El magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Manuel
Horacio Cavazos López enfrenta una denuncia penal por el presunto delito de
violencia sexual contra sus hijas de cinco y siete años.
Cavazos rechazó la
acusación y dijo que se hizo para “manchar” su carrera, y que peritos de la
Fiscalía General de Justicia (FGJ) determinaron que no tiene “rasgos
característicos de un agresor sexual”.
Tanto el presidente
del TDJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, como la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, han evitado pronunciarse sobre el caso. Sólo han dicho que es un
asunto que está en el terreno de la Fiscalía general de Justicia (FGJ), que
dirige Ernestina Godoy.
Cavazos López fue
nombrado magistrado en 2014, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, hoy
senador de la República.
De acuerdo con una
nota publicada en el portal de noticias Animal Político, la acusación fue
interpuesta el pasado 23 de septiembre. Y aunque en la carpeta de investigación
hay pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas, declaraciones de las
niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados, además de audios
en los que narran a su mamá las presuntas agresiones, “el caso no ha sido
judicializado en cuatro meses”.
Cavazos López es
magistrado de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales y
“está a punto de ser ratificado como impartidor de justicia de forma
vitalicia”. Dicha ratificación podría ocurrir junto con siete magistrados más,
entre ellos quien liberó al exmarido y sospechoso del feminicidio de Abril
Pérez Sagón, en noviembre pasado.
De acuerdo con Animal
Político, la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019
fue abierta ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la
entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía)
en septiembre de 2019.
En una audiencia
realizada el pasado viernes 17 se dieron 10 días al Ministerio Público para
determinar si hay elementos suficientes para llevar el caso ante un juez o si
se cierra. Si se judicializa, Cavazos López ameritaría prisión preventiva.
El delito por el que
está acusado se castiga con una pena de entre ocho y 20 años de cárcel, cuando
las víctimas son menores de edad, y aumenta en dos terceras partes si hay
parentesco, además de perder la patria potestad, según el artículo 181 bis y
ter del Código Penal de la Ciudad de México.
La nota, elaborada por
el periodista Ixtaro Arteta, asegura que las víctimas han tenido varias
sesiones psicoterapéuticas en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de
Delitos Sexuales (CTA). El organismo reportó que la hija mayor “muestra
evasión, ansiedad y angustia al hablar sobre una posible agresión sexual”,
mientras que en la menor “se identifica ansiedad, enojo, miedo, tristeza y
confusión, sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual”.
Pese a que el CTA es
un organismo público de la FGJ, sus informes no cuentan como peritajes. Por el
contrario, el peritaje psicológico que sí se realizó el mismo día de la
denuncia a la hija mayor “da por cierto el hecho denunciado, aunque dice que no
fue percibido como una agresión cuando sucedió”.
Pruebas.
Según el texto, en las
conclusiones del informe se señala que no hay cambios en el comportamiento de
la niña ni síntomas físicos, como jaquecas o dolores estomacales. No obstante,
entre las pruebas presentadas en el caso hay un reporte de la escuela que
muestra que, en agosto pasado, al regreso de las vacaciones, fue varias veces a
la enfermería porque tenía dolores de cabeza.
Más: el expediente
contiene un peritaje médico que refiere que el examen ginecológico encontró una
laceración “compatible con manipuleo o rascado producida por el borde libre de
las uñas, por un mecanismo de fricción”.
Luego de la demanda,
la madre de las víctimas pidió al juez 15 de lo familiar –el mismo que llevó
divorcio de la pareja, en abril de 2019– que suspendiera legalmente las
convivencias del padre con las hijas. No obstante, a la fecha no se ha
pronunciado y fue un juez federal quien lo ordenó.
El expediente también
tiene audios de las niñas contando lo que pasaba cuando veían a su padre, pero
ni la MP que investiga el caso ni el juez que decide las convivencias
familiares las han tomado como prueba. Casi tres meses después –el 5 de
diciembre– el magistrado presentó un escrito de 200 páginas en el que
descalifica lo dicho por su hija y acusó que era algo que su madre le pidió que
contara.
El texto agrega que, en
los cuatro meses que lleva sin avances el caso, organizaciones sociales y hasta
políticos han pedido que se actúe para proteger a las niñas. El 10 de diciembre
pasado, 67 diputados federales de todos los partidos firmaron una carta
dirigida a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con copia a la fiscal,
Ernestina Godoy y al presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, para pedir
que el caso se resuelva con estricto apego a derecho.
