Por Braulio
Carbajal.
En 2010
el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna,
hoy acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, fue el encargado de dar
un giro radical al sistema carcelario: abrirlo a la iniciativa privada, dando
como resultado un negocio de más de 200 mil millones de pesos en manos de sólo
seis magnates mexicanos. Es un proceso de cambio de largo alcance, afirmó el ex
funcionario en 2012, cuando inauguró el primero de ocho penales privados.
Hace casi
una década se detectó que, producto de la llamada guerra contra el
narcotráfico, se elevó de manera drástica el número de presos y el espacio para
albergarlos era insuficiente. Ante la falta de recursos públicos, la solución
fue encargar a seis empresarios que invirtieran en la construcción de ocho
penales, cada uno con un costo de 4 mil millones de pesos; es decir, un
desembolso de 32 mil millones. Una suma menor a cambio de alta rentabilidad.
La
adjudicación, directa, en el sexenio de Felipe Calderón, se hizo bajo la
figura de contrato de prestación de servicios. A cambio, las empresas tendrían
el derecho de administrar los penales (sin incluir la seguridad) durante 22
años, es decir, hasta 2032.
Entre los
servicios que ofrecen, por los que cobran al gobierno casi 10 mil millones de
pesos anuales, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), están los de
alimentación, servicio médico, mantenimiento, esparcimiento y lavandería.
Los
empresarios involucrados inicialmente fueron Olegario Vázquez Raña, por medio
de su compañía Prodemex; Federico Martínez, con Tradeco; Hipólito Gerard
Rivero, con GIA; Bernardo Quintana, en ese entonces con ICA; Eustaquio de
Nicolás, con Homex, y Adrián García Pons, con Arendal. Posteriormente, en 2013,
la quiebra de Homex orilló a vender su concesión a Ideal, de Carlos Slim.
Como parte
del acuerdo, la Secretaría de Hacienda instruyó que a partir de diciembre de
2012 y hasta el mismo mes de 2032 se pagara a dichas firmas 9 mil 937 millones
de pesos, dando como resultado un costo total de 198 mil 740 millones; no
obstante, según la ASF, la suma se elevó en 41 mil millones, debido a
sobrecostos en la construcción de algunos reclusorios.
Cabe
subrayar que no es posible acceder a los contratos de las adjudicaciones
directas a las empresas involucradas, debido a que, al tratarse de seguridad
nacional, éstos fueron clasificados como confidenciales para los próximos 12
años.
Cifras de la
ASF y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación
Social (Oadprs) indican que entre 2012 y 2018 este último ha pagado a las
compañías mencionadas casi 55 mil millones de pesos por la operación ocho
Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
Sólo en
2018, de los 2 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto del Oadprs
para cárceles federales, 80 por ciento se fue al pago de los ocho Ceferesos
privados.
Según el
estudio Privatización del sistema penitenciario en México, encabezado por la
Universidad Iberoamericana Puebla, el objetivo de incluir capital privado en
los centros de reclusión era quitar presión a las finanzas públicas y mejorar
las condiciones de los reos; sin embargo, dicha medida parece estar más
enfocada a satisfacer las necesidades de las compañías.
Dicho texto indica
que las empresas cobran una cuota de mantenimiento al gobierno por cada lugar
disponible en el centro; es decir, debe pagar por la capacidad completa
y no por el número de reos. Esto significa que el Estado tiene interés en
llenar esos centros porque, de todas formas, debe asegurar el pago completo.
Las
prisiones que construyeron esas compañías tienen capacidad para 2 mil 520 reos,
lo cual las convierte en las más grandes del sistema penitenciario, pero la mayoría
no alcanza ni la mitad de su capacidad total.
Gustavo
Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, recordó que la
justificación del gobierno era que el sector privado tiene más recursos para
brindar mejores condiciones de alojamiento a los reclusos y contribuir a la
reinserción de estas personas con menores costos económicos y sociales.
Los
penales federales en manos de empresarios están repartidos de la siguiente
forma: ICA tiene los Ceferesos 11 (Sonora) y 12 (Guanajuato); GIA, el 13, en
Oaxaca; Prodemex, el 14, en Durango, y el 17, en Michoacán; Arendal e Ideal, el
15, en Chiapas; Ideal, el 16, en Morelos, y Tradeco, el 18, en Coahuila.
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