayor parte de los precursores para el fentanilo, prohibieron su producción, y creen que los laboratorios de esa droga letal chinos se trasladen a México.

Jiménez Espriú no está de acuerdo con ello, pero la argumentación es que la Marina Mercante no hizo su trabajo. No es lo único dentro de ese sector. Estados Unidos también quiere supervisar Correos y que se homologuen los procesos y la documentación para las cargas y llegadas de todo tipo de producto a México. El correo mexicano ha sido de interés creciente para los estadounidenses por el desorden en el que se encuentra el Servicio de Correos, argumentan, donde han descuidado los procedimientos, entran drogas y, eventualmente, insumos para terroristas. Es decir, la misma historia desde que arrancó el gobierno de López Obrador. Ahora es la SCT, como un ejemplo más de la laxa política contra el crimen, detonador de la fuerte reacción y presión de Estados Unidos.