El 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, más de 50
representantes de organizaciones sociales enviaron una carta al juez 15 de lo
familiar para pedir la suspensión del régimen de convivencia entre padre e hijas
y que el caso se lleve con “la mayor diligencia e imparcialidad”.
Pese a tal situación, el
proceso de ratificación de magistrados entre los que está Cavazos inició. El
pasado miércoles 15, el Consejo de la Judicatura local publicó un aviso para
recibir opiniones sobre los funcionarios a confirmar en el cargo. Según
Animal Político, llegó al menos una carta con opinión negativa para
Cavazos, emitida por la Red nacional de organismos de derechos humanos Todos
los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
En la misiva, la
organización aseguró que el magistrado “no cumple con los elementos necesarios
de honorabilidad para ser un juzgador, y además del caso de denuncia de
violencia sexual, se mencionan señalamientos de violación a derechos laborales,
parcialidad al favorecer a partes en juicios y permitir la impunidad, para lo
cual citó notas periodísticas de 2007, cuando fue el primer juez que tuvo en
sus manos el caso de corrupción de Carlos Ahumada, fue removido y después se
absolvió al empresario”.
Por ley, a los cinco
años de ser nombrados, los magistrados deben ser ratificados en el cargo, que
entonces ocuparán hasta los 70 años. La ratificación debe hacerse ante el
Congreso local y podría ocurrir en los próximos días, mientras se decide
también si Cavazos es vinculado a proceso o no.
Magistrado se defiende.
Un día después de la
publicación del texto en Animal Político y otros medios de comunicación, Manuel
Horacio Cavazos López envió una carta a dicho portal de noticias –que luego se
hizo pública–, en la que rechazó la acusación de violar sexualmente a sus hijas
y señaló a su exesposa de querer “manchar” su carrera política”.
El magistrado negó
“rotundamente” la acusación y dijo: “me duele en lo más profundo por todo lo
que conlleva. He decidido aclarar a fondo el caso, pues justamente la
estabilidad de mis dos pequeñas es lo que más me interesa”. Agregó que su
investidura “en ningún momento” ha obstaculizado la denuncia por presunto abuso
sexual.
Explicó que tras el
divorcio, además de la pensión fijada para sus hijas y su excónyuge, le
asignaron un “tiempo muy reducido” para convivir con las menores, por lo que
apeló la decisión y “por fortuna” ganó. Agregó que la madre de las niñas
intentó impedir las convivencias y por eso lo denunció como agresor sexual.
Reiteró que nunca ha
obstaculizado el proceso y agregó: “yo mismo solicité que se me practicara
experticial en materia de psicología por peritos oficiales de la Fiscalía, y en
ella quedó demostrado que no presento rasgos característicos de un agresor sexual”.
Luego dijo que el caso “reclama una investigación a fondo y transparente que
revele la verdad por encima de la calumnia y la venganza”.
Por último, reconoció
que está en proceso de ratificación y que la acusación en su contra puede
afectarle. “Puede afectarme, pero para ser honestos, una trayectoria de más de
20 años en el órgano judicial puede ser revisada cuidadosamente. Les
corresponde a los diputados del Congreso de la Ciudad de México valorar mi
desempeño durante seis años como magistrado”.
Tras la difusión de la
carta, Animal Político publicó otra nota en la que aclara que la prueba de
que no es un agresor sexual sí está en la carpeta de investigación. Se trata,
dijo, de un documento que enumera las novias que tuvo a lo largo de su vida y
concluye que no hay “indicadores de alteración sexual que manifiesten la
presencia de predisposiciones pedófilas incestuosas, ya que el evaluado se ha
vinculado sexual y afectivamente hacia la mujer adulta, a la que dirige su
impulso sexual”.
De acuerdo con la nota, el
portal de noticias contactó a la madre de las niñas, quien aseguró que “ella le
cree a sus hijas”. La mujer dijo que “el perfil de agresor sexual no existe y
no hay pruebas serias para probar esto, de acuerdo con diversos psicólogos
especialistas, y que en ocasiones anteriores él se había negado a hacerse
evaluaciones psicológicas”.
Por último, manifestó que
ella sólo quiere justicia para sus hijas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.